El Poder Judicial sostiene que las reformas a la ley permitirán que el crimen continúe operando sin obstáculos, afectando la seguridad y limita las opciones para la recuperación de bienes ilícitos en el país
Marlon Carrasco FreitasEl Poder Judicial expresó su preocupación por las recientes aprobadas y publicas modificaciones a la Ley de Extinción de Dominio, señalando que el cambio legislativo podría tener graves repercusiones en la lucha contra el crimen organizado, el sicariato y otras formas de violencia que azotan al país. Según la institución, estos cambios ponen en riesgo los avances alcanzados en los últimos años en la recuperación de activos ilícitos.
El comunicado emitido por el Poder Judicial alerta sobre cómo la nueva legislación podría debilitar la capacidad de las autoridades judiciales para decomisar bienes provenientes de actividades ilegales, lo que a su vez facilitaría que los grupos criminales sigan operando con impunidad. La reforma, que introduce cambios clave en los procedimientos de decomiso sin condena, también afecta de manera directa los esfuerzos del país para frenar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Comunidad internacional puede sancionar a Perú
El Poder Judicial advierte que, con esta modificación, Perú podría estar incumpliendo compromisos internacionales esenciales, lo que aumentaría el riesgo de que el país sea incluido en un grupo indeseado.
“En consecuencia, nuestro país corre el riesgo de ser incluido en listas de alto riesgo económico, como la denominada “gris oscura” o incluso la “lista negra”. Esto impediría acceder a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)“, se lee en el documento.
Además, las sanciones internacionales podrían perjudicar la imagen del país ante el Grupo de Acción Financiera Internacional para América Latina (GAFILAT) en el periodo 2025-2029, el cual supervisa el cumplimiento de normas y el avance en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Debilita lucha contra el crimen
La Ley 32326 también plantea un desafío para las autoridades nacionales encargadas de combatir el crimen organizado, ya que no se decomisarán los activos ilícitos, lo que debilitaría la capacidad del país para frenar actividades criminales.
En palabras del Poder Judicial, “la reforma legislativa debilitará la labor del subsistema nacional ya que los activos ilícitos seguirán circulando libremente en el mercado, mientras que la criminalidad organizada, minería ilegal, sicariato, extorsión, tráfico ilícito de drogas, corrupción, lavado de activos, tráfico de recursos naturales, así como la trata de personas, continuarán causando muerte, dolor y zozobra en todo el país”.
De acuerdo con el comunicado, la modificación de la Ley de Extinción de Dominio pone en peligro la estabilidad del sistema judicial, puesto que las medidas actuales de decomiso de bienes ilícitos han demostrado ser una herramienta clave para desmantelar organizaciones criminales. En ese sentido, el Poder Judicial insta a las autoridades a reconsiderar los cambios realizados, ya que podrían propiciar la continuación de la violencia y el deterioro de la seguridad ciudadana en las regiones más afectadas por la creciente violencia.
Importancia de la Ley de Extinción de Dominio
En su pronunciamiento, el Poder Judicial destaca la importancia de la Ley de Extinción de Dominio en la lucha contra el crimen. De acuerdo a la institución, “la existencia de la especialidad de decomiso sin condena o extinción de dominio es un esfuerzo internacional para retirar del comercio ilícito los activos utilizados u obtenidos fuera de la ley”.
En ese sentido, destacó los resultados positivos alcanzado desde su implementación. “Desde 2019 hasta el primer trimestre de 2025, se han logrado recuperar más de 172 millones de dólares, producto del decomiso de bienes relacionados con actividades criminales”, se lee en pronunciamiento.
Según el comunicado, este mecanismo ha resultado ser una herramienta efectiva para combatir numerosos delitos y decomisar bienes ilegales que el derecho penal no puede alcanzar: testaferratos, tráfico de datos, suplantación de identidad, uso del mercado negro, etcétera.
