—¿El estado de emergencia ampara lo sucedido en la intervención policial en San Marcos?
—No. La Constitución dice que de manera excepcional se restringen derechos, pero no da carta blanca a que un detenido no pueda hablar con abogado, comunicarse en su idioma, sufra vejaciones. Tarde o temprano tendrán que responder por el uso arbitrario del poder. Hay dos efectos: la rectora no puede seguir en el cargo y la responsabilidad policial. Habrá el deber de controlar ello. Una responsabilidad corresponde al Congreso: tras acabar el estado de emergencia, se le debe dar cuenta de qué pasó en esos días.
—¿La suspensión de derechos qué limites tiene?
Debe hacerse bajo razonabilidad y proporcionalidad, dice la Constitución. ¿Fue razonable y proporcional, para desocupar a quienes estaban allí, romper las puertas, ingresar y detener como se ha hecho? No.
—¿Cómo se explica una flagrancia de hechos anteriores?
No hay flagrancia. Estaban pernoctando. El Ministerio Público tuvo que liberarlos. Hubo abuso al retenerse DNI de personas de provincia que no conocen Lima, celulares, dinero. Hubo hasta robo de las donaciones que se habían dejado.
—Se imputó usurpación…
—Eso es cuando alguien busca adueñase de una posesión. Eso no se ha dado. El Consejo Universitario autorizó a los manifestantes estar allí un tiempo; se venció poco antes. No es usurpación. Soy sanmarquina y siempre tuvimos sentido social.
—También se les imputó terrorismo. ¿Qué le parece?
—La policía intervino, rebuscó. ¿Dónde están las huellas del terrorismo? Terrorismo es ser de una organización para hacer zozobra. ¿Dónde está la organización? ¿Y lo demás? No hay. Sí hay abuso. El poder se ejerce con responsabilidad. Hoy quizá no sientan su peso, pero tarde o temprano deberán pagar las consecuencias de sus actos.
—¿Con esta acción, el Gobierno de Boluarte pierde legitimidad en el manejo de protestas?
—Hace tiempo perdió legitimidad Boluarte. Su mandato es constitucional por sucesión, pero ha construido su no legitimidad a partir del no manejo de una crisis política frente al golpe de Pedro Castillo para acabar sosteniendo banderas y principios con los cuales sus electores no los llevaron a la presidencia.
—¿Qué nos dice este manejo de la formación de la Policía?
—No se puede seguir con métodos primitivos para responder a reclamos sociales. Falta profesionalismo e inteligencia. Debe haber reestructuración en la formación policial y militar.
—En el manejo de las protestas que ha tenido el Gobierno, ¿se han cometido delitos?
—Definitivamente, sí. El delito de homicidio calificado, aunque la Fiscalía ha rotulado genocidio. Las casi 60 muertes no quedarán sin responsabilidad. Hay que tener cuidado con Dina Boluarte, no se vaya a ir. El juicio de residencia debe habilitarse. Hay responsabilidades y patrón sistemático en las muertes.
—¿El destino de Boluarte es la cárcel?
—Sí, y si se burla de la justicia nacional. Existe una supranacional. No olvidemos a Morales Bermúdez, condenado por una justicia extranjera, o a Alberto Fujimori. Tarde o temprano tendrá que responder por delitos Boluarte.
—¿Ve salida a esta crisis?
—La única es la renuncia de Boluarte, llamar a un gobierno de transición y, urgente, elecciones, no solo por quienes están perdiendo la vida, sino también porque el país está paralizado. En provincias, los costos han subido. Necesitamos tranquilidad política para generar el movimiento económico.
—¿Quién asumiría la transición? Sucesor hoy es Williams.
—Literalmente, es el presidente del Congreso. Que sea José Williams u otro es discusión del Congreso, pero se tiene que desentrampar esta situación ya.
—La división allí es tan fuerte que ni hay votos para acordar reformas. ¿Cómo acordarían algo que requiere de un consenso tan grande?
—Prefiero que ni haya consenso para reformas constitucionales promovidas por este Congreso. Debe haber reformas serias, reflexionadas, quizá por una comisión a futuro elegida, pero lo fundamental en este momento de crisis es cesar el fuego: afuera Boluarte y alguien tendrá que asumir del Congreso mientras se va a elecciones.
—Para algunos eso sería ceder ante quienes se manifiestan con actos violentos.
—La protesta es un derecho constitucional y es básico que exista. La sociedad es un cuerpo orgánico y necesita canales para expresar sus necesidades. Serían los partidos políticos, pero no existen. Necesitamos construir canales donde los ciudadanos puedan expresarse y escucharnos los unos a los otros.
—Pero la quema de locales… Han matado un policía calcinado. ¿Cómo se explica eso?
—Evidentemente, cuestiono eso. Toda vida de los seres humanos debe ser respetada, sea policía o no, de un origen étnico u otro. Es el bien fundamental. También reflexiono: los policías son gente también del pueblo.
—¿Toda esto hace necesario un cambio de Constitución, como algunos piden?
—Creo que hay que reformar la Constitución. Un sector quiere una asamblea constituyente. Algo bueno de la constitución del 93 es el referéndum. Hay que usarlo para preguntar a los ciudadanos si quieren una reforma parcial de la Constitución actual o un cambio total con una asamblea constituyente.
—Se ha cerrado ese camino.
—Eso es malo. Si cierran la posibilidad de la comunicación de los ciudadanos, habrá más crisis. Que se les escuche en un referéndum. Ganará el sí o el no y se verá, pero hay que escucharnos. Hay que escucharnos y trabajar canales de escucha.
