El procurador general, Daniel Soria, solició al Poder Judicial que se embarguen los bienes muebles e inmuebles dado que existe una “pretensión civil resarcitoria” sobre ambos exfuncionarios por el presunto delito de rebelión en agravio del Estado.
La Procuraduría General de Estado (PGE) solicitó a la Corte Suprema de Justicia el embargo de bienes muebles e inmuebles contra el expresidente Pedro Castillo y quien fuera primer ministro de su Gabinete, Aníbal Torres.
Según indicó el titular de dicha entidad, Daniel Soria, la solicitud se ampara en la condición de “actor civil constituido” en representación del Estado que tiene la PGE, por lo que pidió “se dicte las medidas cautelares reales de embargo en forma de inscripción e inhibición” sobre los bienes muebles e inmuebles de los referidos exfuncionarios, por el proceso que se sigue por el fallido golpe de Estado del pasado diciembre.
Pide resarcimiento a favor del Estado
El procurador general precisó que se hizo la consulta respectiva de los bienes muebles e inmuebles de ambos investigados en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) y remitió dicho listado al Poder Judicial para que se declaren fundadas las medidas cautelares solicitadas.
“Ello en atención a que la pretensión civil resarcitoria inicialmente solicitada por nuestra parte asciende a S/67 711 048.33 millones, el cual fue solicitada en nuestra condición de actor civil, el mismo que fue declarada fundada por su despacho”, refiere el documento.
La PGE solicitó la incautación de bienes inmuebles del exmandatario Castillo Terrones tales como tres predios rurales en Chota, Cajamarca y una casa en el distrito de Tacabamba en dicha región.
En lo que respecta a Aníbal Torres, se pide el embargo de ocho propiedades inmuebles como las ubicadas en un edificio de calle Los Eucaliptos en el distrito limeño de San Isidro y otras ubicadas en el jr. Pando en el Cercado de Lima. Además, un vehículo jeep color negro.
Procuraduría pidió iniciar diligencias contra 3 congresistas
La Procuraduría General del Estado (PGE) solicitó ayer, martes, a la Fiscalía de la Nación que inicie las diligencias preliminares contra los parlamentarios Raúl Doroteo (Acción Popular), Javier Padilla (Renovación Popular) y Silvana Robles (Perú Libre).
El motivo de las investigaciones sería el presunto reembolso irregular de gastos de combustible en días en los que no habrían tenido actividades oficiales o de representación.
En ese sentido, el procurador general, Daniel Soria, indicó que dichas diligencias se enmarcan en la “presunta comisión del delito de peculado doloso en agravio del Estado” por parte de los referidos congresistas.
