En el documento se menciona que los periodistas pagan un alto precio por la persistente inestabilidad política y son reprimidos, atacados y desacreditados por su proximidad a las élites políticas en nuestro país.
En los últimos años, los periodistas hemos sido blancos de varios ataques en el ejercicio de la profesión. Esta corriente comenzó con el expresidente Pedro Castillo cuando estaba en el poder, pues no le gustaba declarar a la prensa que deseaba preguntarle sobre los presuntos actos de corrupción que aparecían en su gestión.
La situación se agravó más cuando Castillo fue destituido tras su fallido autogolpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. En el marco de las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte, diversas instituciones como el Consejo de la Prensa Peruana (CPP), el Instituto de Prensa y Sociedad y la Asociación Nacional de Periodistas informaron sendas agresiones contra reporteros que cubrían las incidencias en Lima y otras regiones del país.
Según el CPP, más de 170 periodistas fueron agredidos, hostigados, amenazados, golpeados y detenidos arbitrariamente entre diciembre del 2022 hasta febrero pasado. A este complejo panorama también se ha sumado un informe de la organización internacional Reporteros Sin Fronteras que evidencia que el Perú ha retrocedido 33 puestos en el ejercicio de la libertad de expresión.
“En América Latina, Perú (110º), donde los periodistas pagan un alto precio por la persistente inestabilidad política y son reprimidos, atacados y desacreditados por su proximidad a las élites políticas, cede 33 puestos”, refiere la ONG respecto a nuestro país sobre la razón de su retroceso.
Cuadro de Reporteros Sin Fronteras muestra la situación del Perú en cuanto al ejercicio de la libertad de expresión.Si nos limitamos a América Latina, el Perú está por encima de países como El Salvador, Bolivia, Guatemala, México, Colombia y Cuba.
Iniciativas
Desde el Congreso y el Gobierno se han impulsado sendas iniciativas contra la libertad de expresión en las últimas semanas.
Así, en la representación nacional se promovieron tres propuestas: colegiatura profesional, cuotas de contenidos y aumento de las penas por delitos de difamación.
La primera consiste en que en que todo periodista debe unirse de manera obligatoria al Colegio de Periodistas del Perú para elevar el “nivel de formación deontológica” y “permitir el autocontrol de la ética en el desarrollo de sus labores”. Si no lo hace, entonces tendría dificultades para ejercer la profesión.
Asociaciones de periodistas del Perú se mostraron en contra de la disposición del Gobierno para que la PNP supervise el trabajo periodístico en protestas. (La Lupa)La segunda trata de que los canales de televisión de señal abierta emitan el equivalente a un 30 % de música folclórica o asuntos de cultura al día en sus contenidos.
La tercera resulta ser el aumento de las penas en los presuntos delitos de difamación y calumnia por la utilización indebida de medios de comunicación social, redes sociales y sitios web.
Las sentencias por calumnia representaban prisión por no mayor a dos años y 30 a 120 días-multa. En tanto, por difamación resulta ser no mayor a dos años y con 30 a 120 días-multa. Con el nuevo proyecto, ambos delitos serán sentenciados por un periodo de tres años y con 90 a 120 días-multa.
Esta propuesta ya se encuentra en la agenda del Pleno del Congreso.
Periodistas en el Perú.Por su parte, en el Gobierno de Dina Boluarte promovieron un protocolo de actuación para periodistas durante la cobertura de manifestaciones. Entre las pautas está la prohibición de entrevistar a los manifestantes, no grabar escenas de conflicto y la advertencia de que los periodistas serán ayudados solamente cuando muestran un carnet que indique que está colegiado para ejercer su labor.
Cuestionamientos
Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), cuestionó en entrevista con Infobae estas propuestas que atentan contra la libertad de expresión.
“Si no quieren responsabilizar de manera directa a las fuerzas del orden, entonces al menos deberían rechazar y anunciar que van a investigar. Ni siquiera de manera declarativa. Pareciera que en su universo no existiera la posibilidad que un miembro o efectivo policial pudiera agredir a un colega. El Gobierno cree que la libertad de prensa es superar esas falencias que tenía el anterior que no hablaba con la prensa. Se cree que sólo dando declaraciones, ya se están respetando la libertad de prensa. La libertad de prensa es cuando un periodista tiene un entorno seguro para realizar su labor”, señaló a este medio en marzo pasado.
