El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, se pronunció respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) a favor de que el Congreso pueda acusarlo constitucionalmente en tanto ocupa dicho cargo en su calidad de magistrado de la Corte Suprema.
Sobre ese planteamiento, Salas Arenas, en un discurso emitido ayer, viernes, en la Universidad Privada de Tacna, expresó su desacuerdo al señalar que no tiene “asidero jurídico ni funcional”.
“El argumento refiere a que (el presidente del JNE) es designado por la Corte Suprema y, por tanto, puede ser sometido a control político; ello no encuentra asidero jurídico ni funcional, por cuanto, en principio, el JNE no es una extensión del Poder Judicial: es un órgano constitucional autónomo”, sostuvo.
En ese sentido, subrayó que las funciones y competencias del jurado electoral son diferentes a las demás prerrogativas previstas en el sistema jurídico y que el enjuiciamiento de un alto funcionario se relaciona con actos efectuados en el ejercicio del cargo para el que fue elegido.
“El presidente del JNE, al realizar función jurisdiccional electoral, no desarrolla las funciones de juez de la Corte Suprema de Justicia; por tanto, no puede aplicársele el juicio político, ni la prerrogativa del antejuicio”, reiteró.
“El sistema electoral está sumamente atacado”
Asimismo, Salas Arenas señaló que las cabezas de los órganos electorales – JNE, Reniec y Onpe– están siendo atacadas porque a algunas personas les resultan “incómodas”.
“El sistema electoral, en este momento, está sumamente atacado. Han visto muchas formas los atacantes para deshacerse de las cabezas del sistema electoral porque les son incómodas. Algunas personas no están acostumbradas a la independencia de los jueces (…), preferirían los ‘papelito manda’ o lo que aparece en los videos (…) de la salita del SIN“, sostuvo.
Además, señaló que el “fantasma del fraude” de las últimas elecciones presidenciales ha servido para “acunar discursos de odio”.
“El fantasma del fraude es eso, una fantasía perversamente sostenida y que ha servido para acunar los discursos de odio producto de la labor de los haters, los odiadores profesionales (…) que reciben remuneración por expresar su odio”, indicó.
“Hemos hecho lo que teníamos que hacer y lo seguimos haciendo. Desde luego, hay gente que discrepa, los jueces sabemos que hay gente que discrepa con las resoluciones (…) y hay formas para reclamar”, agregó.
