Neyra León afirmó que el pueblo peruano está de duelo a consecuencia de factores que debieron evitarse y de otros que no se tomaron en cuenta para entablar el diálogo con la población, principalmente en las regiones del sur.
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“Estoy en contra de la violencia y a favor de la justicia. Entonces, los organismos que administran justicia deben intervenir para esclarecer los hechos. La muerte de 17 civiles y un policía no debe quedar impune”, remarcó Neyra a La República.
Aseveró que el pueblo en las calles exige nuevas elecciones porque no confía en autoridades actuales. Al respecto, complementó que está en manos del Congreso aprobar que el proceso electoral se realice en 2023. Incluso, manifestó que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha señalado que es factible.
Luis Neyra invocó al diálogo entre las autoridades y el pueblo: Almendra Ruesta/URPI-LR
“Muchas veces los intereses privados de grupos de poder priman sobre el bienestar común. Lo que sucede en el sur del país debe terminar y llamar a la reflexión a los congresistas para finiquitar medidas que permitan la convocatoria electoral en este año (2023)”, remarcó Neyra.
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Conflicto social afecta la descentralización
También detalló que el conflicto social y político afecta el desarrollo de las regiones, en cuestión de inversión y obras, debido a que la falta de seguridad jurídica que ahuyenta al empresariado.
De esta manera, Luis Neyra sostuvo que la repercusión de la convulsión social debilita el proceso de descentralización, cuyos efectos se reflejan en un menor crecimiento socioeconómico de los pueblos. “Los legisladores y la presidenta Dina Boluarte tienen que demostrar que hay voluntad de escuchar a la masa social que exige más atención A sus demandas”, recalcó.
