Luego del recuento de 45 muertes en un mes de gestión de Dina Boluarte y del gabinete Otárola, resulta extremadamente difícil que el país se reconcilie o que se encuentren caminos de diálogo con los mismos actores que han ocasionado la enorme tragedia que enluta a decenas de familias peruanas y a la propia sociedad. Aquí no hay explicaciones fáciles y menos justificaciones tratando de responsabilizar a “otros” de la crisis política y de las muertes. Aquí lo que hay es la suma de todas las incompetencias y taras que tienen la clase política, los partidos, la prensa y los líderes de opinión, para quienes resulta muy fácil y simplista acusar a otros y cerrar los ojos.
Insulta a la inteligencia decir que fue Evo Morales o los separatistas puneños los que han causado la tragedia, al punto de creer que cerrando la frontera ya no se repetirán las movilizaciones; o decir: es la minería ilegal la que financia las movilizaciones, cuando antes, esa mismo negocio ilegal les financiaba sus campañas, y en el Congreso decretaban leyes para que opere con impunidad. O cuando denuncian a los puneños y a los aymaras como promotores de la división del país tratando como “aymarazos” lo que son demandas de carácter político de una población que reclama salidas políticas; dándole, por lo demás un trato peyorativo y excluyente a una de las poblaciones fundamentales de la identidad peruana.
Solo hay una forma de entender lo que está pasando en el sur: a lo largo de estas dos décadas se han forjado identidades regionales muy fuertes que se han enfrentado al centralismo político. Nunca como ahora quedó en evidencia que los poderes públicos centralizados en Lima no son ni bien recibidos ni bien respetados por los pueblos del sur. No quieren al Congreso de la República, a pesar de que eligen a congresistas para que los representen pero que inmediatamente después los desprecian si no se someten a la voluntad de las organizaciones regionales. No le dan un tiempo de tregua al presidente que eligen porque inmediatamente le apremian a que cumplan con sus promesas, la mayor parte de ellas incumplibles.
Son precisamente esas identidades regionales: arequipeñas, ayacuchanas, cusqueñas, puneñas (quechuas y aymaras) tacneñas, las que se expresan en esas movilizaciones y en el pedido de “que se vayan todos”. Y son esas poblaciones que durante estas dos décadas de conflictos han aprendido a luchar, a confrontarse en carreteras y calles, a golpear los puntos vulnerables y que poseen una gran capacidad de movilización (y de recursos, también). Lo que se evidencia, además son los graves límites que tiene el sistema político y los profundos desencuentros históricos.
Algunos historiadores consideran que las revoluciones se producen no porque existan condiciones intolerables para la población, sino porque se evidencian actitudes irreconciliables.
Creo que estamos en esta situación: en la clase política peruana y en los grupos de poder existen actitudes irreconciliables con los pueblos del sur, con sus demandas, con sus dirigentes gremiales y políticos. Los han “terruqueados a todos”, los han calificado como mineros ilegales, casi delincuentes. ¿Con quién van a dialogar, entonces? El inútil Acuerdo Nacional no los incluye y menos los consideran como actores legítimos.
Difícil momento el que estamos viviendo, y en donde no veo soluciones a la vista.
