Jo-Marie Burt: “Hay indicios de que existe cierta simpatía entre la fiscal de la Nación y el poder actual”

¿Podrían enfrentar responsabilidades de corte penal la presidenta Dina Boluarte, ministros y efectivos de las fuerzas del orden involucrados en las matanzas perpetradas durante las protestas contra el Gobierno? La politóloga y docente de la Universidad George Mason (Estados Unidos) Jo-Marie Burt responde en esta entrevista.

— ¿Considera que la presidenta Dina Boluarte enfrentará responsabilidades de corte penal por las muertes ocurridas en las protestas contra su Gobierno?

Hay todo un sistema internacional de derechos humanos y conceptos y tratados que hacen difícil huir de la justicia. No es imposible, pero es complicado. Hay mecanismos para que quienes son supuestos responsables de violaciones a los derechos humanos, sean enviados de nuevo a sus países de origen o incluso enjuiciados en las cortes de otros países o en la Corte Penal Internacional (CPI). De hecho, hay en Venezuela una oficina de la CPI investigando las violaciones de derechos humanos ahí. En ese sentido, no es descabellado pensar que, en algún momento, Boluarte, algunos ministros, militares y policías involucrados podrían enfrentar casos penales por las masacres y asesinatos.

— ¿Podrían enfrentar a la justicia internacional?

Es difícil que un caso entre a la CPI. Sin embargo, nada es imposible. Recuerde que nadie pensaba que Alberto Fujimori enfrentaría la justicia. Todo el mundo daba por sentado que nunca respondería por sus crímenes, excepto un grupo de familiares de víctimas y algunos defensores de los derechos humanos, como Francisco Soberón. Entiendo que algunas de las víctimas del 14 de noviembre de 2020 y otras de ahora van a la Comisión Interamericana a buscar a que en ese foro regional, muy importante, se ventilen sus casos. Los casos de Cantuta y Barrios Altos también pasaron por ahí.

— ¿Confía en la justicia peruana para la investigación a Boluarte y otros?

Estoy segura de que en el Perú existen fiscales y jueces independientes. De que el sistema de justicia en este momento esté actuando de manera independiente, sobre todo la Fiscalía, sí tengo dudas. Eso ha sido ventilado en la prensa peruana. Con la apariencia de una alianza entre la fiscal de la Nación y el sistema de poder, lo veo difícil. Cuando se lanzó la investigación por genocidio, el Gobierno, todo el tiempo, decía “¿ven?, sí se investiga…”.

— Sin embargo, expertos han advertido que usar esa figura más parece un esfuerzo por blindar a los responsables.

Yo he investigado la figura de genocidio en Guatemala, en el caso del exdictador Efraín Ríos Montt. Tengo cierta experiencia en el tema y sé que no es algo sencillo llegar a investigar y enjuiciar un caso de esa naturaleza. Incluso en Guatemala hubo toda una discusión sobre si se debió juzgar a Ríos Montt por genocidio o por crímenes de lesa humanidad. Es muy complejo investigar por genocidio, porque tienes que demostrar que existe la intencionalidad de eliminar…

— A todo un grupo humano.

A un grupo social, étnico, religioso. Por eso, a mí me genera suspicacias de por qué se utiliza ese concepto. Como usted dice, tal vez sea una manera de limpiar, de decir “hemos investigado, pero no encontramos”.

— ¿Diría que existe una especie de acuerdo tácito entre la Fiscalía y la presidenta Boluarte?

Hay indicios, que salen en el registro público, de que existe cierta simpatía entre la fiscal de la Nación y el poder actual. Por cierto, yo soy académica y eso de que la tesis doctoral (de la fiscal de la Nación) no se puede publicar o conocer es algo absurdo. Las tesis tienen que ser publicadas en los repositorios. Sí, hay muchas preguntas sobre la fiscal que hacen dudar de su idoneidad que te hacen preguntar cómo llegó ahí y qué rol está jugando. Lo otro que preocupa mucho son todos los cambios en las fiscalías…

— ¿De derechos humanos?

Sí. Si bien el subsistema especializado en derechos humanos tuvo algunas dificultades para realizar su labor porque había miles de denuncias y había cada vez menos recursos, se logró investigar y llevar a juicio casos de gran envergadura, no solo lo de Fujimori. Esos fiscales llegaron a tener una gran especialización, fueron entrenados, recibieron cursos y desarrollaron mucha experiencia. Aprendieron, por ejemplo, cómo recabar los testimonios de víctimas. No es algo sencillo. Esos cambios son muy graves. Otro elemento que hace dudar del trabajo de la Fiscalía es la decisión de llevar todos los casos a Lima. Eso aleja a las instancias de la búsqueda de justicia de las familias de las víctimas y dificulta su capacidad de saber qué está pasando con las investigaciones.

— ¿Cómo se ve el Gobierno de Boluarte en Estados Unidos?

Depende de a quién preguntas, no hay una sola mirada. El Gobierno de Estados Unidos ha manifestado reiteradamente su apoyo a Boluarte porque consideran que llegó al poder constitucionalmente, pero les preocupa la inestabilidad en el Perú y en la región. Sin embargo, si se mira el informe que presentó el Departamento de Estado hace un par de semanas y que incluye hasta lo ocurrido en diciembre, tienen la película clara. Se reporta el uso excesivo de la fuerza letal y hablan de un problema de impunidad, que es recurrente, no es solo de ahora. Claro, muchos países enfrentan impunidad, incluyendo el mío.

— Precisamente sobre Estados Unidos, generó mucha atención lo sucedido con Donald Trump. ¿Eso puede afectar sus pretensiones electorales?

Él y sus seguidores piensan que esto les favorece, porque le levantan su perfil y juega a favor de su discurso de ser un perseguido. Lo cierto es que ellos tienen que llegar también a un público más centrista y dudo que le compren ese discurso. Las encuestas dicen que un 60% de la población debería ser investigado por este y otros casos. Muchos advierten también que la acusación no es la más fuerte contra él, que si tuvo un romance con una actriz pornográfica es su vida privada…

— Claro, pero la acusación es por comprar su silencio.

A eso quiero llegar. No es sobre si se acostó o no con esa actriz. Es sobre que a través de su abogado compró su silencio para no afectar su campaña electoral. Ahora que ha roto una barrera otros casos podrían empezar a configurarse como acusaciones formales. Por ejemplo, el intento de interferir las elecciones en Georgia, o lo de los documentos desclasificados que tiene en su casa en Florida o lo de la toma del Capitolio.