El último martes, la presidenta de la República, Dina Boluarte, y el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, promulgaron la norma propuesta por el Congreso que modifica la Ley Universitaria y establece el licenciamiento permanente otorgado por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) a instituciones de educación superior.

Además, la ley establece el carácter permanente de la modalidad de educación a distancia de las universidades, por lo que podrá comprender el 100 % de los créditos universitarios “siempre y cuando se utilicen tecnologías de información y la comunicación (TIC) certificadas, excepto para las carreras y especialidades que requieran realización de experimentos y prácticas presenciales”.

La normativa, que modifica dos artículos de la Ley Universitaria promulgada en 2014, indica que el licenciamiento es de carácter permanente, “siempre y cuando las universidades demuestren el cumplimiento continuo de las condiciones básicas de calidad. No obstante, las universidades estarán sujetas a evaluaciones periódicas inopinadas para garantizar la calidad educativa y la transparencia en el uso de recursos públicos”.

En esa línea, agrega que la referida superintendencia realizará auditorías públicas cada tres años “para verificar y/o corregir el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad y la transparencia en el uso de recursos públicos”, e incorporará un sistema de alerta temprana “que detecte posibles incumplimientos o desviaciones en las universidades”.

¿Cómo afectarían a la educación superior los recientes cambios en la Ley Universitaria?

Cabe resaltar que estas recientes modificaciones a la Ley Universitaria han sido objeto de críticas por parte de un amplio sector de la comunidad académica, debido a los riesgos que podrían representar para la calidad de la educación superior.

Al respecto, RPP conversó con el exministro de Educación, Ricardo Cuenca, investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), quien consideró que esta norma representa “el final de lo que se llamó la reforma universitaria”.

“Se tergiversa el sentido principal del licenciamiento, que era que, de manera recurrente, las universidades puedan demostrar que cumplen con un conjunto de condiciones básicas de calidad para operar, que no es un premio mayor, sino que es lo mínimo con lo que pueden ofrecer un servicio universitario”, señaló.

“Al hacerlo de manera permanente, no solo hay un desincentivo a esta mejora y a esta supervisión permanente que debería haber. Aun cuando la ley dice que habrá unas visitas inopinadas, no se sabe qué va a pasar con el resultado de esas visitas, es decir, si se le retira el licenciamiento o no (…), pero sobre todo porque las universidades públicas van a tener un problema con el financiamiento, porque parte del financiamiento público iba dirigido al mantenimiento de condiciones básicas, a partir de las evaluaciones y el re licenciamiento”, explicó.

Cuenca resaltó que este cambio en “la forma de entender el Sistema de Aseguramiento de Calidad” significa un retorno “a lo que había sucedido antes de la Ley Universitaria con la Asamblea Nacional de Rectores (ANC) y el CONAJU, que trabajaban más o menos en este mismo sistema y que ya vimos que no nos dio los resultados que hubiésemos querido”.

El exministro de Educación señaló que el sistema de alerta temprana que se establece en la nueva normativa tendría que tener “un conjunto de indicadores que vayan a monitorear lo que está pasando” en las universidades, y “levantar información” con supervisiones que se tengan que hacer directamente en las propias universidades.

“No se me ocurre qué indicadores van a fabricar en el tema de la alerta temprana (…) Aquí el problema son las consecuencias de la evaluación (…), para que sea efectiva debería haber una consecuencia de la evaluación, y eso es lo que no encontramos en la ley. Algunos dicen que probablemente en el reglamento, pero habría que ver que el reglamento no puede superar aquello que no está escrito en la ley, no pueden aparecer cosas que no estén en el marco de la ley. Es una situación un poco confusa a la cual no le encuentro mucho sentido“, sentenció.

Respecto al carácter permanente de la modalidad de educación a distancia de las universidades, el exministro de Educación consideró que estas no están preparadas para este cambio, pues se requiere habilitar una serie de factores en todo el país, como la conectividad.

“Lamentablemente, no (están preparadas), pero no solo las universidades, sino también el propio país. Hay lugares donde no tenemos conectividad. Eso no es responsabilidad de las universidades, ni siquiera del Ministerio de Educación, sino del Ministerio de Transportes y Comunicaciones“, señaló.

“Lo que vamos a producir es un conjunto de brechas y de desigualdades entre estudiantes, porque las discusiones internacionales afirman muy categóricamente que para poder montar sistemas de educación a distancia se requiere de un conjunto de condiciones para poder funcionar, que incluyen conectividad, alfabetización en los equipos, es decir, en las maneras cómo se va a actuar con el equipo y también en los programas que se trabajan; pero sobre todo un cambio tanto en la manera de enseñar como en la manera de aprender”, agregó.

Cuenca aseveró que esos cambios no se han logrado aún en el país porque la educación a distancia “ha estado muy postergada, y la virtualidad solo se usó como una situación de emergencia durante la pandemia”.

“Es una situación bien complicada si no cumplimos con estas condiciones que internacionalmente se están exigiendo para ofrecer servicios virtuales. En el Perú no estamos todavía en capacidad para hacerlo al 100 % con calidad, y deberíamos más bien mirar con mucho cuidado la implementación de esta norma”, recalcó.

“Hay muchos intereses particulares dentro del Congreso de un grupo de universidades que no lograron licenciarse”

Asimismo, Ricardo Cuenca consideró que detrás de estas modificaciones a la Ley Universitaria, que no son las primeras, “hay muchos intereses particulares” que operarían dentro del Parlamento.

“Lo que yo creo es que hay muchos intereses particulares colocados dentro del Congreso de la República de un grupo de universidades que no lograron licenciarse, y lejos de invertir en el licenciamiento, porque la calidad cuesta, estuvieron siempre como por las márgenes de la ley esperando que haya la oportunidad de poder transformarla, y son intereses económicos y políticos muy fuertes”, indicó.

El investigador del IEP recordó que desde la promulgación de la Ley Universitaria en 2014, solo dos meses después ya habían recursos en el Tribunal Constitucional (TC) que intentaban traérsela abajo.

“Recordemos que esta Ley Universitaria hizo un conjunto de cambios para ordenar el sistema universitario en el que algunos intereses se veían afectados. Desde su promulgación, en julio del 2014, a los dos meses se presentó la primera demanda de inconstitucionalidad, que luego fue rechazada, no admitida por el TC”, aseveró.

“Los asedios a la reforma por parte de estos intereses han estado siempre presentes, con la única diferencia que desde su aprobación hasta el año 2021 los ministros de Educación que estuvimos defendimos la Reforma Universitaria de estos asedios. Sin embargo, con la llegada de Castillo y, particularmente, con la presidenta Boluarte hemos tenido más bien a un Ejecutivo que no cree en la reforma y que está más bien de la mano con el Congreso planteando estas nuevas leyes de contrarreforma universitaria”, manifestó.

Congresistas alistan más reformas a la Ley Universitaria

Al día siguiente de promulgarse estas modificaciones a la Ley Universitaria, en el Congreso se presentaron dos proyectos de ley para realizar más cambios a dicha normativa.

La parlamentaria Katy Ugarte (Bloque Magisterial) presentó el PL N°8557 que estipula que las universidades cuyo licenciamiento fue denegado tendrán dos años para “acreditar el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad”, y que la Sunedu deberá implementar “las medidas dentro del plazo de tres meses para que estas universidades gestionen un nuevo licenciamiento con las condiciones básicas de calidad”.

“El Ministerio de Educación dicta medidas para que, sin violar la autonomía universitaria, se garantice que en las universidades asociativas creadas por ley donde hubo mala gestión institucional de las autoridades, se transparente y supervise la misma en el plazo de hasta dos (02) años dispuestos para que dichas universidades demuestren el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad”, indica el artículo 4 de dicha propuesta.

Por su parte, el congresista Elias Varas Meléndez (Juntos por el Perú-Voces del Pueblo) presentó el PL 8556 que estipula “restablecer la normalidad institucional de las universidades asociativas no licenciadas que tengan irregularidades”.

Para ello, el parlamentario propone que la Sunedu designe “una Comisión reorganizadora que estará conformada por un representante del Ministerio de Educación, un representante de la Sunedu, y un representante de las universidades públicas licenciadas; con la finalidad de restablecer la normalidad institucional de las universidades asociativas no licenciadas que tengan irregularidades, y tendrán todas las facultades que le confiere la Ley Universitaria”.

Con ello, Varas busca que dicha comisión reorganizadora restablezca las funciones de las universidades que no obtuvieron licenciamiento, y que además estas “puedan solicitar la ampliación excepcional e improrrogable de su plazo de cese de actividades hasta por (2) años adicionales”.

Por su parte, en mayo de este año, el Consejo Directivo de la Sunedu decidió eliminar sus direcciones de licenciamiento, supervisión y fiscalización, pese a las observaciones que presentó la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), las cuales no fueron aceptadas.

En esa línea, la Sunedu dispuso que en su nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF) esas tres direcciones, que tuvieron un rol fundamental en el licenciamiento de universidades desde el 2014, se unifiquen en la nueva Dirección de Evaluación del Servicio Educativo Superior Universitario, la cual tendrá una Unidad de Verificación (que incluye licenciamiento y supervisión) y otra de Delimitación de Responsabilidades Administrativas (donde estará la de fiscalización).