La pandemia de la COVID-19 trajo consigo crisis económica en el país; sin embargo, gracias al sector minero, se recuperó la solvencia financiera, a pesar de que no existe una política de gasto adecuado.

Es preciso mencionar que el 40% del cobre del mundo se produce entre Chile y el sur del Perú. Para el analista de Wall Street, José Gonzales, este factor es aprovechable en nuestro país, ya que la minería genera desarrollo humano y servicios básicos por la explotación de los recursos. Pero no se replantea un contrato social con las comunidades, lo que ocasionaría los conflictos sociales.

“Hay que repensar el contrato social entre el Estado, las mineras y las comunidades”, explicó el especialista.

La llamada también minería inteligente busca que los beneficios complazcan todas las necesidades de las comunidades. Es decir, lo que propone es que los lugareños sean socios del proyecto minero.

Como ejemplo, Gonzales se refirió al proyecto Tía María de la empresa Southern y el conflicto que viene asumiendo desde el 2009 debido a que los pobladores del valle del Tambo se oponen a la explotación minera por la contaminación ambiental.

“Es claro que las inquietudes del valle de Tambo son reales y hay que atenderlas (…) Se necesita un manejo transparente, no solo de resolver problemas, sino solucionarlo a largo plazo”, manifestó el analista de Wall Street.

En ese sentido, propuso que el contrato social tiene que darse en términos medioambientales, sociales y gobiernos corporativos con buenas políticas.

“Quellaveco de Moquegua es la mina más inteligente, más desarrollada en el mundo, hablando en términos tecnológicos. Sus beneficios tienen un largo plazo y no corto, como el de la empresa Las Bambas en Apurímac”, explicó.

Como se recuerda, esta última compañía minera paralizó la extracción del mineral en marzo del presente año por los constantes conflictos con los pobladores, quienes denunciaron que los empresarios no cumplieron con sus demandas. “El conflicto social no se soluciona ni se resuelve, se gestiona, se administra porque las comunidades no desaparecen”, puntualizó.

Por otro lado, en respuesta a los pobladores que se rehúsan a que se concreten proyectos mineros en el país, el experto aseguró que esta inversión se debe dar sí o sí porque el mundo necesita de minerales peruanos y, en especial, el cobre.

“Por la minería, nuestro país tiene mayor solvencia, pero no existe una política de gasto adecuada y esto genera desánimo por las comunidades”, acotó Gonzales.

La desaparición del Instituto Nacional de Planificación hizo que en el país no existan otras entidades encargadas de enseñar a gobernadores y alcaldes a autorizar las partidas presupuestales, lo que origina el mal manejo de recursos.