Se trata de la novena audiencia, en la que el juez escuchará los testimonios que el fiscal José Domingo Pérez presentará para probar que lideresa de Fuerza Popular cometió delito de lavado de activos.
Este miércoles 7 de agosto se retomarán las audiencias por el caso Cocteles contra Keiko Fujimori. El fiscal José Domingo Pérez deberá presentar las pruebas y entrevistar a los testigos que sostienen su acusación en contra de la lideresa de Fuerza Popular por la presunta comisión del delito de lavado de activos. Cabe resaltar que se denuncia que la hija de Alberto Fujimori lavó 17 millones de dólares, por lo que además deberán responder otros 46 acusados.
Como se sabe, el representante del Ministerio Público acusó a Keiko Fujimori de haber recibido dinero de origen ilícito durante sus campañas presidenciales de 2011 y 2016. La defensa legal de la exaspirante a la presidencia aseguró que sí mintieron a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al brindarles los datos de los aportantes a las campañas presidenciales, pero no lavaron el dinero recibido.
En julio de 2024 comenzó este juicio oral y desde entonces se han realizado ocho audiencias en el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional.
La última noticia que se tuvo sobre este juicio fue el pedido denegado del fiscal José Domingo Pérez, que buscaba imponer prisión preventiva contra Keiko Fujimori nuevamente, ya que violó las normas de conducta al viajar a California, pese a que el Poder Judicial le prohíbe abandonar la ciudad de Lima.
Para evitar ser condenada, Fujimori ha presentado un recurso de agravio constitucional ante el Tribunal Constitucional (TC), buscando anular el juicio y archivar el proceso penal.
Según lo informado por el medio La República, el recurso fue presentado por Giulliana Loza, abogada de Fujimori, contra una resolución previa que declaró improcedente un habeas corpus a favor de su defendida. Esta petición de habeas corpus había sido inicialmente rechazada tanto por el Tercer Juzgado en lo Constitucional de Lima como por la Tercera Sala Constitucional de Lima. Sin embargo, a finales de junio, esta última instancia aprobó el recurso, permitiendo que el expediente fuera elevado al TC, donde fue recibido a principios de julio.
El habeas corpus presentado por Loza busca la nulidad de tres resoluciones emitidas por el juez Víctor Zúñiga del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Estas resoluciones incluyen el auto de enjuiciamiento y decisiones que rechazaron la solicitud de archivo de los cargos por lavado de activos y organización criminal. La defensa argumenta que estos hechos no constituyen actos ilícitos bajo la normativa vigente en el momento en que ocurrieron, señalando que el financiamiento ilegal de partidos políticos fue tipificado como delito recién en 2019.
La defensa de Fujimori sostiene que las resoluciones del juez Zúñiga son “manifiestamente inconstitucionales” y afectan gravemente el derecho a la libertad de su cliente. Según Loza, sin efectos legales válidos, el proceso penal debería archivarse. Afirma que los supuestos aportes ilícitos a las campañas presidenciales de 2011 y 2016 no estaban tipificados como delito en el Código Penal en el momento de su ocurrencia. Por ello, la defensa argumenta que no se está cumpliendo el principio de legalidad, ya que se intentarían aplicar retrospectivamente disposiciones penales.
Además, la abogada de Fujimori también alega una vulneración del derecho a un plazo razonable, ya que su cliente ha sido objeto de imputaciones desde 2017 sin haber visto concluido su proceso judicial. Fujimori, actualmente bajo régimen de comparecencia con restricciones, considera que se le ha impuesto una carga procesal injusta y prolongada, afectando su derecho a la libertad.
El Poder Judicial, en primera instancia, rechazó el habeas corpus presentado por Loza a través del Tercer Juzgado en lo Constitucional de Lima. Este tribunal argumentó que el recurso buscaba reexaminar resoluciones ordinarias del juez Zúñiga bajo el manto de la justicia constitucional, lo cual no correspondía a su jurisdicción. La Tercera Sala Constitucional de Lima también desestimó el recurso con un razonamiento similar, enfatizando que la justicia constitucional no puede usurpar competencias de la jurisdicción penal ordinaria.
Fuente: Infobae
