JNJ podría investigar a Patricia Benavides: Anulan medida cautelar presentada por la fiscal de la Nación

La Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia dejó sin efecto la resolución que suspendió las investigaciones preliminares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Como se recuerda, el pasado 29 de agosto, el Sexto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia, a cargo de la magistrada Jacqueline Tarrillo Meneses, concedió la medida cautelar a favor de la titular del Ministerio Público, de ‘manera provisional’, hasta resolver si Inés Tello y Aldo Vásquez, miembros de la JNJ, son separados por falta de idoneidad para el cargo

El documento al que accedió Infobae Perú precisa que la instancia no toma posición sobre la solicitud cautelar formulada por Benavides, sino que invoca al juzgado de origen que expida un nuevo pronunciamiento, “teniendo en cuenta las pautas señaladas en la presente resolución”.

“El Colegiado debe hacer notar que la declaración de nulidad de la resolución recurrida, de ninguna manera significa que esta sea emitida en uno y otro sentido, únicamente se le exige que cumpla con la debida motivación, congruencia procesal, las normas aplicables al caso concreto, el plazo razonable y bajo la garantía de la independencia y autonomía en el ejercicio de la función jurisdiccional”, precisa la sala.

Resolución que deja sin efecto el anterior pronunciamiento a favor de la medida cautelar presentada por Benavides. | Corte Superior de Justicia

En atención a la apelación interpuesta por el procurador público de la Junta Nacional de Justicia, la sala coincidió en que “no es posible advertir de manera clara” las razones que le permitieron al juzgado de origen “arribar a dicha conclusión”, ya que no se efectuó el análisis de los argumentos que ha expuesto la accionante en su solicitud cautelar ni se precisó de qué forma “los hechos mencionados habrían producido la transgresión de los derechos que se alegan como presuntamente afectados”.

“La concesión de una medida cautelar como la pretendida, exige la concurrencia simultánea de verosimilitud en el derecho invocado, que exista certeza razonable de que la demora en su expedición pueda constituir un daño irreparable y que el pedido sea adecuado o razonable, todo lo cual debe ser evaluado a la luz del principio de reversibilidad. Ello implica la realización de un sumario análisis de parte del juez a fin de determinar cuan intensa es la probabilidad de que la pretensión del demandante será estimada, lo que no significa establecer la certeza de la existencia del derecho, que es propiamente el objeto del proceso principal, sino de formular un juicio de probabilidad de su existencia sobre la base de una cognición sumaria y superficial”, menciona el décimo quinto argumento.

Como se recuerda, en su pedido original, la titular del Ministerio Público solicitaba dejar sin efecto las actuaciones de Tello y Vásquez; así como que el Poder Judicial le exhorte a ambos que se abstengan de su proceso “por razones de imparcialidad y decoro”, que no participen de ninguna denuncia disciplinaria, investigación preliminar o proceso administrativo disciplinario en su contra.

“Muchos de los ilegales intercambios de favores de los que el país ha sido espectador a partir de la develación en 2018 de graves inconductas de algunos magistrados, no habrían sido investigados y sancionados por la JNJ bajo una interpretación como la que se pretende en la demanda, al estar referidos, precisamente, a designaciones de magistrados provisionales y movimientos de personal, que afectaron gravemente el interés público y la dignidad de la magistratura”, sostuvo la JNJ al respecto.

Imelda Tumialán, presidenta de la Junta Nacional de Justicia, advirtió que el caso de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, podría ser tomado por otros personas que investigan para obtener impunidad.

Audiencia programada para octubre

Vía telefónica, Aníbal Quiroga, defensa legal de la Fiscal de la Nación, informó que existe una audiencia pendiente programada para este mes y que, posterior a ello, se deberá emitir, en un plazo máximo de 30 días, la resolución final sobre la permanencia de Patricia Benavides en el cargo.

“Mi temor más bien, como se había filtrado por los medios de comunicación, es que se dispusiera de manera arbitraria una suspensión o eventualmente un cese. La pregunta es: ¿cómo quedarían los procesos que ella ha acusado el año pasado mediante en virtud del cual mucha gente están siendo procesada legítimamente y algunos de ellos portan detención preliminar?”, indicó en diálogo con RPP Noticias.