En un movimiento que muchos ven como un intento más de eliminar la oposición política, el congresista Jorge Montoya, de Honor y Democracia, ha solicitado y conseguido que el Ministerio Público inicie una investigación preventiva contra la lideresa de Nuevo Perú, Verónika Mendoza. La acusación se basa en su llamado a la “insurgencia ciudadana” y su desconocimiento de la legitimidad del gobierno de Dina Boluarte.
Esta denuncia se enmarca en un contexto donde el actual Congreso, en alianza con grupos radicales tanto de derecha como de izquierda, busca por todos los medios posibles eliminar cualquier alternativa política. A través de diversos mecanismos, estas facciones han comenzado a copar las instituciones del Estado, destruyendo la ya frágil institucionalidad democrática del país. Han modificado la Constitución como si fueran una Asamblea Constituyente, han tomado control del Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y ahora pretenden hacer lo mismo con la Junta Nacional de Justicia y los órganos electorales. Todo esto, sería con el objetivo de manipular y controlar los resultados electorales futuros.
Verónika Mendoza, una líder progresista de la izquierda democrática, ha sido una de las voces más críticas contra el actual gobierno y Congreso, liderando protestas pacíficas y llamando a la ciudadanía a resistir frente a lo que muchos consideran un gobierno autoritario y abusivo. Sin embargo, este llamado a la protesta y a la defensa de la democracia ha sido criminalizado, convirtiéndose en un nuevo ejemplo de la politización de la justicia en Perú.
Jorge Montoya, al anunciar la apertura de la investigación, afirmó que esta debe avanzar con rapidez para proteger la democracia de aquellos que, según él, buscan desestabilizar el país. Para Montoya, el llamado de Mendoza a la insurgencia no es más que una rebelión disfrazada de indignación popular, un intento peligroso de subvertir el orden democrático.
Por su parte, Verónika Mendoza ha respondido con firmeza, defendiendo su derecho a la protesta e insistiendo en que la insurgencia ciudadana está respaldada por la Constitución y el derecho internacional. “Si creen que con amenazas y leguleyadas nos van a callar, se equivocan”, señaló Mendoza, recordando la historia reciente del país y la sumisión de algunos militares al régimen fujimontesinista.
La denuncia contra Verónika Mendoza es un claro indicio de cómo la justicia en Perú está siendo utilizada como herramienta política para silenciar a la oposición. La creciente indignación popular frente al actual gobierno y Congreso, lejos de ser escuchada y canalizada democráticamente, está siendo criminalizada. Esto plantea un grave riesgo para la democracia en el país, y es crucial que la ciudadanía permanezca vigilante y defienda los derechos y libertades fundamentales.
