Jueces de la JNJ presentan demanda contra el Congreso por aprobación de informe que busca destituirlos

El último miércoles 18 de octubre, mientras que la Comisión de Justicia del Congreso aprobaba el muy cuestionado informe final “con cargo a redacción” sobre la moción 7565, que propone la remoción de los siete integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), los magistrados decidieron defenderse. Es así que el mismo día decidieron recurrir a instancias judiciales y plantearon una demanda de amparo en contra del Legislativo.

El documento fue presentado de manera física ante la Tercera Sala Constitucional del Poder Judicial y en él se encuentran consignados los siete jueces que integran la Junta Nacional del Congreso: Imelda Tumialan Pinto, Aldo Vásquez Rios, Henry José Avila Herrera, Luz Tello de Ñeco, Humberto de la Haza Barrantes, y Guillermo Thornberry Villarán.

La demanda de amparo muestra al Congreso de la República, así como al procurador designado en este caso, como demandados. Ello, en respuesta a las graves acciones que fueron inicialmente impulsadas por la congresista Patricia Chirinos y posteriormente refrendadas por la Comisión de Justicia, que ese mismo miércoles aprobó el informe final que buscaba su remoción entre críticas y cuestionamientos, en una acción que ha sido considerada por expertos como un abuso de las funciones legislativas.

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobó, por mayoría, el informe final en el que recomienda la

Esta acción de amparo buscaría que se respete la institucionalidad de la JNJ, que, de terminar siendo removida por el Legislativo, constituiría un grave atentado al sistema de Justicia y, por añadidura, al sistema electoral peruano. El documento ya se encuentra a la espera de ser admitido por el Poder Judicial y está asignado al magistrado Ricardo Tacuche Mesía, especialista legal a cargo en este caso.

Asimismo, cuenta con un total de 13 anexos con los que se busca sustentar los intentos del Congreso por removerlos del cargo, a fin de que la elección de sus reemplazantes quede a cargo del actual defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, funcionario vinculado a Vladimir Cerrón y a Fuerza Popular, quien en la actualidad se encuentra bajo cuestionamientos por presentar un proyecto de ley para quedarse en el cargo hasta que el Congreso designe a su reemplazo.

El informe que se aprobó sin estar siquiera redactado

Esta demanda de amparo es la última de las acciones emprendidas por la JNJ en un intento de hacer respetar su institucionalidad y autonomía ante las presiones del Congreso de la República por intentar remover no solo a algunos de sus integrantes, sino a todos.

Recomendaciones del informe final en minoría de la investigación contra la JNJ. Foto: documento

Para el martes 17 de octubre, ya se había difundido un informe de calificación inicial en el que se concluía, basándose en opiniones de especialistas, y titulares de entidades cercanas al sistema de justicia, que los siete magistrados que conforman el pleno de la JNJ no habían incurrido en una falta alguna durante sus acciones.

Pero esta precisión no fue suficiente para los integrantes de dicho grupo de trabajo y el miércoles 18, la comisión no solo decidió obviar este informe final; sino que incluso, “aprobó” un segundo informe final bajo la condición de “con cargo a redacción”, en el que se recomendaba remover a los miembros de la JNJ por haber intentado “interferir en los asuntos Legislativos”, constituyendo una “falta grave”.

Congreso habría incurrido en un golpe al Sistema de Justicia

La acción fue considerada por el constitucionalista Pedro Grandez como un “golpe a la independencia de poderes”, así como un abuso y una falta al debido proceso y al reglamento del Congreso, pues, en hechos prácticos, para la toma de una decisión, en este caso, ni siquiera se contó con un informe que brindara un respaldo. En cambio, se acordó hacer un informe a fin de justificar la decisión.

La abogada Ursula Indacochea incidió en este hecho y también lo calificó como una ruptura del equilibrio de poderes por parte del Congreso. Ambos especialistas, consultados por Infoabe Perú, consideraron que sí cabía la posibilidad de que los miembros del JNJ, en calidad de ciudadanos, también podían optar por la protección de sus derechos recurriendo a la vía judicial. Situación que finalmente se ha dado esta semana.