El informe final aprobado por la Comisión de Justicia del Parlamento con el objetivo de remover a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha puesto, otra vez, a los congresistas del fujicerronismo y sus aliados de derecha en la mira de la comunidad internacional debido a esta maniobra golpista.
La relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, encendió las alarmas a través de Twitter. “Me preocupa la posible aprobación en el Pleno del Congreso de un informe que recomienda remover a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia mediante un mecanismo sumario”, publicó.
Mediante un informe, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, del comisionado Volker Turk, también se pronunció sobre esta controversia. “Es necesario que se adopten medidas para reducir tensiones, así como garantizar la independencia de las instituciones electorales y judiciales”, enfatiza el reporte.
Protesta. Ayer hubo un plantón en los exteriores del Congreso contra el intento de remover a la JNJ. Hoy volverán a expresar su rechazo. Foto: difusión
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), del mismo modo, expresó su preocupación por “la modificación abrupta del proyecto de informe técnico elaborado por la presidencia de la Comisión de Justicia, dando lugar a la eventual remoción de las personas integrantes de la JNJ”. Señaló que “esta decisión podría afectar la independencia del sistema de justicia y del principio de separación de poderes”.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, por su parte, replicó su intervención en la audiencia del último miércoles, en la que se abordó el caso de la investigación sumaria del Congreso.
“Las instituciones son fundamentales a la hora de asegurar la resiliencia democrática. En ese sentido, compartimos con el primer ministro de Perú la necesidad de la independencia de la JNJ, de la ONPE, de la Fiscalía contra la corrupción”, recalcó Almagro.
La arremetida de Fuerza Popular, Perú Libre, Alianza Para el Progreso y las bancadas aliadas contra la Junta resultó tan escandalosa que el propio representante de Perú ante la OEA, Gustavo Adrianzén, cuestionó la investigación sumaria y avisó del impacto que este proceso tiene sobre la imagen de la democracia en nuestro país.
“El interés de la comunidad internacional por este suceso es muy grande, la preocupación es muy grande. Mis homólogos de otras naciones hermanas me han expresado su preocupación por esta situación”, dijo a TV Perú.
“Desde donde yo estoy solamente puedo hacer votos para que nuestros representantes actúen con moderación o mesura, se den cuenta del impacto que tiene una decisión como esta y, como hemos dicho en anterior oportunidad, aseguren el cumplimiento del debido proceso, las garantías de defensa, la presunción de inocencia”, agregó.
Protesta. Ayer hubo un plantón en los exteriores del Congreso contra el intento de remover a la JNJ. Hoy volverán a expresar su rechazo. Foto: difusión
Adrianzén contó que el miércoles habían tomado con agrado la noticia de que en la Comisión de Justicia el proyecto de informe final recomiende archivar la investigación contra la JNJ debido a que no encontró faltas graves en sus magistrados.
Atentado al debido proceso en el Congreso
Pero Adrianzén no contó con que hubiera un giro abrupto. Ese día, la presidenta de esta comisión, Janet Rivas, de Perú Libre, modificó el informe, tras ser presionada por los congresistas de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País.
Así, por la noche, la Comisión de Justicia aprobó un texto que acusa a los miembros de la JNJ de haber cometido falta grave. Por la hora y la premura, los legisladores votaron a favor del proyecto con “cargo a redacción”.
Es decir, dieron luz verde a un documento con una redacción incompleta.
Recién ayer al mediodía el grupo de trabajo distribuyó el expediente terminado, fuera del periodo establecido.
El informe acusa a los magistrados de haber cometido falta grave por pronunciarse sobre la inhabilitación de la exfiscal Zoraida Ávalos —acusada por el Congreso—, no haber expuesto ante el Pleno sus informes anuales de gestión y permitir que la consejera Inés Tello permanezca en el cargo a pesar de tener más de 75 años.
Los abogados José Ugaz, Beatriz Ramírez y César Azabache han cuestionado que el Parlamento impulse una remoción con acusaciones que carecen de sustento jurídico.
Para Ugaz, se trata de un plan de arrasamiento legal.
El politólogo Fernando Tuesta, en ese sentido, alertó sobre el efecto que conlleva la decisión del Legislativo contra el equilibrio de poderes.
La JNJ pende de un hilo
En el Congreso está demostrado que no prima la razón, sino la fuerza de los votos. Lo que le depara a la JNJ son días de incertidumbre. El futuro de sus magistrados pende de un hilo.
Luego de haberse aprobado el informe en la Comisión de Justicia, los promotores de este golpe al sistema judicial comenzaron la búsqueda de los 87 votos necesarios para concretar la remoción.
Al cierre de esta nota, fuentes del Parlamento informaron que mañana no se discutirá el dictamen. Los congresistas se van en la próxima semana de representación. Mientras tanto, el fujimorismo y sus aliados intentarán asegurar que 90 de sus colegas apoyen el golpe contra la Junta Nacional de Justicia.
La Mesa Directiva de Alejandro Soto no pondrá a debate en el Pleno ese tema hasta que el “bloque democrático” asegure los dos tercios.
La única bancada que se opone en bloque a esta maniobra es Cambio Democrático. Este grupo presentó un informe en minoría que recomienda archivar la indagación porque no está demostrada la existencia de faltas graves.
Pero esta agrupación no cuenta con el respaldo de las demás bancadas. Todas las demás fuerzas políticas, incluidas las que fueron oficialistas en el Gobierno de Pedro Castillo, como el Bloque Magisterial y Perú Bicentenario, han dejado libre el camino a las aspiraciones de Fuerza Popular, Perú Libre, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Avanza País y Acción Popular.
La Junta Nacional de Justicia se encuentra expuesta. Y ninguna de estas organizaciones pretende darle tregua. El golpe contra el sistema judicial está en marcha.
JNE también se suma al estado de alerta
Mediante un comunicado, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó que la Constitución debe aplicarse de manera coherente y justa para evitar ser vulnerables ante intereses ajenos y contrarios a la nación.
La Fundación para el Debido Proceso también se pronunció: “Si los remueve (el Congreso), al final de un proceso sin garantías de debido proceso, se materializará una alteración del orden constitucional. […] El Congreso debe acabar con su persecución de la Junta y rechazar la remoción. El Poder Ejecutivo debe romper su silencio connivente”, agregó.
Fuente: La República
