Retroceso. Titular de superintendencia, Manuel Castillo, abrió paso a que su excliente consiga lo que antes no podía: que la entidad lo reconozca como rector, pese a serios cuestionamientos a su elección. Procuradora anticorrupción denunció a ambos ante la Fiscalía por delitos contra la administración pública.
La contrarreforma universitaria, como se conoce al desmantelamiento de políticas de mejora de la formación en este nivel, ha sido negada por el Gobierno, pero la Sunedu (Superintendencia Nacional de Educación Superior) sigue cayendo en el descrédito con una nueva gestión que suma cuestionamientos, retrocesos y denuncias.
En la madrugada del lunes, la Sunedu publicó un comunicado en que rebate lo revelado por el programa televisivo Punto final, de Latina, y el sitio web Ojo Público: que el jefe de esta entidad, Manuel Castillo, había favorecido a su excliente, el abogado y docente Santos Montaño, al reconocerlo rector de la Universidad Nacional de Piura (UNP), pese a que la superintendencia había dispuesto no hacerlo por irregularidades en su elección, en la anterior gestión.
El actual jefe de la Sunedu había sido abogado de Montaño en sus reclamos para que lo registren como titular del rectorado de su universidad. Poco después de asumir la jefatura de la superintendencia, su patrocinado logró lo que antes no conseguía: que esta entidad lo validara en el cargo al que aspiraba.
Jefe. Castillo, en un mes a cargo, ya tiene demanda por corrupción. Foto: difusión
En su pronunciamiento, la entidad alega que Castillo no participó en el procedimiento que llegó a admitir como máxima autoridad de la UNP a Montaño, sino que esta había sido una decisión de la Unidad de Registro de Grados y Títulos de la superintendencia. Además, aduce que el titular de la Sunedu “planteará inhibición por decoro” en los casos vinculados a la mencionada universidad piurana, donde también ha sido docente y donde ha tenido cargos directivos.
Sin embargo, Castillo dio la resolución de consejo directivo 013-2023, el 24 de marzo último, que ordenó derogar la resolución 158-2019, que había aprobado disposiciones de supervisión de elecciones de universidades y dejar “sin efecto todas las disposiciones normativas y administrativas dictadas en atención a este marco normativo”, es decir, las decisiones de la Sunedu que se sostenían en ese reglamento sobre comicios.
Ese fue el caballo de Troya: una medida que derivó de la normativa de supervisión electoral de la Sunedu fue la resolución 029-2021, que dispuso no reconocer a Montaño como rector de la UNP por irregularidades detectadas en su elección: no se cumplió con la votación universal establecida por la ley al excluir a los alumnos de posgrado; incorporar nuevos estudiantes cuando el cronograma ya lo prohibía; instalar mesas incompletas, entre otros hechos.
Por lo tanto, Castillo sí dio una norma que terminó abriendo paso al reconocimiento de su expatrocinado como rector.
Cliente. Montaño además enfrenta caso de presunto desfalco. Foto: difusión
La Sunedu también dice en su comunicado que la validación de Montaño fue solicitada en el 2022 por la UNP, pero fue el mismo Montaño quien el 27 de marzo último solicita a la Sunedu que se evalúe reconocerlo. En respuesta a este pedido, la abogada Prysyla Flores Matienzo, recién contratada en la entidad, da un informe en que concluye que el excliente de Castillo debe ser admitido como cabeza de la UNP solo una semana después.
El abogado que se dedicaba a hacer este tipo de informes fue enviado a tomar vacaciones y terminó renunciando, según fuentes de la superintendencia.
El informe favorable a Montaño aduce que Sunedu ya no tiene competencia para supervisar elecciones de universidades. Y considera esto porque la resolución 013-2023, que dio Castillo, derogó las disposiciones en materia electoral “dejando sin efecto todas las disposiciones normativas y administrativas dictadas en atención a este marco normativo”, entre ellas, la resolución 029-2021, que ordenaba no reconocer a Montaño.
Para la anulación del reglamento sobre elecciones, a su vez, se hizo otro informe que lo justificaba. Lo dio la oficina de asesoría jurídica de la entidad, jefaturada por el excongresista fujimorista Carlos Mesía, el 14 de marzo, con casi dos semanas de la nueva gestión de Castillo.
Además de la controversia por su elección, Montaño enfrenta un proceso judicial por un presunto desfalco con maestrías dictadas en Ecuador. En este caso, el hoy reconocido rector tiene orden de comparecencia con restricciones.
Jurídico. Mesía sustentó anulación de reglamento, decisión a la medida. Foto: difusión
Un antecesor de Montaño en el rectorado, Omar Vences, recibió mandato de prisión preventiva, pero logró anularla.
En el 2012, Castillo apareció en las noticias cuando era decano de la Facultad de Derecho de la UNP y fue grabado con una cámara escondida. Entonces, el hoy jefe de la Sunedu hablaba de direccionar nombramientos de profesores a favor de unos y en contra de otros. “Estamos en una universidad nacional donde políticamente se manejan los concursos, pues”, se le escucha.
Para defenderse de esta polémica en ese tiempo, argumentó que estaba siendo extorsionado. Ese es el jefe de la Sunedu identificado con la contrarreforma universitaria, según advierten diversos sectores del país.
A esto se suman las cercanías y buenas migas con rectores antirreforma y cuestionados por manejos de sus universidades.
Ante esto, el Sindicato de Trabajadores de la Sunedu se pronunció en defensa de la calidad universitaria. Rechazó las expresiones de Castillo cuando calificó las anteriores gestiones como “draconianas”, “sicaria” o “inquisidora”.
Abogada. Flores dio informe célere a favor de expatrocinado de su jefe. Foto: difusión
Denuncia y voz
La Procuraduría para Delitos de Corrupción denunció a Castillo y Montaño ante la Fiscalía por la validación del segundo en el cargo de rector.
La procuradora adjunta, Yudith Villegas, presentó la demanda por delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, y demás ilícitos que pudieran advertirse en la investigación.
Según el Código Penal, la negociación incompatible tiene una pena de prisión no menor de cuatro ni mayor de seis años.
Otra denuncia y retroceso.
Reacciones
Susel Paredes, congresista
“Como en la entrega del Óscar, le pone alfombra roja a los rectores en la Sunedu. Y luego dice que la superintendencia es igual a un padre amoroso. Entonces, se acabó la supervisión a las universidades”.
Samuel Rotta, director de Proética
“Es un evidente conflicto de intereses. Es lamentable que el ahora rector diga que no hay nada malo. Es una expresión de la descomposición acelerada del liderazgo de una entidad que estaba avanzando”.
Ruta del favorecimiento
Unidad de Grados aduce que se reconozca a Montaño porque su sanción fue anulada por resolución que dio Castillo.
