En caso el último vicepresidente disuelva el Legislativo, tendría que llamar a elecciones generales. “Si un poder se va, nos vamos todos”, indicó Isabel Cortez, promotora del proyecto.
Tal como lo había anunciado la congresista Isabel Cortez, la bancada de Juntos por el Perú presentó una iniciativa legislativa llamada “ley de muerte cruzada”. Con este proyecto de reforma constitucional, si el Congreso vaca al presidente por incapacidad moral o física, se estaría disolviendo a sí mismo y se debería convocar a elecciones parlamentarias. Esta última acción lo haría el vicepresidente, quien asumiría como jefe de Estado.
Pero eso no es todo. En caso el Legislativo consiga la vacancia del vicepresidente que ha tomado las riendas del país y no haya quien lo suceda en el cargo, se tendrá que llevar a cabo las elecciones generales. Así lo precisa la modificación que busca hacer esta ley al inciso 2 del artículo 113 de la Constitución.
La iniciativa, además, pone en jaque al Ejecutivo, aunque en menor medida, pues pretende modificar el artículo 134 de la carta magna. De acuerdo al PL, el mandatario puede disolver al Parlamento luego de que este le haya negado la confianza a dos gabinetes. En el decreto de disolución, se tendría que poner la convocatoria a elecciones generales “cuando sea el último vicepresidente el que haya disuelto al Congreso”.
“Espero que la Comisión de Constitución agende pronto su presentación para acabar, de una vez por todas, con estos aires de vacancia. Si un poder se va, nos vamos todos. No hay más”, expresó Cortez, promotora de esta ley, en su cuenta de Twitter.
La legisladora propone este cambio en la carta magna, luego de que la Comisión de Constitución, en un sábado por la noche, durante el feriado largo, haya aprobado por insistencia el dictamen que interpreta (y limita) la cuestión de confianza. El Pleno tendrá que darle el último visto bueno. Los ministros ya se han opuesto a ese proyecto.
Ahora, el camino que le toca a la iniciativa de Juntos por el Perú es que, primero, sea revisado en la Comisión de Constitución, presidida por la fujimorista Patricia Juárez y por las congresistas Gladys Echaíz (vicepresidenta) y Adriana Tudela (secretaria). De aprobarse, pasaría al Pleno y, como es una reforma constitucional, tendría que aceptarse en dos legislaturas ordinarias con el voto favorable de, al menos, 87 legisladores.
