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Mirtha Vásquez: “El Congreso que tenemos es producto de la precarización de la representación”

La exprimera ministra sostiene que si el Congreso realmente hiciera un control político debería discutir una vacancia presidencial contra Dina Boluarte por los audios de su ministro del Interior. Cuestiona, además, que la clase política – la derecha y el fujimorismo – que indigna por la dictadura de Nicolás Maduro, es la misma que respaldó la represión a las protestas contra Boluarte que dejó 49 muertos.

Mirtha Vásquez, expresidenta del Congreso y expremier, no tiene reparos en asegurar que el gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura, pero cuestiona el doble rasero de la derecha peruana.

En esta entrevista la excongresista y exministra Mirtha Vásquez lamenta el silencio del Congreso frente a las graves denuncias de corrupción que pesan contra el régimen de Dina Boluarte y las maniobras que impulsan los congresistas para el deterioro de nuestra democracia. Para Vásquez estamos en el camino para ser como Venezuela, Nicaragua o Guatemala y las próximas elecciones generales, aseguró, no serán la solución a esta crisis.

– El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, ha señalado que la responsabilidad de indagar sobre los audios que involucran a la presidenta Dina Boluarte y el ministro del Interior, Juan Santiváñez, radica principalmente en el Ministerio Público. ¿Dónde queda el control político del Congreso entonces?

– Este tema que involucra tanto al ministro del Interior como a la presidenta es un hecho sumamente grave porque básicamente lo que muestra es una situación en la que se ha negociado, primero, un puesto en el Estado, digamos, como ministro, a cambio nada menos que de la desaparición de una institución del Estado (como la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad). Y creo que es un hecho gravísmo que ameritaría no solamente un procedimiento de censura, sino que también ameritaría una denuncia contra la presidenta de la República porque el Congreso es el poder que tiene que hacer contrapeso y ejercer una labor de control sobre el Ejecutivo. Si tuviéramos un Congreso realmente responsable e independiente, tendría que hacer esa labor.

¿Cree que en estas circunstancias sería responsable que algún parlamentario o grupo impulse una moción de vacancia presidencial por el caso del audio?

– Bajo los criterios que ha estado manejando este Congreso, creo que sería perfectamente posible que se pueda iniciar un proceso de vacancia por una cosa de esta naturaleza. Creo que esto ameritaría una causal muy grave en la que realmente se podría discutir la incapacidad moral de la presidenta que está frente al Estado actuando de manera tal que incluso está destruyendo las instituciones democráticas.

 ¿Y cómo toma esa imagen del abrazo entre Dina Boluarte y su ministro del Interior en medio de una semana que ha sido dura para el Perú en materia de seguridad ciudadana?

– Realmente es un gesto sumanente insultante de cara a lo que estamos viviendo en el país. Los índices de criminalidad están subiendo de manera alarmante. Aquí la mayoría de negocios pequeños están siendo objeto de extorsión. Vemos una serie de hechos que nos indican que estamos en un momento crítico de la seguridad ciudadana. En medio de eso, los escándalos del ministro. Creo que la constatación de que tenemos un ministro que no está haciendo su trabajo y ese abrazo, significa un espaldarazo que le da Boluarte, el apoyo que le da a un ministro que, incluso sabiendo que no está cumpliendo con su función, le importa más y prioriza el tema de su alianza y mantener un pacto para que puedan seguir actuando de manera conjunta frente a instituciones o personas que están haciendo el trabajo de investigación contra la presidenta y su familia. Se priorizan los intereses personales, intereses subalternos, antes que realmente el bienestar de la población y la situación que debemos afrontar.

– Esta semana posiblemente el Pleno del Congreso va a someter a segunda votación la ley que faculta a la Policía Nacional del Perú a liderar la investigación preliminar de delitos. La Junta de Fiscales Supremos se pronunció en contra, pero al final en el Congreso lo que pesa es la fuerza de los votos, más allá de los argumentos jurídicos.

– Sí, realmente es una situación insólita que el Congreso quiera incluso ir contra la propia Constitución porque la Constitución señala que quien dirige los procesos de investigación es el Ministerio Público. El Ministerio Público es el defensor de la legalidad y garantiza que estos procesos puedan realizarse de la manera más correcta posible. Ahí yo creo que no solamente tenemos un problema de orden jurídico porque este Congreso está legislando en contra de la Constitución, dándole atribuciones a la Policía que no le corresponde. Las atribuciones de la Policía están diseñadas en la Constitución y en las normas, y contra todo eso este Congreso está yendo, pasando por encima de esta normatividad, y ahí no solamente está este problema, el jurídico, sino también el problema de orden político. ¿Cómo darle atribuciones a una Policía que está seriamente cuestionada por su accionar como institución?

 También está pendiente de discutirse en el Pleno esta propuesta de ley que busca incrementar la fiscalización de los fondos de las ONG. La comunidad internacional se ha pronunciado en contra de este proyecto de ley.

– Esta ley contra las organizaciones no gubernamentales (ONG) es una ley que atenta finalmente contra el fortalecimiento de la sociedad civil y el ejercicio de derechos, porque finalmente las llamadas ONG lo que hacen es suplir el rol que el Estado no está cumpliendo. Por ejemplo, uno de los roles que el Estado no cumple básicamente es garantizar derechos y fortalecer la democracia, porque tenemos cada vez estados que giran hacia el autoritarismo y piensan que toda situación de demanda de parte de la población tiene que ser aplacada con las fuerzas del orden, con la fuerza pública y no es así. Entonces, las ONG han estado haciendo un trabajo de fortalecimiento de la democracia en el sentido de no favorecer ninguna acción ni política (…). Las ONG lo que hacen normalmente es, de alguna manera, apoyar en los derechos de la población. Si la población, por ejemplo, sale a protestar y es reprimida, una organización no gubernamental puede prestar la asesoría legal. Muchas veces se ha hecho incidencia para que finalmente los derechos no sean criminalizados.

– Y en medio de estas medidas, ¿cómo tomar que la clase política o los partidos políticos que impulsan este tipo de normas, son los que se indignan con lo que está pasando con la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela?

– A ver, todos estamos claros y creo que la mayoría tiene presente que Venezuela vive una dictadura terrible, ¿no? Con un presidente que no quiere dejar el poder, pero que además para eso ha generado una serie de mecanismos como, por ejemplo, tomar el control de los órganos electorales y de los organismos de justicia, ¿no? En Venezuela están eliminando el apoyo de las organizaciones no gubernamentales para que justamente la población no tenga capacidad de movilización y defensa. En Venezuela lo que están haciendo es básicamente diseñar un sistema donde el presidente tenga a sus aliados en el Congreso, ¿no? Y puedan, por supuesto, protegerlo. Y lo mismo está sucediendo aquí en el país. Con el añadido incluso de que en Venezuela están criminalizando a la gente y atentando contra su vida. Hay reportes que dicen que la cantidad de muertos en estos últimos días más o menos bordea los 41, mientras están protestando contra el régimen. Y miren lo que está pasando en el Perú, es exactamente lo mismo.

– Aquí hubo 49 muertos.

– Entonces nadie se indignó por eso. Claro, les duele la muerte de la gente allá y por supuesto que nos tiene que doler la pérdida de vidas en estas circunstancias, ¿no? Aquí hubo 49 muertos y esta gente, incluso varios de los indignados contra el régimen de Maduro, estaban incitando a que las Fuerzas Armadas sigan actuando de la manera como lo estaban haciendo. Hablaban de principio de autoridad y hablaban de que aquí hay terrorismo cuando nade de eso era cierto. La gente estaba ejerciendo un derecho igual que en Venezuela. Aquí la clase política está tratando de tomar los organismos electorales para perpetuarse en el poder y apoyando todo este proceso de reforma para que se quede esta coalición a gobernar los próximos años. Aquí están atentando contra los órganos de justicia. Entonces, ¿de qué diferencia hablamos? No hay ninguna diferencia y creo que ahí tenemos que ser muy claros porque estos regímenes dictatoriales, estos regímenes autoritarios, se tienen que rechazar aquí afuera, pero principalmente creo que hay que empezar por este país, no podemos admitir esto que está pasando, ¿no?

– Hay también un sector de la izquierda que ha coincidido en muchas votaciones con la derecha y el fujimorismo. Por ejemplo, están Perú Libre y el Bloque Magisterial. ¿Cómo definir eso? Ambas agrupaciones eran parte del oficialismo cuando Pedro Castillo era presidente.

– Sí, y creo que hay que empezar diciendo que realmente Perú Libre ya no es un grupo de izquierda. Lo que tienes ahí es un grupo de personas que básicamente son políticos populistas, que no tienen ningún tipo de fundamento, no tienen ni siquiera claro cuál es su apuesta política y lo único que les parece cómodo es tratar de llegar a acuerdos pragmáticos con quienes están en el poder, que en este momento básicamente son los grupos, por ejemplo, del fujimorismo y todos sus satélites. Entonces, eso pasa cuando realmente no hay una ideología clara, cuando realmente no estás en un partido compartiendo fundamentos y principios. Así que me parece que a esta gente no la debemos llamar ni siquiera izquierda radical, son básicamente grupos populistas, pragmáticos, dispuestos a aliarse con quienes están en el poder para obtener beneficios y réditos muy particulares. Y creo que hay que denunciarlo, esta es una alianza entre el fujimorismo y el cerronismo. Se ha permitido que realmente en el Congreso se concreten una serie de contrarreformas y una serie de normas que finalmente lo que hacen es zocavar el Estado.

– Una salida discutida para esta crisis en su momento fue el adelanto de elecciones. Usted fue parte de la Mesa Directiva que eligió el Congreso luego del breve gobierno de Manuel Merino. Y era un Congreso fragmentado, pero tuvo la capacidad de llegar a un consenso. ¿Ve en este Congreso algún parlamentario que pueda liderar esa transición?

– Bueno, es muy difícil en realidad pensar en ese escenario. Con lo complicada que era la situación en el momento que Manuel Merino toma la presidencia del Perú, creo que fuimos capaces en el Congreso de llegar a acuerdos mínimos, todavía en ese entonces, no solamente los partidos políticos, los congresistas mismos estaban conscientes de su responsabilidad frente a la ciudadanía, pero ahora yo no veo nada de eso. Para empezar, la fragmentación dentro del Congreso es tal que las bancadas que han aparecido, no representan a nada ni a nadie. Ahí mismo hay una serie de pugnas, entonces veo complicado que lleguen a un acuerdo sobre todo pensando en el bienestar del país, porque todos están pensando en este momento en sus intereses particulares. Tampoco hay una persona o un congresista con la capacidad de liderar todo esto porque la mayoría realmente tiene una sola consigna y esa consigna es mantenerse en el poder hasta que puedan, porque para ellos también significa ventajas estar en el Congreso hasta el 2026. Entonces, lamentablemente por ahí no veo la salida.

 ¿Y eso puede mejorar o empeorar con la bicameralidad?

– No, creo que más bien nuestro escenario es adverso. No veo que esto vaya a mejorar. La crisis que tenemos ahora no es cualquier crisis. Congresos malos hemos tenido siempre, presidentes malos hemos tenido siempre, pero este es otro asunto mucho más complejo, lo que tenemos ahora es una suerte de colapso del Estado y creo que eso no se va a resolver ni siquiera con las elecciones del 2026, creo que se puede profundizar la crisis porque ahora estamos introduciendo nuevos elementos de actores como el Senado de la República que finalmente puede ser tomado por estos sectores que ahora mismo están socavando la institucionalidad, entonces podemos llegar a una situación parecida a lo que está pasando en Venezuela, en Nicaragua, en países como Guatemala. Entonces, creo que la población tiene que estar consciente de eso, que nos enfrentamos a un escenario muy grave y que si no encontramos en este lapso algún tipo de salida, creo que la situación que vivamos va a ser peor y no va a ser corta, probablemente tendremos que soportar varios años más de esta suerte de gobierno autoritario que está muy cerca a la dictadura.

– No sé si es pesimista o realista su apreciación. ¿No ve una figura que en 2026 pueda, al menos, soportar toda esta avalancha?

– Hasta este momento, creo que los liderazgos están muy opacados. Creo que puede haber liderazgos más adelante. Ojalá surjan algunos liderazgos. Eso pasa también porque en medio de un escenario de tanta fragmentación política, imagínense la cantidad de partidos políticos que tenemos ahora inscritos para competir en las elecciones. Eso va a ser inviable. Me parece que si se logra consensos y hacer alianzas mucho más grandes, pues ahí pueden surgir algunos liderazgos que le den esperanza y que guíen un poco al país en medio de esta situación crítica. En suma, creo que ya tenemos que adoptar una postura como la que se optó en Guatemala. Todo el que quiera luchar contra esta mafia que tiene tomada el país, creo que se debería hacer el esfuerzo porque nos juntemos.

 ¿Cuándo fue que el Congreso tuvo este punto de quiebre?

– El Congreso que tenemos ahora es producto de un proceso progresivo de precarización de la representación en el país. Con los años se ha ido generando una situación de que cada vez menos hemos tenido a gente que no representa los intereses de la población y en eso tiene que ver varias cosas sobre cómo la política se va desifigurando y ya no es un proceso participativo y de construcción de Estado. Entonces, progresivamente hemos permitido eso: que la política y los partidos se vayan desfigurando. Esa situación se fue agravando estos últimos años. Yo creo que los partidos lo que finalmente y abiertamente hacen es representar mafias e intereses concretos. No tenemos un Parlamento ahora que la población reconozca que los representa. Los congresistas no se sienten obligados a responderle a la ciudadanía.

 Y hay muestras espontáneas de rechazo

– La gente está cansada y no lo dicen solamente las encuestas, sino estos gestos que suceden todos los días que escuchamos cómo los congresistas son rechazados porque la gente no soporta que ellos hablen en nombre de la ciudadanía por lo que ellos persiguen por conveniencia propia. Hemos llegado a un nivel tan precario y lesivo donde ya los congresistas no se sienten obligados a representar. Y tenemos un Congreso, que siendo la institución más importante del país, ha llegado a un nivel en el que es lugar por donde se va a recibir y hacer posibles todos estos intereses colectivos. Entonces, sí, estamos en uno de los picos más críticos de la función de representatividad y esto todavía no ha tocado fondo.

Fuente: La República

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