A inicios de enero, salió nueva información sobre cómo se vendría mal utilizando los cargos de prefectos y subprefectos de San Martín para que apoyen en el proceso de inscripción de Ciudadanos por el Perú.
La Procuraduría Pública Especializas en Delitos de Corrupción —con sede en San Martin— denunció a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la República, Dina Boluarte, y a su colaboradora Griselda Herrera Vásquez por el presunto delito contra la administración pública, luego que informes periodísticos revelaran que presionaban a prefectos y subprefectos de la región para que ayudasen en el proceso de inscripción de Ciudadanos por el Perú ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
“La denuncia se basa en información que revela que Nicanor Boluarte habría gestionado la designación de prefectos y subprefecto en San Martín, con la finalidad de que estos recaben firmas y así logren inscribir su partido político ante el JNE”, se lee en el documento.
En este sentido, la Procuraduría indica que el presunto delito habría contado con la participación de Griselda Herrera, quien se habría encargado de seleccionar y coordinar la actuación de funcionarios para que cumplan con llenar las fichas de afiliación y también habría requerido el pago de sumas de dinero para la mencionada organización política.
La operadora de Nicanor Boluarte en San Martín
Se trata de Griselda Herrera, quien es señalada —de acuerdo a información difundida por ‘Cuarto poder’— como la operadora política de Nicanor Boluarte para manejar a los prefectos y subprefectos en la región San Martín. Sus excolaboradores la señalan como una profesora drástica y a la que le gusta ordenar y mantener bajo amenaza a los citados funcionarios.
“Ella tenía el poder, por órdenes de arriba, por órdenes del número dos, que es el señor Nicanor, de ordenar que tal prefecto vaya o tal lo cesas, porque son órdenes”, dice el médico Armando Villalobos, quien fue nombrado prefecto provincial de San Martín.
Tras la caída de Pedro Castillo, la operadora de Nicanor Boluarte pasó a manejar, en las sombras, a todos los prefectos y subprefectos en la región San Martín. Cada afiche, cada firma de los nuevos afiliados al partido CPP están siendo recabados por funcionarios públicos, por prefectos y subprefectos.
“Era requisito. Una de las funciones era que todo subprefecto debía llenar las fichas para afiliarse al partido político. ¿Cuántas le pidieron? 80 fichas”, dijo Mac Sánchez, subprefecto del distrito de La Banda de Shilcayo. “El condicionamiento es ‘si no cumples fichas, te vas al cargo’. Si no cumples, te vas del cargo’”, agregó Agustín Soria, subprefecto distrital de Alberto Leveau.
Cobrarían mensualidades a prefectos
Se creó el grupo de WhatsApp CPP Tarapoto. Ahí, Griselda Herrera y su esposo Fernando Navarro notificaban a los prefectos y subprefectos los avances en la inscripción del partido CPP ante el Jurado Nacional de Elecciones. Algunas de estas autoridades dicen haberse sentido amenazadas y con riesgo de perder sus cargos si no colaboraban.
Los problemas se incrementaron cuando, además de firmas, les exigieron bolsas de dinero para que la coordinadora del partido de Nicanor, Griselda Herrera, lo administre. Se señala que se pedía un monto de S/50 por casa subprefecto de manera mensual. Se recaudaban cientos de soles para la inscripción del CPP ante el JNE.
