Pugnas por más poder. Con un defensor del Pueblo acorde al fujicerronismo, un sector de la derecha busca que la elección de la Junta Nacional de Justicia esté dirigida por el Tribunal Constitucional, institución que juega a favor de los parlamentarios.
En la mira. El próximo año comenzará el concurso público para elegir a los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia, la institución encargada de nombrar y destituir jueces y fiscales. Foto: difusión
Un día después de la asunción del exabogado de Vladimir Cerrón Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo, el presidente del partido político Avanza País, Aldo Borrero, le envió una carta a la vocera parlamentaria, Adriana Tudela.
“Me dirijo a usted para saludarla respetuosamente, y a la vez solicitarle que la bancada de Avanza País, de la cual usted es su vocera, pueda hacer suyo el siguiente proyecto de ley: proyecto de ley que modifica la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para asegurar la correcta administración de la justicia”, encomendó Borrero.
El texto plantea que la Comisión Especial a cargo del concurso público de magistrados de la JNJ esté liderada por el presidente del Tribunal Constitucional (TC) y no por el defensor del Pueblo, como lo estipula la actual norma.
La República le preguntó a Borrero la razón de su iniciativa y respondió que considera que el nuevo defensor del Pueblo no es la persona idónea para liderar el concurso público para la nueva JNJ. “Me parece que ha sido politizada la elección del defensor”, recalcó.
Cabe destacar que Avanza País no apoyó a Gutiérrez en el Pleno. Así que en vista de que el nuevo defensor no es de su confianza, buscarían que el titular del TC, que actualmente es Francisco Morales, dirija el concurso para la elección de la JNJ.
Recordemos que el TC elegido por este Congreso permitió, mediante una sentencia, que la elección del defensor del Pueblo se concrete sin acatar las resoluciones judiciales que encomendaban que ese proceso sea más transparente y con un concurso público.
Promotores. Wilson Soto y Alejandro Muñante presentaron sus PL. Adriana Tudela aún no. Foto: difusión
Varias bancadas
De modo que para un sector de la derecha, los magistrados del TC son mayor garantía que Gutiérrez. No solo en Avanza País existe la intención de cambiar la ley. Asimismo, en Renovación Popular, el congresista Alejandro Muñante presentó un proyecto para que el presidente del TC lidere la Comisión Especial, en caso no pueda el defensor del Pueblo. La bancada de Muñante también se opuso a la asunción de Gutiérrez.
Muñante, además, ha presentado una reforma constitucional para reducir los votos que permitan remover a los miembros de la JNJ y el defensor del Pueblo.
Su colega de Acción Popular, Wilson Soto, tampoco se queda atrás. El acciopopulista impulsa una ley para que los miembros de la JNJ puedan ser pasibles de acusación constitucional y una reforma constitucional para cesarlos cuando cumplan 75 años y que ingrese un suplente a reemplazarlos de inmediato.
Las reformas constitucionales caerán en manos de la Comisión de Constitución, que preside el fujimorista Nano Guerra García, quien fue captado por este diario almorzando un chifa con Gutiérrez el 30 de enero, dos semanas antes que se lance como candidato a la Defensoría.
Y las otras iniciativas de ley serán discutidas en la Comisión de Justicia, que lidera el perulibrista Américo Gonza Castillo. Antes de asumir las riendas de la Defensoría, Gutiérrez fue asesor en esa comisión.
Estas maniobras tienen un contexto: el próximo año la Comisión Especial iniciará el concurso público para elegir a la nueva JNJ. Para algunas agrupaciones es vital que no sea Gutiérrez quien lidere ese proceso. Mientras que para otras, como Fuerza Popular, Perú Libre y sus aliados, el nuevo defensor es de su confianza.
Alberto Otárola indica que el Ejecutivo apoyará a la Defensoría del Pueblo. Foto: composición Jazmin Ceras/ Congreso/ Presidencia- Video: Jessica Merino/ La República
Días después de la elección de Gutiérrez, Cerrón se animó a criticar a la JNJ: “Siempre sancionando a los provincianos, pero en Lima los jueces constitucionalistas retienen más de un año un amparo o un habeas corpus y no pasa nada”, tuiteó.
Además, los líderes de los partidos que participan del debate de los proyectos sobre la JNJ tienen investigaciones fiscales pendientes de resolverse. Y como la JNJ es la institución que nombra y destituye jueces y fiscales, es un importante bastión para los congresistas.
Fuente: La República
