El nuevo capítulo de la disputa por el poder entre el Ejecutivo y el Legislativo gira en torno al rechazo o no de la cuestión de confianza. Mientras que el Ejecutivo señala que hubo una denegación expresa, el Congreso apela a la Ley 31355 para aclarar que solo ellos pueden interpretar el sentido de su fallo. La pugna ocurre días después de que el Grupo de Alto Nivel del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) culminara su visita al país con el objetivo de recoger información para analizar la situación política del Perú.
CRISIS. Betssy Chávez se convierte en la quinta persona al mando de la Presidencia del Consejo de Ministros durante la gestión Castillo.
El presidente Pedro Castillo designó el viernes pasado a la congresista Betssy Chávez Chino —actualmente investigada de manera preliminar por tráfico de influencias y aprovechamiento indebido del cargo— al mando de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y juramentó a su quinto gabinete en lo que va de su gobierno.
Solo hubo seis nuevos ministros: Juan Altamirano Quispe (Desarrollo Agrario y Riego), Eduardo Mora Asnarán (Producción), Oliverio Muñoz Cabrera (Energía y Minas), Heidy Juárez Calle (Mujer y Poblaciones Vulnerables), Silvana Robles Araujo (Cultura) y Cinthya Lindo Espinoza (Desarrollo e Inclusión Social).
Dos de las nuevas ministras son actuales legisladoras. Silvana Robles es congresista de Perú Libre y Heidy Juárez Calle fue congresista de la bancada de Podemos Perú hasta ayer, que presentó su carta de renuncia al partido. Juárez Calle, que entró al Congreso por Alianza para el Progreso y que había calificado al gobierno de corrupto e improvisado, reemplaza a Claudia Dávila.
Otro cambio importante se registró en Desarrollo e Inclusión Social. El gobierno nombró como titular a Cinthya Lindo Espinoza –que hasta enero de 2022 estuvo afiliada al partido fundado por Vladimir Cerrón–, en reemplazo de Dina Boluarte. La también vicepresidenta de la República declinó públicamente su interés de integrar el nuevo gabinete.
La recomposición del gabinete se produce luego de que el mandatario Pedro Castillo aceptara la renuncia de Aníbal Torres a la PCM, tras interpretar que el Congreso le negó la cuestión de confianza presentada la semana pasada por el Ejecutivo para derogar la ley 31399, que regula el referéndum ciudadano.
“Luego de este rehusamiento expreso de la confianza —con la expresión de rechazo de plano— y habiendo aceptado la renuncia del premier, renovaré el gabinete”, sostuvo el presidente Castillo en un Mensaje a la Nación que se emitió el jueves último, cerca de la medianoche.
El anuncio se produjo horas después de que la Mesa Directiva del Parlamento acordara, por mayoría, “rechazar de plano” la cuestión de confianza presentada el 17 de noviembre por Aníbal Torres. La decisión derivó en que este pedido no fuese admitido a debate en el Pleno del Congreso.
RECOMPOSICIÓN. Cerca a la medianoche del jueves, el presidente Pedro Castillo anunció la reconformación de su gabinete.
Crédito: Presidencia de la República
“Teniendo en cuenta que el planteamiento del titular del Consejo de Ministros interfiere en las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso, por mayoría, la Mesa Directiva decidió rechazar de plano la cuestión de confianza”, sostuvo José Williams Zapata, presidente del Legislativo.
En la Mesa Directiva —integrada por José Williams y los vicepresidentes del Legislativo Martha Moyano, Digna Calle y Alejandro Muñante—, solo la parlamentaria Calle (Podemos Perú) se mostró en contra de lo adoptado.
Tras la decisión, el Congreso envió un tuit sobre la improcedencia de una cuestión de confianza, indicando que, según el inciso D del artículo 86 del reglamento del Legislativo, “la declaración de improcedencia no equivale ni califica como denegatoria, rehusamiento ni rechazo de la cuestión de confianza”.
El tuit fue borrado y reemplazado por otro que solo explicaba en qué consistía el “rechazo de plano”, figura adoptada por la Mesa Directiva y distinta a la declaración de improcedencia.
Según el reglamento del Legislativo, el Pleno del Congreso puede declarar improcedente la cuestión de confianza vía resolución legislativa y previa opinión de la Comisión de Constitución y Reglamento, lo cual no significa que la esté denegando, rehusando ni rechazando.
Pero también la Mesa Directiva del Legislativo puede rechazar de plano una cuestión de confianza que verse sobre “iniciativas que interfieran en las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República”.
Precisiones y reacción desde el Congreso
Tras la incertidumbre dejada por el Mensaje de la Nación del presidente de la República, los ministros ratificados Alejandro Salas (Trabajo y Promoción del Empleo), Roberto Sánchez (Comercio Exterior y Turismo) y Félix Chero (Justicia y Derechos Humanos) precisaron que el Ejecutivo daba por hecho el rechazo de la confianza.
“Ante la denegatoria de confianza, toca despedirnos del gabinete de Aníbal Torres, a quien le agradecemos su esfuerzo y trabajo”, tuiteó el ministro Salas.
En respuesta, el presidente del Congreso José Williams —a través de un video emitido al mediodía del viernes— señaló que el mandatario Pedro Castillo no podía atribuirse la interpretación de la decisión de la Mesa Directiva de rechazar de plano la cuestión de confianza e ir en contra de la Constitución y el reglamento del Congreso. Enfatizó que, de suceder ello, daría paso a una disolución inconstitucional del Parlamento.
Williams Zapata se refirió de este modo a la posibilidad de que, en un eventual segundo rechazo de una cuestión de confianza, el Ejecutivo lo interprete de manera similar a como sucedió en 2019, cuando el entonces presidente Martín Vizcarra apeló a la figura de la denegación fáctica y procedió a cerrar el Congreso.
“Debemos recordar que no existe la denegación fáctica de las cuestiones de confianza. En consecuencia, usaremos las herramientas constitucionales para la defensa institucional del Congreso de la República y del estado de derecho”, sostuvo el general en retiro Williams Zapata.
RECHAZO DE PLANO. La Mesa Directiva del Legislativo tomó la decisión de “rechazar de plano” la cuestión de confianza amparándose en la Ley 31355 y en el reglamento del Congreso.
Foto: Congreso de la República
Luego del nombramiento de Betssy Chávez en la Presidencia del Consejo de Ministros, José Williams —previo acuerdo unánime en la Junta de Portavoces— convocó a sesión del Pleno para el día sábado 26 de noviembre a las 4:00 p.m.
Allí, con 98 votos a favor, 10 en contra y cuatro en abstención, el Pleno autorizó a Williams para que interponga una demanda competencial y una medida cautelar contra el Poder Ejecutivo “por el ejercicio de la cuestión de confianza en contravención de la Constitución política, el reglamento del Congreso y las leyes, menoscabando las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República”.
El nuevo capítulo de la disputa entre el Ejecutivo y el Legislativo se produce después de que el Grupo de Alto Nivel del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) culminara su visita al país con el objetivo de recoger información para analizar la situación política del Perú.
En un comunicado, el Grupo de Alto Nivel de la OEA invocó nuevamente a los actores políticos y la sociedad civil a “iniciar un proceso de diálogo inclusivo a fin de preservar la institucionalidad democrática, la democracia representativa y la paz social, en beneficio del pueblo peruano”.
El origen de la disputa
La actual pugna en torno a la viabilidad o no de la cuestión de confianza empezó el 8 de noviembre. Ese día, el extitular del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, envió un oficio al presidente del Congreso, José Williams, solicitando ser convocado a sesión del Pleno para presentar una cuestión de confianza.
En la misiva, Torres solicitaba que se exonere de trámite en comisión y se debata cuanto antes en el Pleno el proyecto de ley N° 1704, que había sido presentado por el Ejecutivo en abril de 2022 y que buscaba derogar la Ley 31355.
La Ley 31355 restringe las materias por las que el Ejecutivo puede plantear una cuestión de confianza y señala que estas deben girar en torno a temas que competan directamente con la política general de gobierno y que no estén relacionadas con tareas exclusivas del Congreso y demás organismos autónomos.
La norma señala que la cuestión de confianza no puede ser presentada para la aprobación de reformas constitucionales y estipula que solo el Congreso tiene la potestad de interpretar el sentido de su decisión de aprobar o no la cuestión de confianza.
Esta ley fue aprobada por insistencia en el Parlamento y publicada en El Peruano el 21 de octubre de 2021. El Ejecutivo planteó una demanda de inconstitucionalidad contra esta norma ante el Tribunal Constitucional, pero el recurso fue declarado infundado por mayoría.
Solo los magistrados Eloy Espinoza-Saldaña y Marianella Ledesma votaron a favor de declarar inconstitucional la Ley 31355 y las modificaciones realizadas al reglamento del Congreso.
El presidente del Congreso, José Williams, le respondió posteriormente a Aníbal Torres, entonces titular de la PCM, y le indicó que su pedido de ser convocado al Pleno del Congreso para plantear una cuestión de confianza no resultaba atendible y lo exhortó “a respetar la separación de poderes, la institucionalidad democrática y el estado constitucional de derecho”.
PUGNA. En las últimas semanas, la disputa entre José Williams (izquierda) y Aníbal Torres (derecha) ha girado en torno a la interpretación de los límites de la cuestión de confianza.
Foto: Congreso de la República
El pasado jueves 17 de noviembre, Aníbal Torres y una comitiva de ministros asistieron al Pleno del Congreso e interpusieron una cuestión de confianza, pero esta vez para aprobar el proyecto de ley N° 3570 que buscaba derogar otra norma: la Ley 31399, que regula el referéndum ciudadano.
Cuando la Ley 31399 se publicó, el Ejecutivo planteó una nueva demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, esta institución dio a conocer el último jueves —luego de la decisión de la Mesa Directiva del Parlamento de rechazar de plano la cuestión de confianza del gabinete Torres— el fallo que declaraba infundado el recurso interpuesto por el Ejecutivo.
Exministra censurada e investigada
En mayo de este año, el Congreso de la República censuró a la ahora presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez Chino, por “su falta de capacidad y grave negligencia en su gestión” como ministra de Trabajo y Promoción del Empleo. En dicha ocasión, 71 congresistas votaron a favor de su censura. La bancada de Perú Libre contribuyó con nueve votos, uno de los cuales fue el de Kelly Portalatino Ávalos, actual ministra ratificada en el sector Salud.
A pesar de ello, en agosto último, el mandatario Pedro Castillo nombró otra vez a Betssy Chávez como ministra, pero ahora en el despacho de Cultura. El cargo lo desempeñó hasta antes de ser designada al mando de la PCM.
Chávez Chino fue elegida congresista con el partido Perú Libre, aunque renunció a la militancia de esta organización política en enero de 2022.
El pasado 14 de noviembre, el Ministerio Público decidió iniciar una investigación preliminar en su contra por los presuntos delitos de aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias agravado, debido al irregular nombramiento de integrantes de la familia de Abel Sotelo Villa. Aunque al inicio ella negó cualquier relación sentimental, el viernes se difundió un video que exponía lo contrario.
Betssy Chávez es la quinta presidenta del Consejo de Ministros que tendrá la gestión del actual gobierno desde que se instaló en julio del 2021. Previamente, el puesto fue ocupado por Aníbal Torres, Héctor Valer, Mirtha Vásquez y Guido Bellido.
