El último miércoles el expresidente Pedro Castillo llevó al Perú a una de sus peores crisis democráticas más recientes. Cerca del mediodía, el entonces mandatario anunció –tras leer con manos temblorosas un mensaje escrito– el cierre del parlamento y pretendió gobernar por decretos legislativos, establecer un régimen de excepción, reorganizar el sistema de justicia y convocar a nuevas elecciones para elaborar una nueva constitución.

“Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción, orientado a restablecer el estado de derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas: Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional”, dijo. Castillo Terrones ganó las elecciones del 2021 con un discurso que, entre otros temas, precisamente, enfrentaba el legado del gobierno fujimorista.

Sin embargo, la pretensión de Castillo no duró mucho. A los pocos minutos, sus ministros renunciaron y varias instituciones rechazaron el golpe de Estado. Las Fuerzas Armadas comunicaron que no acatarían las decisiones adoptadas fuera del marco constitucional, como muestra de su oposición a lo expresado por Castillo Terrones.

Acorralado por la falta de respaldo, Pedro Castillo –que gobernó desde julio de 2021– fue detenido y trasladado a la Prefectura de Lima, en donde se inició el proceso penal por el delito de rebelión.

DETENIDO. El expresidente Pedro Castillo fue trasladado de la Prefectura de Lima a la Diroes.

La Fiscalía de la Nación anunció que inició diligencias preliminares contra Pedro Castillo, en su condición de Presidente, por presunta comisión del delito contra los poderes del estado y orden constitucional, modalidad de rebelión, en agravio del Estado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 346° del Código Penal.

Para el constitucionalista Heber Campos “cuando el expresidente Pedro Castillo anunció que iba a disolver el Congreso y a suspender el funcionamiento de varias de las instituciones jurisdiccionales y políticas de nuestro país, se puso al margen de la ley”.

De acuerdo con información del Ministerio Público, Aníbal Torres —extitular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y luego asesor del mismo despacho— acompañó al exmandatario en calidad de abogado, durante la intervención.

Cuatro horas después de que el expresidente Pedro Castillo Terrones quebrara el orden constitucional y diera un golpe de Estado frustrado, la primera vicepresidenta, Dina Boluarte, juramentó en el cargo y se convirtió en la primera mujer presidenta de la República en la historia del Perú.

La asunción de Boluarte se produjo luego de que el Congreso de la República acelerara la vacancia de Castillo por incapacidad moral permanente.

De esta manera, Dina Boluarte, que se desempeñaba como vicepresidenta de la República hasta hace unas horas, asumió como la sexta presidenta del país en los últimos cinco años. Su llegada a la Presidencia se produce de manera similar a lo sucedido hace cuatro años, cuando Martín Vizcarra reemplazó a Pedro Pablo Kuczynski.

El anuncio hecho por Pedro Castillo de disolver el Congreso fue el desenlace momentáneo de una eterna disputa que sostienen el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo desde el pasado 28 de julio de 2021. Pero también de cinco investigaciones por corrupción que involucran al exmandatario como líder de una presunta organización criminal.

La politóloga e investigadora Paula Távara espera que el siguiente gobierno de Dina Boluarte pueda reorganizar la gestión del Ejecutivo y que asuma un papel responsable en el actual momento político. “Ello implica que el Congreso también tome una actitud distinta a la que se ha tenido durante el gobierno del presidente Castillo, que asuma una responsabilidad también de talante democrático para recuperar esos cauces, que haya diálogo entre ambos poderes”, sostuvo.

CAMBIOS. Dina Boluarte, es la sexta presidenta en los últimos cinco años y la primera mujer en asumir el cargo en 200 años de República.

Imagen: OjoPúblico

La vacancia en el Congreso

El último miércoles 7 de diciembre el Congreso tenía previsto el debate y votación de la tercera moción de vacancia contra el entonces presidente de la República, Pedro Castillo.

Sin embargo, cerca al mediodía Castillo Terrones anunció la disolución del Parlamento a pocas horas del debate en el Pleno, pese a que hasta ese momento no había seguridad de alcanzar los 87 votos suficientes para destituirlo.

También declaró la reorganización del sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. Y decretó un toque de queda a nivel nacional entre las 10:00 p.m. del 7 de diciembre y las 4:00 a.m. del jueves 8 de diciembre.

La respuesta del Congreso, las Fuerzas Armadas y entonces ministros fue enérgica y rechazaron la medida. El presidente del Congreso, José Williams, manifestó que Castillo violó la Constitución Política al anunciar la disolución del Poder Legislativo.

Si bien el Pleno se había convocado inicialmente para votar la moción de vacancia impulsado por el congresista no agrupado Edward Málaga, se terminó votando una resolución que también resuelve la vacancia presidencial, sustentándose como principal causal el intento de disolución del Parlamento en cuatro considerandos:

• Ante la grave situación generada por el Presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, por pretender disolver el Congreso e impedir su funcionamiento de forma inconstitucional.
• En mensaje a la Nación, realizado el día de hoy, el ciudadano Pedro Castillo Terrones ha intentado usurpar funciones públicas, impedir el funcionamiento de los poderes del Estado y violentar el orden establecido por la Constitución Política.
• El artículo 46 de la Constitución Política establece que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes, y que son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas.
• Ante la flagrancia de los actos delictivos cometidos por el ciudadano Pedro Castillo Terrones, corresponde que se adopten las medidas contempladas por la Constitución Política en defensa de la democracia y el estado de derecho.

Finalmente, el Congreso aprobó con 101 votos la vacancia contra Pedro Castillo Terrones y lo destituyó del mando. Y, luego de ello, se citó para las 3:00 p.m. a la primera vicepresidenta Dina Boluarte para que tome juramento como nueva presidenta constitucional de la República.

Sobre el tema, Paula Távara sostuvo que el Congreso tomó una actitud célere acertada. “Lo que sí creo que hay que lamentar es la actitud de celebración inmediatamente después de la vacancia. Creo que la situación no es para celebrar con palmas. Se ha procedido como correspondía, pero en un momento que sigue siendo crítico para nuestra democracia y para el devenir de la política en nuestro país”.

Una disolución a solas

La decisión del vacado Pedro Castillo de cerrar el Congreso de la República no fue acordada previamente en el interior del Poder Ejecutivo, ya que no hubo una convocatoria del Consejo de Ministros y por ende tampoco hay un acta oficial para proceder.

Tras anunciarse el golpe, los ministros renunciaron y expresaron su rechazo  al quiebre del orden constitucional. También renunció a su defensa su entonces abogado, Benji Espinoza, quien luego afirmó a un medio local que le tomó por sorpresa el anuncio del exmandatario, ya que incluso tenía preparado su alegato en contra de la vacancia presidencial para exponerlo en el Pleno. “No sé quién le ha recomendado eso. Ha sido la peor decisión”, manifestó.

Y es que, es preciso mencionar que la noche anterior el exjefe de Estado había asegurado que cumpliría con ejercer el derecho a defensa en el debate de la moción de vacancia en el Pleno. “Porque soy respetuoso de los procesos y no de los atropellos que soy víctima , quiero reiterar que soy un demócrata que respeta la Constitución, la institucionalidad, el debido proceso, el estado de derecho y el equilibrio de poderes”.

Las investigaciones pendientes de Pedro Castillo

Durante su ejercicio como presidente de la República, Pedro Castillo afrontó seis investigaciones fiscales, cinco por presuntos actos de corrupción y otra por el presunto plagio en su tesis de maestría.

Fue el primer presidente de la historia peruana en ser investigado preliminarmente por el Ministerio Público por delitos asociados a su gestión. Aunque Castillo intentó anular la orden que dispuso el inicio de estas investigaciones penales, la Corte Suprema de Justicia desestimó dicho pedido y confirmó la decisión de la Fiscalía.

El expresidente de la República tiene abiertas cinco carpetas fiscales relacionadas a posibles actos de corrupción: por la presunta intervención irregular en la compra de biodiesel por parte del Estado a favor de Heaven Petroleum Operators (caso PetroPerú); la presunta participación en la fuga del Fray Vásquez Castillo —sobrino de Pedro Castillo— y funcionarios del entorno presidencial.

Asimismo, también se le investiga a Castillo como presunto líder de una organización criminal que habría favorecido con una licitación irregular al Consorcio Puente Tarata III (caso MTC y Provías). Otras dos pesquisas están relacionadas al caso del ascenso en las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú; y también por el presunto delito de encubrimiento personal contra la administración de justicia, tras la separación del entonces ministro del Interior Mariano González Fernández.

Una última investigación en contra de Castillo fue por su posible intervención en las presuntas adjudicaciones irregulares a constructoras vinculadas con el entorno presidencial (caso Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento). Por este último caso, la cuñada e hija adoptiva del presidente Pedro Castillo, Yennifer Paredes, estuvo recluida de manera preventiva.

Tres de estos casos (PetroPerú, MTC y Provías, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento) fueron la base de la denuncia constitucional que el pasado 11 de octubre remitió Patricia Benavides, fiscal de la Nación, al Congreso de la República para que le permitiera seguir la investigación en fase de investigación preparatoria.

En dicho documento, Benavides denunció a Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y presunto cómplice de colusión. La denuncia también incluía a los exministros Geiner Alvarado y Juan Silva, este último prófugo.

Las delaciones en la antesala de la vacancia

Esta semana se conocieron las declaraciones del exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Salatiel Marrufo, quien declaró que entregó S/ 450.000 al presidente Pedro Castillo.

Además de ello, Marrufo —que es investigado en el marco del caso Asesores en la Sombra— dijo que en enero de 2022 Geiner Alvarado, exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, le dio al exmandatario Pedro Castillo otros S/500.000, los cuales provenían de los pagos hechos por la empresaria Sada Goray, de MarkaGroup.

Estas entregas de dinero, según Marrufo, eran por lo general de manera mensual y tenían como objetivo que tanto él como el exministro Geiner Alvarado permanezcan en sus respectivos cargos.

Durante su intervención ante la comisión del Congreso, el exfuncionario también manifestó que, en diciembre de 2021, se le entregó S/1 millón como bolsa de pago al expresidente Castillo para el pago de algunos congresistas a fin de que estos voten en contra de la vacancia.

DECLARACIÓN. El exjefe del gabinete de asesores del MVCS, Salatiel Marrufo, declaró ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.

Imagen: Congreso de la República.

Por otra parte, Salatiel Marrufo mencionó que a Gloria Castillo Terrones, hermana del expresidente, también se le entregó un total de S/480.000, por armadas. Según el investigado Marrufo, el exmandatario Castillo y el exministro Geiner Alvarado conocían de estas entregas.

Además, de acuerdo con el testimonio de Marrufo, Pedro Castillo solicitó S/2 millones en el marco de las órdenes de prisión preventiva solicitadas en contra de Fray Vásquez Castillo, Gian Marco Castillo y Bruno Pacheco: S/500.000 en la primera instancia y S/1,5 millones en el recurso de apelación.

Estos S/1,5 millones habrían sido coordinados con Abel Cabrera y Gloria Castillo Terrones. Y parte de dicho monto provino del dinero pagado por la empresaria Sada Goray, de MarkaGroup. Según sus propias declaraciones, Marrufo sostuvo haber recibido más de S/ 4,5 millones por parte de Goray.

Tras ello, los congresistas Patricia Chirinos y Pasión Dávila le preguntaron a Marrufo si a él le constaba que el presidente Pedro Castillo recibió montos de dinero. El exfuncionario de la cartera Vivienda respondió que sí ante dichas consultas.

“Son dos circunstancias: la primera que yo le entregué personalmente el 16 de mayo de 2022. La segunda fue en circunstancias en que el señor ministro [Geiner Alvarado] llama al señor presidente por Signal. Entre otros temas, se toca el apoyo económico que se estaba haciendo llegar. El presidente expresa las gracias por ello. Con eso, pude corroborar que en efecto el dinero llegaba donde el señor presidente”, narró Marrufo.

Las revelaciones de Marrufo también involucraron a periodistas: el exfuncionario declaró que le entregó S/100.000 a Lalo Capuñay, de Exitosa, a cambio de que el periodista Nicolás Lúcar se rectifique en su programa sobre lo que decía acerca de Marrufo.

En tanto, Marrufo dijo haberse reunido con el periodista Mauricio Fernandini, quien se desempeñaba como intermediario de la empresaria Sada Goray.

¿Cuáles son los escenarios futuros tras la vacancia y un nuevo gobierno? “Yo diría que el panorama es sombrío todavía. Estamos en un momento crítico: se empoderan ciertas posiciones radicales en la oposición; es una presidenta débil que no tiene realmente bancada en el Congreso, porque ha sido expulsada de Perú libre. Estamos en una situación bien precaria”, advierte el politólogo Paolo Sosa sobre el escenario político futuro.

“Hay un poco de optimismo al sentir de que una intentona autoritaria no prospera, pero al mismo tiempo hay que ser conscientes de que eso sucede no tanto por la fortaleza de nuestras instituciones, sino sobre todo por la debilidad de este actor que ha intentado llevar adelante un golpe de Estado”, dice Sosa.