Benavides reclamó su supuesto respeto por la libertad de prensa, a condición, dijo, que esta “no trastoque los derechos fundamentales creando historias fuera de la realidad”.
¿Qué notas estaban “fuera de la realidad”? Aquellas, como las publicadas en IDL-R, que investigaron, entre otras cosas, las sorprendentes liberaciones a narcos de alta gama que ordenó la Sala Penal que ella integró.
¿Qué cosas estuvieron “fuera de la realidad” y cuáles muy dentro de ella? Benavides, por ejemplo, se presentó a sí misma como una jueza superior intachable y reconocida por su supuesta excelencia.
Hagamos un examen de realidad sobre esa afirmación.
Benavides es investigada por la Fiscalía Suprema Transitoria de Corrupción de Funcionarios desde el año 2018. El motivo es el presunto cobro de sobornos a procesados por narcotráfico que lograron su libertad gracias a resoluciones que dictó el Colegiado E de la Sala Penal Nacional, que Benavides integraba.
Aunque la denuncia inicial partió del expolicía Hilario Rosales, la investigación tomó cuerpo cuando la fiscal Bersabeth Revilla y el equipo de fiscales que dirigió lograron avances considerables, después de varios meses de intenso trabajo.
Con los elementos de convicción obtenidos, el despacho fiscal dirigido por Revilla sustentó, ante el Poder Judicial, un pedido de comparecencia e impedimento de salida del país contra Benavides.
Exjuez supremo Hugo Núñez Julca. (Foto: Poder Judicial)
Ello fue presentado en septiembre del año pasado ante el despacho del entonces juez supremo Hugo Nuñez Julca.
Núñez Julca accedió al pedido de la Fiscalía, pues a su juicio “el daño causado por la conducta que se habría desplegado en los hechos investigados, genera un perjuicio de gran magnitud pues afecta al Poder Judicial, que deriva en una conmoción social de gran envergadura”.
Por ello, impuso las siguientes medidas contra la jueza Enma Benavides:
Esas medidas, tomadas después de un análisis exhaustivo de la investigación y luego de tomar en cuenta todos los argumentos de defensa de Enma Benavides, son nada menos que una grave realidad.
La investigación contra esa forma de “corrupción en el Poder” debió haber continuado con energía. Y eso es lo que trató de hacer el despacho dirigido por la fiscal Revilla.
Pero, en julio de este año, cuando Revilla ya había cursado oficios a la Unidad de Cooperación Internacional de su propia institución para entrevistar a los narcotraficantes liberados por el Colegiado E, fue sumaria y bruscamente removida de su puesto.
¿Quién lo hizo? La nueva fiscal de la Nación, casi inmediatamente después de asumir el cargo. Ella, Patricia Benavides, es hermana menor de Enma Benavides.
Y esa también es otra patente realidad.
El burdo pretexto que utilizó Patricia Benavides fue una supuesta baja productividad de Revilla, que IDL-R probó que era falso.
No se podía argumentar siquiera que la fiscal Revilla hubiera sido motivada por una animosidad hacia Enma Benavides, en tanto un juez supremo había encontrado que su investigación era válida, que la petición de medidas restrictivas era razonable y que la gravedad de los cargos era evidente.
En tal contexto, la acción de Patricia Benavides significó, por lo menos, una obstrucción a la justicia. Pero fue blindada y encubierta sobre todo por la ultraderecha.
Por ejemplo, la congresista fujimorista Martha Moyano, actual vicepresidenta del Congreso, solicitó este 15 de noviembre al ministro del Interior, Willy Huerta, que le informe sobre las visitas del expolicía Rosales al Mininter, pues este “estaría planificando desprestigiar tanto a la Fiscalía de la Nación como al Congreso de la República”.
¿Suena familiar al tipo de argumentos que se utilizaban un día sí y el otro también en los tiempos de Fujimori y Montesinos? Moyano tiene, ya lo demostró, buena memoria de las enseñanzas de esos tiempos.
Aquí no termina el examen de realidad.
En su breve gira mediática, Enma Benavides hizo otras aseveraciones que deben ser examinadas.
La magistrada sostuvo que en su momento ni el Ministerio Público ni la Procuraduría Antidrogas apelaron las resoluciones que otorgaron libertad a los procesados por narcotráfico Roberto Carlos Gómez Herrera (a) ‘Huev0’ y José Manuel López Quispe (a) ‘Papita’ (o ‘Papitas’).
Según Enma Benavides, esto demostraría que ambas instituciones “estuvieron conformes” y que, por lo tanto, el Colegiado E actuó correctamente en ambos casos.
Eso es engañoso.
IDL-R ya narró con detalle la operación judicial que liberó y limpió a ‘Huevo’ de todos sus antecedentes en Perú. Aquí resumimos lo más importante.
Roberto Carlos Gómez Herrera (a) ‘Huevo’. (Foto: Perú21)
Desde su captura el 3 de noviembre de 2012, ‘Huevo’ buscó recuperar su libertad a como dé lugar.
Lo intentó el 23 de noviembre de 2012 apelando la orden de detención dictada por la jueza Janett Lastra y, otra vez, el 3 septiembre de 2013 al solicitar la variación de su prisión preventiva por comparecencia. En ambas ocasiones, sus pedidos fueron rechazados y declarados improcedentes, tanto en primera como en segunda instancia.
Fue recién a fines de 2014 cuando ‘Huevo’ logró el cambio de juez, de Corte y de suerte.
Su entonces abogado, Juan Carlos Ramos Caycho, solicitó otra vez más la libertad para ‘Huevo’. Los argumentos eran similares a los expuestos las veces anteriores. Pero el juez Rafael Martínez falló a su favor.
La resolución fue apelada en términos claros y severos por el entonces fiscal de crimen organizado (hoy juez) Jorge Chávez Tamariz y el caso subió a la instancia superior, es decir, al Colegiado E que integraba la jueza Enma Benavides.
Por su lado, la procuradora antidrogas Sonia Medina también apeló la misma resolución, pero el juez Martínez rechazó la apelación bajo el argumento de que “la parte civil (la Procuraduría) no tiene legitimidad para apelar medidas coercitivas de carácter personal (tales como detención o comparecencia restringida)”.
Procuradora antidrogas Sonia Medina. (Foto: Gestión)
Eso llevó a Medina a plantear una queja contra el juez Martínez. Pero la instancia encargada de evaluar esa queja era el Colegiado E. Este, en lugar de analizar el fondo del asunto, decretó que como la apelación del Ministerio Público había sido consentida, carecía de objeto manifestarse sobre la queja de Medina.
Apenas un par de meses después, en marzo de 2015, Benavides y sus otros dos colegas no solo ratificaron la decisión de Martínez de liberar a ‘Huevo’, sino beneficiaron también al otro colombiano capturado en el caso: Edison Martínez. Los dos salieron libres mucho antes de que se fallara el caso, que continuó en sus manos hasta 2017.
El 11 de marzo de 2016, la Segunda Fiscalía Superior Nacional Especializada Contra la Criminalidad Organizada a cargo del fiscal Edmundo Calderón presentó la “acusación” contra los integrantes de la banda. Calderón encontró evidencia suficiente para llevar a juicio a todos, menos al principal: Roberto Carlos Gómez Herrera (a) ‘Huevo’. Edison Martínez, mientras tanto, ya se había esfumado.
En patente contradicción a lo investigado y probado por los fiscales que vieron antes el caso, el último de los cuales fue Chávez Tamariz, el fiscal Calderón señaló que no se había podido acreditar la “existencia de coordinaciones y/o disposiciones realizadas por Gómez Herrera para el acopio, transporte, recepción y entrega de drogas”. ¿Cómo llegó a esa conclusión? A decir de Calderón, la falta de audios en las cintas de videovigilancia de la Policía no permitían conocer las conversaciones de Gómez con los otros acusados y, por lo tanto, no se podía presumir que este se encontraba involucrado en el envío de la droga.
Para ese fiscal, ‘Huevo’ se encontraba en el Perú haciendo turismo, para lo cual presentó fotos del colombiano con su familia, desde Machu Picchu hasta el Parque de las Aguas.
La “acusación” (exoneración, más bien) de Calderón llegó a manos del Colegiado E de la Sala Penal Nacional, integrado por Benavides.
La Sala, con Benavides como ponente, no solo absolvió a ‘Huevo’ sino lo sacó del proceso.
Pero ahí no terminaron los servicios de limpieza. En junio de 2016, ‘Huevo’ solicitó al Colegiado E que se le anulen los antecedentes policiales y judiciales, que se ordene el levantamiento de las órdenes de captura y/o impedimento de salida del país que pesaban sobre él, y que se le devuelvan los diez mil soles de caución depositados en el Banco de la Nación.
Benavides y sus colegas accedieron a cada uno de los pedidos. A partir de ese momento, ‘Huevo’ quedó totalmente borrado del proceso y su nombre fue purgado de los expedientes. Salvo alguna pequeña omisión, fue como si ‘Huevo’ no hubiera existido en ese caso.
Entonces, cuando tanto la Fiscalía como la Procuraduría Antidrogas apelaron a la Corte Suprema buscando revertir el fallo, ninguno de los jueces supremos pudo saber que un ranqueado narcotraficante colombiano había figurado en el caso. No existía ni rastro de su nombre en el expediente.
Pese a eso, el 28 de diciembre de 2017, la Sala Penal Permanente, con el magistrado Jorge Salas Arenas como ponente, anuló en parte la sentencia dictada por el Colegiado E y dispuso un nuevo juicio para tres de los cuatro procesados.
Es decir, la sentencia dictada por Benavides y sus colegas sí fue impugnada por el Ministerio Público y la Procuraduría. Y la Suprema ordenó un nuevo juicio.
Así, mientras Benavides arguye que la Fiscalía propuso la excarcelación de ‘Huevo’, omite decir que la extraña decisión del fiscal Calderón contradijo todo el trabajo previo de los otros fiscales en el caso y formó parte de la investigación posterior de la fiscal Revilla, presentada al juez supremo Núñez Julca el año pasado.
Fiscal de crimen organizado Edmundo Calderón. (Foto: Ministerio Público)
El fiscal Edmundo Calderón fue el mismo que archivó la investigación por lavado de activos, producto del narcotráfico, contra Róger Poémape Chávez. Esto ocurrió en 2012, pocos años antes de los sucesos aquí narrados.
Poémape Chávez fue denunciado en 2008 junto al exalcalde de Pucallpa, Luis Valdez Villacorta, por montar empresas de fachada por donde habría circulado dinero del narcotráfico. En 2012, la procuradora antidrogas Sonia Medina también lo denunció por ser el presunto autor de amenazas de muerte en su contra.
Pero aquí no se agotan las afirmaciones de Enma Benavides que desaprueban invariablemente el examen de realidad.
Cuando le preguntaron por un informe elaborado por el procurador especializado en delitos de terrorismo, Milko Ruiz, que solicitaba al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial evaluar la permanencia de Benavides y sus colegas del Colegiado E por haber emitido sentencias que luego fueron anuladas por la Corte Suprema, la aludida lo intentó presentar como lo más normal del mundo. Ello se debe, dijo, “al principio de la doble instancia. Se van a la Suprema y si los señores supremos piensan que está mal hecho se hace un nuevo juicio y esa es la forma de administrar justicia si no están conformes”.
Procurador antiterrorismo Milko Ruiz (Foto: El Comercio)
Si esto fuera así, el informe de Ruiz no habría derivado en una investigación contra Benavides y sus dos colegas del Colegiado E de la Sala Penal Nacional en la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), tal como ocurrió.
De acuerdo con información de la propia OCMA, el informe de Ruiz motivó el inicio de una investigación preliminar contra los magistrados Enma Benavides, Pablo Ilave y Ana María Apaza el 3 de octubre de 2018. La investigación recayó en la Unidad de Investigación y Anticorrupción de la OCMA, pero en agosto de 2019 fue archivada. El procurador Ruiz apeló la medida, sin embargo esta fue rechazada por “extemporánea”. Es decir, Ruiz no tuvo oportunidad siquiera de ser escuchado en una instancia superior y el caso quedó zanjado.
La OCMA ha archivado 72 de los 81 expedientes que Benavides ha acumulado a lo largo de su trayectoria, entre quejas, investigaciones y visitas de control. Los 8 restantes se encuentran aún en trámite.
Pese a los archivamientos y otras extrañas maniobras, la investigación contra Enma Benavides, por graves cargos de corrupción, no solo había avanzado considerablemente en el despacho de la fiscal Bersabeth Revilla, sino que ya había sido evaluado por un juez supremo que aceptó imponer, por la fuerza de los hechos presentados, medidas restrictivas contra Enma Benavides.
Esa fue la realidad, hasta que la nueva fiscal de la Nación descabezó la investigación que había puesto en serio aprieto a su hermana.
