La Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos también incluyó en la investigación al jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, Juan Antonio Fernández Jerí, por el presunto delito de cohecho pasivo específico.
El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, informó que incluyó a 14 congresistas y dos exfiscales adjuntos supremos en la investigación contra la suspendida exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, por presuntamente liderar una organización criminal en dicha institución.
Asimismo, indicó que incorporó como investigado al líder del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravado contra el Estado peruano.
También fue incluido el jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, Juan Antonio Fernández Jerí, por el presunto delito de cohecho pasivo específico.
El Ministerio Público detalló en un comunicado que Benavides Vargas es investigada “por la presunta comisión de los delitos de cohecho activo específico, cohecho pasivo específico, patrocinio ilegal, negociación incompatible, tráfico de influencias agravado, cohecho activo genérico y cohecho pasivo propio”.
La entidad anunció, además, el inicio de diligencias preliminares, comprendidas en la carpeta fiscal Nº 120-2024, contra Patricia Benavides, tres exfiscales adjuntos supremos y una congresista por supuestamente haber cometido los delitos de peculado doloso agravado y cohecho pasivo específico.
Patricia Benavides pidió que se anule la investigación en su contra
La suspendida fiscal suprema y exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, se presentó en la audiencia de tutela de derechos ante el juez Juan Carlos Checkley, en la que solicita que se anule la investigación que se le sigue por organización criminal y otros delitos en la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.
La defensa de Benavides Vargas señala que la investigación no se ha llevado acorde al diseño constitucional, pues, según su alegato, al inhibirse el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, el caso debió ser abordado “por el fiscal supremo más antiguo”; es decir, Pablo Sánchez.
Asimismo, solicita que se anulen las diligencias y evidencias en su contra recabadas por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICCOP), pues este no tendría competencias al respecto.
La exfiscal de la Nación indicó al referido juez supremo de investigación preparatoria que no se había respetado el debido proceso en la investigación que se le sigue por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho pasivo específico, cohecho activo específico, encubrimiento personal y real, y falsedad ideológica.
En ese sentido, consideró que se concedió “competencias, irregularmente” a la fiscal suprema Delia Espinoza para conducir la investigación en su contra.
“Hoy estamos debatiendo la tutela de derechos que rechaza sesgos que eliminan la predictibilidad y seguridad jurídica de todos los ciudadanos (…) Me expreso a un proceso kafkiano donde no se ha respetado la Constitución ni la Ley N° 27399. La Fiscalía de la Nación tiene la competencia legal asignada por el artículo 1 (de dicha ley), para investigar a los altos funcionarios del artículo 99 de la Constitución”, indicó Benavides.
