Eduardo Arana señaló que la excarcelación del exdictador debe ser vista entre el Tribunal Constitucional y la Corte IDH. “No podemos tramitar mientras no esté resuelto”, dijo
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, señaló este jueves que el indulto de Alberto Fujimori no es un tema pendiente de la administración de Dina Boluarte, ya que primero debe ser visto entre el Tribunal Constitucional (TC) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
En una entrevista difundida con Exitosa, el titular recordó que, en abril de 2022, el máximo tribunal ordenó al Estado peruano abstenerse de implementar una sentencia del TC que permitía la excarcelación del exdictador, quien cumple desde 2009 una condena de 25 años por crímenes contra los derechos humanos.
La decisión del TC respaldaba un recurso interpuesto contra la resolución de la Corte Suprema, que en 2018 dejó sin efecto la gracia otorgada por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), una decisión que en la Navidad del 2017 desató júbilo entre sus partidarios y el rechazo absoluto de los deudos del régimen.
La Corte, con sede en Costa Rica, requirió al Perú que “se abstenga de ejecutar” es orden que restituía su libertad hasta que “este tribunal internacional pueda decidir sobre la solicitud de medidas provisionales”.
“Este es un problema en el que el TC y la Corte IDH se han enfrascado. Lo que se ha visto públicamente es se le ha hecho un pedido en una sala. Esto tiene que tramitarse. En el Ministerio de Justicia no hemos recibido ninguna solicitud ni está en trámite absolutamente nada”, declaró Arana al respecto.
“No podemos tramitar mientras lo otro no esté resuelto. Si no se resuelve lo que está pendiente entre el TC y la CIDH, nosotros en el ministerio no tenemos nada que pronunciarnos”, remarcó.
El indulto es investigado por los tribunales, ya que la Fiscalía considera que fue producto de una negociación entre Kuczynski y el hijo menor del exdictador, Kenji —quien por entonces era congresista— para que legisladores de la tienda naranja votaran en contra de un pedido de destitución del entonces mandatario.
Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel como autor mediato (con dominio del hecho) de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas en 1991 y 1992, respectivamente, por el grupo militar encubierto Colina, así como por los secuestros de un empresario y un periodista tras el golpe de Estado que dio en 1992.
La Corte IDH, además, condenó a Perú en 2001 por el caso Barrios Altos y en 2006 por el de La Cantuta. De igual modo, ordenó al Estado castigar a los responsables.
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A inicios de octubre, Boluarte reaccionó al pedido del exdictador a la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima para que le restituya su excarcelación, como parte de una demanda de habeas corpus que presentó su defensa.
“Cada indulto tiene que llegar en petición al Ejecutivo. Este será evaluado por la Comisión Permanente del Ministerio de Justicia. Luego nosotros, conforme a ley, lo estaremos evaluando”, comentó la mandataria.
El abogado de Fujimori, Elio Riera, deslizó previamente que solicitaría la gracia a Boluarte en caso el recurso sea rechazado. “Hay que buscar todos los mecanismos legales amparados por ley para […] lograr la excarcelación de una persona de 85 años que está con enfermedades que lo van a llevar a la muerte”, dijo.
El octogenario reapareció junto al letrado para alegar inocencia y señalar que la anulación de su indulto por la Corte Suprema “fue totalmente injusta” y carente de “fundamento”.
“He tenido una intensificación de la gravedad de mi salud”, señaló entonces al asegurar que, en octubre de 2021, presentó “un cuadro de infarto” y también padece de una fibrosis pulmonar que lo ha hecho “oxígeno dependiente en las horas de la noche”.
Fuente: infobae
