Por Jaime Cruces
Tremendo remezón ha causado la resolución del Consejo Permanente de la OEA en respaldo del gobierno peruano, exhorta a todos los actores a respetar el orden constitucional y los principios democráticos, pero al mismo tiempo designa a una misión de alto nivel para evaluar la crisis política y promover el diálogo.
Esta resolución, en aplicación de la Carta Democrática Interamericana, vista por algunos como un espaldarazo al gobierno de Castillo, en realidad está orientada a evitar la ruptura del orden constitucional, no se pronuncia sobre las graves denuncias de corrupción formuladas contra Castillo y su entorno, pero la derecha bruta y achorada (DBA) -que solo entiende el lenguaje binario- está condenando la supuesta intromisión de la OEA en asuntos internos.
Desde el oficialismo entienden de manera distinta esa resolución y aplauden a la OEA, creen que es un espaldarazo al incompetente y corrupto gobierno. La OEA lo único que busca es evitar la ruptura del orden constitucional, que no se violenten los procedimientos, de ahí que su principal decisión sea enviar una delegación de alto nivel al Perú para evaluar in situ la situación política y emitir un informe.
Evaluar la situación in situ, no implica, respaldar al gobierno de Castillo ni respaldar al Congreso, probablemente quien más pierda con la visita de la delegación de alto nivel de la OEA sea el presidente Castillo, tendrá que responder por las graves imputaciones de corrupción, lo que no significa que la OEA se identifique con la estrategia de la fiscalía orientada a suspender de sus funciones al mandatario inaplicando el art 117.
El mecanismo de la suspensión escogido por la Fiscalía y el Congreso, mediante interpretaciones auténticas, busca inaplicar, ignorar o saltarse el Art. 117 que tipifica las causa por las que el mandatario pueda ser acusado, con la figura de la suspensión el Congreso quiere evitar la convocatoria de elecciones generales que establece la constitución.
El Congreso lo que pretende es imponer al General Williams Zapata como presidente de la República hasta el 2026, primero van a destituir a la vice presidenta, Dina Boluarte, y luego suspender a Castillo, porque es la fórmula que tienen para quedarse junto con Williams Zapata hasta el 2026 sin convocar elecciones.
La crisis que vive el país se ha agudizado en este periodo, es cierto, pero viene desde el 2016 en que la extrema derecha no puede ganar las elecciones presidenciales y busca desde el Congreso capturar el gobierno. Lo de Castillo es un estorbo en el camino, así fue con PPK y con Vizcarra, por eso no quieren adelanto de elecciones.
En los próximos días, con el arribo de esa delegación de alto nivel de la OEA, veremos desfilar con sus mejores trajes a los voceros de la DBA y del oficialismo tratando de impactar con sus mejores argumentos a los diplomáticos, los programas de televisión tratarán de impresionar con sus mejores “reportajes” y todos sentirán que la OEA les da la razón.
Si de algo estoy seguro, cuando concluya esa visita de la misión de alto nivel de la OEA, es que el informe que emitan al Consejo Permanente de la OEA no será no será un aval a la corrupción del gobierno de Castillo, tampoco un aval al procedimiento express del Congreso.
Hay que recordar, que cuando no existía la famosa Carta Democrática Interamericana impulsada por el Perú y aprobada el 11 de setiembre de 2001, la OEA tras el golpe del 5 de abril de 1992 de Fujimori-Montesinos promovió un Congreso Constituyente como salida a la crisis, no imaginaron que ese régimen dictatorial terminaría vendiendo armas a las FARC y conviviendo con el narcotráfico.
En este siglo la OEA ha tenido diferentes posturas sobre la interrupción del orden democrático o golpes en América Latina, en el 2009 condenó el golpe de Estado a Manuel Zelaya en Honduras, el 2012 terminó avalando el golpe desde el Congreso contra el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, y el 2016 hizo lo propio en el golpe contra Dilma Rousseff en Brasil.
La misión de alto nivel de la OEA que arribará los próximos días buscará mecanismos de solución a la grave crisis que vivimos, uno de ellos puede ser, que se adecúe nuestro ordenamiento constitucional para una transición democrática con nuevas elecciones generales, reformas institucionales y mejores reglas de juego, entonces quizás, el Gobierno y el Congreso que no quieren irse, se acuerden de que las recomendaciones de la OEA no son vinculantes y hasta las consideren una intromisión, pero la opinión pública tendrá la palabra ¡QUÉ SE VAYAN TODOS!
