Papelón del Parlamento. El presidente del Poder Judicial y otros tres magistrados supremos refutaron la versión de haber sido coaccionados por los miembros de la Junta Nacional de Justicia para pronunciarse a favor de la exfiscal Zoraida Ávalos. Con ello, la investigación sumaria contra la JNJ se desmorona. Un fracaso del fujicerronismo y sus aliados.
La Comisión de Justicia del Congreso hizo ayer un papelón en su intento por demostrar que el presidente del Poder Judicial (PJ), Javier Arévalo, había sido presionado por los magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para que la Corte Suprema se pronuncie en contra de la inhabilitación de la exfiscal suprema Zoraida Ávalos.
Por la tarde, el titular del PJ se acercó a esta comisión y desmintió las afirmaciones y especulaciones propaladas en el Legislativo, con la venia del fujicerronismo y sus aliados.
Como se sabe, esa acusación se había sustentado en informes periodísticos de Willax TV y del diario Expreso. El juez Arévalo sostuvo que se trata de una noticia equivocada y explicó con una línea de tiempo cómo ocurrieron los hechos para desmentir al Parlamento.
Primero, reconoció que hubo un pedido de ocho magistrados para convocar a la Sala Plena de la Corte Suprema a analizar cómo la inhabilitación de Ávalos puede afectar la independencia de jueces y fiscales.
Rechazó versión. Jueza Elvia Barrios. Foto: difusión
Esa solicitud, recordó, fue enviada el 22 de junio y reiterada al día siguiente. “Luego de eso ocurrió la Sala Plena del 28 de junio, donde no se tomó una decisión”, narró.
Segundo, agregó, hubo una convocatoria para el 3 de julio y en esa Sala Plena se acordó no hacer un pronunciamiento. Hubo un empate y el presidente del Poder Judicial contó que tuvo el voto dirimente y se pronunció en contra. Con ello, el acuerdo de la Corte Suprema fue no emitir ningún comunicado porque podría constituir un adelanto de opinión en caso de que Ávalos recurra al fuero judicial.
Acto seguido, Arévalo rechazó haber sido presionado en ese periodo por algún integrante de la JNJ. “Eso es un chisme. A mí nadie me presiona”, dijo. “Se ha abierto investigación en base a un dato chismoso”, zanjó.
Además, llamó la atención a los miembros de la Comisión de Justicia. “Ni el Congreso ni la JNJ ni la Fiscalía pueden abrir investigaciones por chismes. Aquí se abre una investigación a cualquiera por el dicho de lo que alguien dijo en un periódico”, lamentó.
Pasadas las 4 de la tarde, Arévalo se retiró y la presidenta de la Comisión de Justicia, Janet Rivas, de Perú Libre, suspendió la sesión.
Negó presión. Jueza Janet Tello. Foto: difusión
Otros jueces también los desmienten
Horas antes, los magistrados supremos César San Martín, Elvia Barrios y Janet Tello habían declarado en el mismo sentido.
“El pedido de Sala Plena fue regular y, sobre todo, sin injerencias externas al Poder Judicial. Ya expuse: nadie me presionó. Tampoco lo permitiría”, manifestó San Martín en la comisión.
“No tengo conocimiento de que haya sido pasible de alguna presión. Cuando me encontraba con él (Javier Arévalo) en Trujillo, le pregunté si eso era cierto y me refirió que no”, respondió igual Barrios.
“Tampoco tengo conocimiento de que algún integrante de la Corte Suprema haya sido objeto de presión alguna. En tercer lugar, a mí nadie me ha presionado”, dijo Tello.
La siguiente en responder por ese tema fue la periodista de Expreso María Teresa.
Su argumento para haber publicado esa información fue que su fuente es demasiado confiable. El congresista de Renovación Popular Alejandro Muñante le preguntó si tiene algún documento de prueba. Teresa respondió que no.
Los desmintió. Juez César San Martín. Foto: difusión
Desde el inicio de la sesión, los legisladores no encontraron manera de demostrar que los jueces de la Corte Suprema fueron presionados por la JNJ. Su salida fue cuestionar a los magistrados por haber evaluado pronunciarse sobre las repercusiones del caso Ávalos.
Muñante abordó ese punto, pero la magistrada Barrios le precisó que lo evaluado por la Corte Suprema fue “el impacto que podría tener la decisión del Congreso en el sistema judicial” la inhabilitación a una fiscal suprema, como lo fue Ávalos.
El parlamentario no dio tregua y tuvo la misma actitud con la magistrada Tello. La jueza no se quedó atrás y le respondió: “No entiendo su posición, que le preocupe que nos pronunciemos sobre determinadas situaciones. ¿Hay una limitación? Tenemos que ser muy cautos con lo que decimos”.
La fujimorista Patricia Juárez se sumó y criticó que el Pleno de la Corte Suprema haya abordado el caso Ávalos por pedido de ocho magistrados. “Siempre hemos hecho autoconvocatorias, hemos solicitado al presidente del PJ, no tiene nada de extraño”, le respondió Tello.
En vista de que el presidente del PJ, Javier Arévalo, y los jueces supremos habían desmentido el trascendido de haber sido conminados por la JNJ por el caso de Ávalos, los congresistas los interrogaron sobre cuestiones ajenas al asunto de fondo por el que fueron citados a la Comisión de Justicia.
Incólumes. La Comisión de Justicia no ha podido demostrar ninguna de las imputaciones de la investigación sumaria contra la Junta Nacional de Justicia. Foto: difusión
Golpe fallido
La acusación sobre la supuesta presión de la JNJ al presidente del PJ terminó en fracaso.
Dicho fake new había sido usado por la congresista de Avanza País Patricia Chirinos, en la moción con la que pidió una investigación sumaria y la remoción de los miembros de la JNJ.
Chirinos, además, denunció que los miembros de la junta cometieron faltas graves por haberse pronunciado sobre el caso Ávalos, no haber asistido al Pleno a dar cuenta de su informe anual de gestión, mantener en el cargo a la consejera Inés Tello con más de 75 años y presuntamente filtrar información a IDL-Reporteros sobre el proceso disciplinario de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Sin embargo, hasta ahora, la Comisión de Justicia no ha podido demostrar ninguna de esas imputaciones.
El otro camino que le queda al Congreso para dar el zarpazo es el antejuicio y juicio político. En la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales hay cuatro denuncias constitucionales —tres de Chirinos y una de su colega Jorge Montoya, de Renovación Popular— contra los miembros de la JNJ.
Ayer, la Comisión Permanente admitió a trámite la denuncia de Montoya contra la JNJ. Esta se basa en que esta institución cometió infracciones al permitir que la consejera Tello continúe en el cargo, a pesar de superar los 75 años de edad.
El problema para la Subcomisión, según fuentes parlamentarias, es que los argumentos y acusaciones puntualizadas en estas cuatro denuncias constitucionales fueron utilizadas por la congresista Chirinos en su moción para exigir que se remueva a los consejeros de la JNJ.
Fracaso. Se cae la investigación promovida por Chirinos. Foto: difusión
Y todas ellas ya fueron desmentidas y refutadas por los miembros de la junta y los jueces de la Corte Suprema.
A la comisión de la congresista Rivas aún le quedan 14 días para continuar la investigación sumaria. Pero la improvisación de este proceso ha ocasionado que, por ahora, el intento por remover a la junta sea un fracaso.
No estuvieron en la sesión de la Comisión
Siendo ayer una sesión crucial en la investigación sumaria, la congresista de Avanza País Patricia Chirinos prefirió irse a Arequipa a participar de una sesión descentralizada.
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, también había sido invitada a la Comisión de Justicia, pero se excusó en no asistir porque a la misma hora tenía que participar de la sesión de la Comisión de Presupuesto. Aún no se ha reprogramado su citación por la investigación sumaria.
