La iniciativa promovida por Jorge Flores Ancachi —quien tiene el respaldo de sus colegas Raúl Doroteo, Darwin Espinoza, Elvis Vergara, Wilson Soto y Luis Aragón— también apunta a la fiscalía de la Nación, la Defensoría del Pueblo, los magistrados de la Corte Suprema y ministros de Estado.
En el Congreso de la República se siguen presentado proyectos de ley que buscan interferir en otros poderes del Estado a pesar de la pobre aprobación que tiene ante la ciudadanía según las últimas encuestas de opinión. Ahora, el foco de atención está puesto en los sistemas de justicia y electoral.
El congresista Jorge Flores Ancachi (Acción Popular), investigado por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias en el caso Los Niños, presentó la propuesta de reforma constitucional “de fortalecimiento de la integridad e idoneidad de las autoridades del poder legislativo, ejecutivos y de los poderes autónomos del Estado”.
En el detalle de la iniciativa N° 06034/2023-CR se busca remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, Tribunal Constitucional, Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en caso reciban una sentencia por el delito de peculado doloso en primera instancia.
La medida también alcanza a la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de la Nación, los magistrados de la Corte Suprema, los ministros de Estado y al titular del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
Propuesta del congresista Jorge Flores Ancachi (Acción Popular) presenta propuesta que apunta otra vez a las autoridades del sistema judicial y electoral.Entre los argumentos que Flores Ancachi adjunta se encuentra una referencia a las investigaciones que los exministros del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022) tenían en el ejercicio de sus funciones de acuerdo a un portal web. Entre ellos se da cuenta a la actual mandataria Dina Boluarte, quien lideró la cartera de Desarrollo e Inclusión Social, que está en una carpeta por el delito de lavado de activos al estar vinculada al caso ‘Los Dinamicos del Centro’.
Adicionalmente, también menciona a Roberto Sánchez, extitular de la cartera de Comercio Exterior y Turismo, por fraude en la administración de persona jurídica; y el exministro de Vivienda, Geiner Alvarado, por negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo, falsificación de documentos y delito contra la administración pública, por irregularidades en el caso Puente Tarata-Petroperú.
Por otro lado, cita que “la Procuraduría General del Estado informó a Centro Liber que, al 14 de enero de 2022, existen 48 procesos en trámite por delitos de corrupción que involucran a 16 congresistas de la República, electos para el periodo legislativo 2021-2026.”
“De las investigaciones fiscales que enfrentan los parlamentarios, se ha podido advertir 20 casos en diligencias preliminares, 7 en etapa intermedia, 15 investigaciones formalizadas y 6 casos en juzgamiento, siendo los delitos con mayor incidencia peculado y colusión.
La propuesta del legislador de la lampa cuenta con el respaldo de sus colegas Raúl Doroteo, Darwin Espinoza, Elvis Vergara, Wilson Soto y Luis Aragón. Este grupo también es vinculado a los presuntos actos de corrupción que se dieron durante el régimen de Castillo Terrones.
Busca debilitar a la procuraduría
Sin embargo, no es la primera vez que estos cuestionados ‘padres de la patria’ intentan influenciar en otros poderes del Estado. En mayo, el congresista Flores Ancachi también presentó ante la Comisión de Constitución y Reglamento que el Legislativo sea el ente encargado de elegir al nuevo procurador general.
En su proyecto enfatizó que la elección del titular de la Procuradoría sea incluida en el artículo 47 de la Carta Magna junto a la de otras altas autoridades como los magistrados del Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y los miembros del Banco Central de Reserva.
“El Procurador General del Estado es elegido por el Congreso, con el voto a favor de los dos tercios del número legal de congresistas, para un período de cinco años. Corresponde al Congreso su remoción por falta grave”, reza en el documento.
Proyecto para que el Congreso sea la entidad que elija al procurador general del Estado.Además, el nuevo procurador general también podría ser acusado ante la Comisión Permanente si comete alguna infracción constitucional, de acuerdo al artículo 99.
