Entrevista con el jurista chileno Jaime Arellano, secretario ejecutivo de alto nivel de la Misión Internacional de Observación de las elecciones para la JNJ.
Jaime Arellano, jurista chileno y secretario ejecutivo de alto nivel de la Misión Internacional de Observación del concurso para la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en el Perú, comenta en las siguientes líneas las deficiencias que presenta este proceso. La falta de transparencia es una de las principales carencias. El también magíster en gerencia y políticas públicas por la Universidad Americana de Washington advierte que en la región hay un peligroso intento de control de los sistemas de justicia y los sistemas electorales por parte de los poderes políticos, y el Perú no es la excepción. “El futuro de Perú puede ser Venezuela”, subraya, al tiempo de instar a la ciudadanía a mantenerse vigilantes.
Para esta segunda visita oficial, la Misión Internacional de Observación solicitó una reunión con la Comisión Especial a cargo de la elección de la JNJ. ¿Se concretó esta reunión?
Lamentablemente no tuvimos respuesta en un plazo razonable. Enviamos una petición a través de la plataforma electrónica de la Defensoría del Pueblo el 01 de agosto. No tuvimos respuesta. Luego reenviamos la solicitud mediante un correo electrónico. También enviamos un mensaje por WhatsApp al móvil del defensor y no tuvimos respuesta. Solo nos reunimos con el secretario técnico de la comisión y representantes de los titulares de las otras instituciones. Nosotros queríamos trasmitir las observaciones que teníamos hasta el momento.
¿Cuáles son las principales observaciones que la misión internacional ha encontrado hasta el momento?
Nosotros señalamos la necesidad de que hubiera transparencia y publicidad. También que se regulara de manera adecuada las pruebas de confianza y la entrevista personal. También que publique las carpetas completas de todos los postulantes, para facilitar el cumplimiento de uno de los estándares internacionales que es la participación ciudadana efectiva.
Ustedes ya habían formulado sugerencias en mayo. ¿Estas recomendaciones fueron tomadas en cuenta por la comisión?
En nuestra opinión, no. La secretaría técnica nos señaló que ellos están ajustándose a los estándares internacionales, pero mi respuesta fue que uno puede decir lo que quiera pero eso no quiere decir que sea así. Ellos incluso recibieron un documento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que ofreció cooperación técnica al defensor, pero no recibieron respuesta. Nosotros ahora observamos que hay un retroceso en el reglamento, en relación al concurso anterior del 2019.
¿Qué aspecto clave, por ejemplo, tenía el concurso público del 2019 y ahora no fue contemplado?
El reglamento anterior establecía protocolos para la entrevista personal y ahora esa referencia ha desaparecido. Eso no impide que se haga ahora el protocolo.
¿Por qué es importante que la Comisión Especial publique las carpetas íntegras de los postulantes?
De acuerdo a los estándares internacionales debiera establecerse una publicidad de las carpetas de las personas que postulan. Asimismo, la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, en el artículo 86, establece que todas las etapas del concurso son públicas. La publicación de las carpetas permite a la ciudadanía y a los medios de comunicación hacer auditoría ciudadana. Eso ayudaría a la comisión especial, les evita errores. Van a tener más ojos supervisando y cruzando información.
Ustedes han planteado que las sesiones de la comisión también deben ser públicas.
Las sesiones de la comisión especial deben ser públicas para que las personas puedan saber qué se discute, qué se acuerda y en base a qué argumentos se toman las decisiones. La propia ley dice que todos los votos de los integrantes de la Comisión Especial deben ser públicos y deben ser fundados o motivados. Actualmente son pocas las resoluciones publicadas de la comisión y son muy escuetas, sin el detalle de los debates o la fundamentación. Es decir, están infringiendo una norma fundamental, que es la ley orgánica de la JNJ.
Ustedes han realizado observación en otros procesos de elección de altos magistrados. ¿Qué experiencia exitosa puede reseñar de una elección con el acompañamiento de una misión internacional?
Yo he estado en Honduras supervisando la elección de los quince miembros de la Corte Nacional de Justicia, que es el equivalente a la Corte Suprema del Perú. Allá la comisión nominadora, que cumplió las funciones de la comisión especial en el Perú, sesionó en vivo durante todas sus sesiones. Honduras avanzó muchísimo porque incluso en la propia normativa interna estableció que debería haber observación internacional.
En Perú tenemos actores políticos que se oponen a la observación internacional con la narrativa de la soberanía nacional.
Nosotros somos absolutamente respetuosos de la soberanía peruana. Nuestra función solo es coadyuvar y aportar antecedentes internacionales y otras prácticas comparadas positivas. Varias de las cosas que nosotros sugerimos pueden ayudar a evitar dolores de cabeza. Te pongo un ejemplo: en el tema de las pruebas de confianza nosotros sostenemos que es una buena práctica la máxima transparencia.
¿Qué otros aspectos se deben cuidar en la etapa de la prueba de confianza?
En Perú esto se le encarga a la Contraloría General de la República. Debieran al menos tener un protocolo. En Ecuador se está eligiendo a 7 de 15 miembros de la Corte Nacional de Justicia y yo estoy supervisando con una misión internacional de observación. Allá el Consejo de la Judicatura contrató con una empresa para que hiciera los exámenes de confianza y una investigación periodística descubrió que el domicilio que declaraba esta empresa no existía y el estatuto de la propia empresa establece unos objetivos insólitos y distintos a los fines para los cuales ha sido contratada. Este proceso finalmente fue anulado. Ahora hay una nueva dirección. Nosotros habíamos sugerido que tuvieran un buen protocolo.
En el caso peruano no hay voluntad para atender las sugerencias y el defensor del pueblo, que preside la comisión especial, tampoco ha aceptado sostener al menos una reunión directa con la misión internacional.
Nosotros tuvimos antes una reunión con él (Josué Gutiérrez), en enero, y allí la declaración fue que pretendía realizar un proceso lo más transparente posible. Dijo que pretendía realizar un proceso que sea casi un ejemplo de transparencia y publicidad. Ahora en los hechos comprobamos que no lo está haciendo. Ahora tuvimos una reunión con el Fiscal de la Nación (Carlos Villena) y él no estaba enterado de que habíamos pedido la audiencia con el pleno de la comisión especial nos dijo que iba a indagar, porque estaba muy sorprendido.
¿En el actual proceso sabe si las carpetas van a incluir toda la documentación que sustenta la información consignada?
Aparentemente no se va a pedir a los candidatos las tesis. Eso se debería aportar, sobre todo por la experiencia que hay en el país sobre el tema de las tesis. También se debería pedir a los candidatos declaraciones sobre los patrocinios que han hecho. O si tienen denuncias penales o investigaciones criminales.
Amenazas contra la democracia
Son varias las experiencias de misiones internacionales de observación en elecciones de altos magistrados, como Honduras, Ecuador y Perú, y entiendo que están evaluando acompañar el proceso en México. ¿Hay un asedio contra el sistema de justicia en la región?
Absolutamente. En la década del 70, para tomar el control político de un país lo que había era los golpes militares. Hoy en día los golpes son a través del control de los otros poderes del Estado, como el Congreso o el Ejecutivo, sobre el Poder Judicial. Uno de los graves peligros para los sistemas democráticos en América Latina hoy en día es el control de los sistemas de justicia por parte del sistema político. Los estados democráticos deben asegurar la independencia del Poder Judicial y eso se asegura con procesos transparentes y con criterios meritocráticos en los procesos de elección de las autoridades en los sistemas de justicia. Eso se garantiza con el cumplimiento de los estándares internacionales.
Desde la academia y la misma realidad ahora se advierte más el ataque contra los sistemas democráticos desde los mismos actores que ingresan al sistema mediante mecanismos democráticos.
Para que no hablemos de teoría, miremos el mundo real: lo que acaba de ocurrir en las elecciones presidenciales en Venezuela es producto de un sistema de justicia que fue cooptado por el poder político, en este caso por el gobierno de (Nicolás) Maduro, que controla al Tribunal Constitucional, al Poder Judicial y a la Fiscalía. Ha fraguado un fraude y logró que el Tribunal Electoral declare su victoria, cuando todo el mundo sabe que no ganó. Lo mismo ocurre en Nicaragua con Ortega y en El Salvador con Bukele. El futuro de Perú puede ser Venezuela. El autoritarismo o las organizaciones criminales que se toman el poder político también suelen buscar controlar el Poder Judicial.
¿Y estamos ante una tendencia de incremento en estos procesos de amenaza contra los sistemas de justicia?
Sin duda y ese es el motivo por el que desarrollamos este programa con la Fundación Para el Debido Proceso (DPLF), de trabajar en la independencia de los sistemas de justicia. Y trabajar en la independencia significa preocuparnos de las elecciones de las altas autoridades de los sistemas de justicia, como es, en este caso, la Junta Nacional de Justicia en el Perú.
En el caso peruano, ¿por qué la ciudadanía debería preocuparse más por este proceso de elección de la JNJ?
En esta elección de la Junta Nacional de Justicia se juega el futuro de la democracia del Perú. ¿Por qué? Porque de este proceso depende la independencia judicial y también la independencia del sistema electoral. Por tanto, está en juego las garantías de los ciudadanos y también se juega la libertad de desarrollar actividad empresarial o actividad profesional de manera libre y no, eventualmente, sometido a arbitrariedades o a controles políticos o mafiosos.
Fuente: La República
