Jose Ugaz, jurista y exprocurador de la República, comentó sobre el contexto político que se vive en el Perú y el Gobierno de Dina Boluarte. El 1 de agosto se presentó el libro ‘Propuestas del bicentenario’ en la Feria del Libro de Lima, junto a otros especialistas como Milagros Campos, Janeyri Boyer y Daniel Alfaro.

—¿Qué opina sobre el mensaje a la nación de Dina Boluarte?

—Como muchos analistas, creo que el discurso ha sido largo y vacío de contenido esencial. Si bien es cierto que se han anunciado muchos temas, además de extenderse largamente, no hay ninguna referencia a cómo se van a implementar. Por ejemplo, ahora hay un debate sobre esta nueva fuerza de orden público que se pretende adicionar a la Policía y pareciera, por como lo han informado, que se trata de una experiencia totalmente improvisada y copiada de otro país. Esto puede generar una serie de problemas, incluso peores de lo que se trata de remediar incrementando la cuota de violencia.

—¿Considera que la presidenta fue consecuente en su discurso?

—Hay una serie de contradicciones entre lo que la presidenta ha manifestado en su discurso y lo que hace en la práctica. Ella dice que su Gobierno es meritocrático. Se ha mantenido la mediocridad en la designación de funcionarios de altísimo nivel, los mejores del país, para atender las distintas necesidades del Perú. Lo que vamos a encontrar es improvisación, falta de mérito y democracia, así como antecedentes indebidos de funcionarios. El otro tema del que claramente se contradice la presidenta es cuando desde el primer día anunció que una de su prioridad iba a ser la lucha y tolerancia cero contra la corrupción.

—Recientemente se revelaron algunos delitos presuntamente cometidos por la presidenta Dina Boluarte…

—Ahora vemos a ella misma en el centro de una controversia. No me voy a referir a los problemas de plagio, sino al hecho de que ella misma está siendo cuestionada por una exfuncionaria (Rosa Gutierrez) que nombró y que ya venía siendo cuestionada por su mala gestión como ministra de Salud. El Gobierno insistió en nombrarla en la presidencia de Essalud, donde no tenía ninguna experiencia, y aun así la presidenta Boluarte la llamó por teléfono para pedirle que no despida a un funcionario de Essalud que ella había decidido cesar por tener claras vinculaciones con actos de corrupción.

—Esa situación iría en contra de la lucha contra la corrupción.

—Sí, yo me pregunto: ¿cómo es posible que la presidenta aparezca involucrada, recomendando a una persona con antecedentes y cuestionable? Además, su propio hermano aparece vinculado también en una serie de denuncias en las que se estaría usando recurso del Estado para formar un partido político y una base de apoyo al Gobierno. Incluso el presidente del Consejo de Ministros también aparece cuestionado en un caso en el que se ha preferido pagar a una empresa un contrato millonario con excedentes de manera indebida en su vinculación con alguno de sus clientes cuestionados. Es muy fácil ir a un discurso y llenar las horas con una serie de promesas. Parece más bien que se trató de una maniobra distractiva para decirle al país: “Yo soy indispensable, debo permanecer en el Gobierno hasta que termine mi mandato porque es la única manera en que yo puedo cumplir con todas estas ofertas que estoy haciendo”.

—¿Usted cree que Dina Boluarte podrá escapar de la corrupción?

—Lamentablemente no, hubiese sido ideal ver un claro acto de deslinde y de ruptura con el pasado. No hay que olvidar de donde viene la presidenta, ella ha sido parte del equipo de Pedro Castillo. Hizo campaña con él, está siendo investigada y referida en la investigación de Los Dinámicos del Centro por captación ilegal de fondos y ella ha guardado silencio. Igualmente apoyaba a Castillo hasta el momento que decidió separarse, que fue un par de meses antes de se diera el último golpe de Estado.

—¿Cuál hubiese sido un mejor mensaje de parte de Boluarte?

Admitir que se equivocó y que apostó mal, que Castillo no era el candidato presidencial que debió tener el Perú y que aprovechará este Gobierno de transición para tratar de enmienda todo el daño institucional y económico que se le ha hecho al país.

—¿Hay alguna similaridad entre el Gobierno de Dina Boluarte y Pedro Castillo?

—Hay una suerte de continuidad en un nivel más bajo que Castillo, que —en materia de corrupción y daño al país— puso la barra muy alta. Pero el Gobierno de Boluarte se estrenó con graves actos de violaciones de derechos fundamentales. Hay 68 peruanos que perdieron la vida y hasta el día de hoy no tenemos explicaciones ni de por qué ocurrieron la muerte de soldados y la Policía, ni cómo han muerto los conciudadanos de Ayacucho, Juliaca y de otras partes del país. Es verdad que corresponde al Ministerio Público hacer esas investigaciones, pero el Poder Ejecutivo ha podido hacer su aparte. Por ejemplo, instruir al ministro de Interior para que active rápidamente una investigación disciplinaria, así le presenta al país un informe con la verdad de los hechos: qué armas se usaron, quiénes estuvieron al mando, qué decisiones se tomaron, etc. Si no existe la capacidad del Ministerio del Interior de organizar una investigación disciplinaria en un breve plazo, ¿realmente en manos de quién estamos?

—Recientemente usted participó del libro ‘Propuestas del bicentenario’, en el que analiza y plantea sugerencias para la Contraloría General de la República.

—Sí, en la Feria Internacional del Libro presentamos ‘Propuestas del bicentenario’, un libro que forma parte de una colección. Es el tercer número que publica Videnza Instituto, una organización sin fines de lucro presidida por el exministro de economía Miguel Castilla. Este instituto ha venido reflexionando y convocando a profesionales especializados en distintos temas para ofrecerle al país una serie de opciones positivas, no solamente críticas, sino rutas de salida de los problemas del Perú. En este libro que tiene como subtítulo ‘Rutas para el desarrollo institucional’, que lo que busca en alguna manera, después del desastre Castillo, es cómo recuperar la institucionalidad perdida, donde se convocaron a profesionales destacados.

—¿Podría explicar un poco sobre su propuesta?

—A mí me tocó el capítulo sobre corrupción y efectivamente planteamos algunas propuestas sobre la necesidad de involucrar en este esfuerzo al sector privado y la sociedad civil, que son dos componentes fundamentales. Creo que hay que repensar el rol de la Contraloría. El contralor, Nelson Shack, hizo un gran esfuerzo por tratar de sacar la institución de la inmovilidad que tuvo históricamente en el país, poca eficiencia. Yo mencionaba haciendo la pregunta “¿cuántos escándalos de gran corrupción se han descubierto en el Perú por acción de la Contraloría?? La verdad es que no tenemos un registro representativo, la mayoría de casos de gran corrupción los ha cubierto la prensa, sobre todo periodistas de investigación o son casos que han aparecido por delatores o perdedores en licitaciones que los han denunciado, etc.

—¿Cómo se ha visto afectada la cultura institucional de la Contraloría?

—El nivel de cultura institucional en la Contraloría no ha cambiado. Para aproximarse a sus casos de fiscalización se preocupan más por el ritualismo formalista, si el funcionario violo “el inciso C del párrafo segundo del artículo 3 de la ley 1829”. Mientas tanto por el costado se le está pasando grandes casos de corrupción como el caso Lava Jato, el Club de la Construcción, Los Cuellos Blancos de Callao y toda la lista de escándalos corruptos, entre ellos los del Congreso de la República. Esto no ha sido materia de evaluación oportuna. Shack está terminando su gestión, pero para quien venga hay un reto inmenso, que es ver cómo se moderniza y se cambia esta cultura institucional de la Contraloría para que pueda tener una aproximación más eficiente en el futuro en materia de prevención de corrupción en el sector público.

—¿Qué puede comentar sobre las últimas comisiones que se están conformando en el Congreso, como la Comisión de Ética?

—Bueno, lo del Congreso es una vergüenza en general. Es una institución que ha tocado fondo. ¿Qué país en el mundo tiene entre sus filas a un congresista violador que ha ultrajado a una funcionaria en su oficina? La Comisión de Ética prefiere mirar al costado antes de tomar una sanción. Si la presión pública no hubiera ejercido su función, el Congreso probablemente no hubiese dicho nada. A mí me parece interesante lo que dice Milagros Campos en ‘Propuestas del bicentenario’, cuando sostiene que en esta crisis es necesario realizar algunas reformas urgentes como la regulación de la responsabilidad del presidente de la República, no puede existir una norma constitucional que garantice la impunidad. Mientras tanto lo que tenemos es un Congreso que claramente se ha declarado al margen de los principios constitucionales, que lo único que están buscando es privilegiar a sus propios integrantes, a grupos criminales, a venturas corruptas como las universidades fraudulentas. Los parlamentarios eligieron para la Mesa Directiva un presidente con más de 50 o 60 investigaciones penales, con un prontuario que es una vergüenza nacional. Conociendo esto con anterioridad, todavía se evaluará si se le dará de baja. No tiene una comparación histórica.