Las bancadas de Fuerza Popular y Renovación Popular presentaron mociones de interpelación contra el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, para que asista al Congreso de la República. Legisladores de otros grupos políticos como Avanza País, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú y Acción Popular se unieron a las iniciativas planteadas por Alejandro Aguinaga y Jorge Montoya.
En el documento promovido por el fujimorismo se lee que el titular del Mindef responda trece preguntas referidas a las lamentables muertes de seis soldados del Ejército peruano que ocurrió el último domingo en el río Ilave, en la región Puno. Asi, el ministro Chávez Cresta deberá explicar si los finados recibieron un entrenamiento para evitar morir ahogados tal como los medios locales reportaron.
Además, el titular de la cartera de Defensa tendrá que dilucidar si ordenó o no que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas realice este tipo de operaciones en Puno. Seguidamente, si sabía de la existencia de algún plan de inteligencia para contrarrestar los enfrentamientos con los protestantes, el nombre del oficial a cargo de la operación, las acciones que están tomando para acompañar a las familias de los deudos.
Finalmente, en la interpelación se menciona que ministro Chávez responderá sobre los lineamientos que el jefe supremo de las Fuerzas Armadas ha dictado para restablecer el orden en el sur del país.
Hay que mencionar que los congresistas Roberto Chiabra y José Cueto han pedido que titular de Defensa deje su cargo.
“La muerte de los cinco soldados en Ilave tiene un costo político. El doctor que está de Mindef debe renunciar por dignidad personal”, escribió Chiabra en su cuenta de Twitter.
“Acá hay responsabilidad no solo política del ministro de Defensa y del Ministro del Interior, que ya deberían dar un paso al costado, acá también hay una responsabilidad compartida porque desgraciadamente la población en su mayoría en estas zonas sigue siendo azuzada por un grupo de violentistas (…) pero se tiene que restablecer el orden”, señaló Cueto a RPP Noticias.
Este caso llamó la atención de la Defensoría del Pueblo que solicitó una inmediata y rigurosa investigación para esclarecer la muerte de los seis soldados.
“Nuestra solidaridad con los familiares de los efectivos del Ejército peruano que lamentablemente han perdido la vida en circunstancias que tienen que ser materia de investigación. Desde la Defensoría del Pueblo, apenas tomamos conocimiento de los hechos, hemos coordinado con el jefe del área de emergencia del hospital para que se garantice la atención de los soldados rescatados”, declaró Jacinto Ticona, jefe de la oficina de la Defensoría en Puno, en Exitosa.
Por lo pronto, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre, responsabilizó a un grupo de manifestantes que “atacó” con una “lluvia de piedras” a la tropa que terminó ahogándose en el río Ilave.
Muertes en el Vraem
Por su parte, en la moción de Renovación también se encuentran las mismas interrogantes sobre los fallecidos de Puno. Sin embargo, la agrupación de Rafael López Aliaga también requiere las respuestas del ministro de Defensa respecto a las muertes de siete efectivos de la Policía Nacional del Perú [PNP] que fueron asesinados en la provincia de la Convención, en Cusco, luego de una emboscada de los remanentes del grupo terrorista Sendero Luminoso hoy dedicados al narcotráfico.
Un vehículo de la comisaría de Natividad, en el distrito de Pichari, fue emboscado en una quebrada a 20 minutos de la localidad de Puerto Cocos, donde iban a realizar una diligencia. Inicialmente se reportaron cuatro fallecidos entre los efectivos policiales que conformaban la patrulla, pero luego el número se elevó a siete. Las víctimas son efectivos de la División Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) y la comisaría de Natividad.
Si bien la Policía terminó afectada por el atentado narcoterrorista, el control del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro [Vraem] está a cargo de la cartera de Defensa. Por ello, el ministro Chávez Cresta también estará en la obligación de aclarar cuales son las medidas que están tomando para evitar que más integrantes de la PNP terminen ultimados por los remanentes de Sendero.