Tras la muerte del exdictador, la audiencia por el asesinato de seis pobladores de Pativilca prosigue. La defensa de Fujimori solicitó la extinción de la acción penal, por la cual se solicitaba 25 años de prisión. Pero el procurador público pidió continuar en el fuero civil para determinar un posible monto de reparación
Elio Riera, abogado defensor del fallecido expresidente Alberto Fujimori, ha solicitado este viernes 13 de septiembre que se declare la extinción de la acción penal en contra de su cliente tras su fallecimiento el 11 de septiembre. Esta petición se realizó durante la audiencia del caso Pativilca, en el que se juzga a varios acusados por delitos graves como homicidio calificado, asesinato y desaparición forzada.
La audiencia, que fue reanudada por el Poder Judicial, está a cargo de la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria de la Corte Superior Nacional, presidida por la jueza Miluska Cano López. En esta misma sala, este año, el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos recibió una sentencia de 19 años de prisión por el caso Pativilca y La Cantuta.
Durante la sesión, la representante de la Fiscalía y la abogada de la parte civil, Gloria Cano, expresaron su acuerdo con la solicitud de extinción penal presentada por la defensa de Fujimori. En contraste, el representante de la Procuraduría de Orden Interno pidió que el juicio continúe en la parte relativa a la responsabilidad civil hasta que se emita una sentencia final, y se determine un posible monto por reparación civil si se encuentra responsabilidad.
La jueza Miluska Cano destacó que, aunque es de conocimiento público el fallecimiento del acusado, se requiere el acta o certificado de defunción oficial antes de emitir cualquier pronunciamiento. Además, señaló que la solicitud de la Procuraduría sobre la continuación del proceso para determinar la responsabilidad civil será resuelta en la próxima sesión.
El caso Pativilca involucra a cinco agentes del Grupo Colina que, en junio de 2024, aceptaron su responsabilidad en los asesinatos alevosos de seis pobladores del distrito de Barranca, crímenes considerados de lesa humanidad. Alberto Fujimori enfrentaba 25 años de prisión por estos hechos y había decidido no acogerse a la conclusión anticipada del juicio, opción que sí aceptó su exasesor Vladimiro Montesinos.
En la audiencia del 29 de enero, Fujimori manifestó: “No me voy a acoger a la conclusión anticipada”, y su abogado Elio Riera añadió que “queremos demostrar la inocencia del señor expresidente en cada acto que vaya a hacer la digna sala”. En contraste, Montesinos optó por la conclusión anticipada, aceptando de este modo su responsabilidad en los hechos que se le imputaban.
El asesinato de seis personas en Pativilca en 1992
El 29 de enero de 1992, Jhon Gilber Calderón Ríos, César Olimpio Rodríguez, Toribio Joaquín Ortiz, Pedro Agüero, Nieves Arias y Felandro Castillo fueron asesinados en la comunidad de Pativilca durante un operativo de inteligencia. Los culpables de estos actos son ahora el foco de un juicio oral que, después de años de espera, ha comenzado con la participación de figuras prominentes como Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, Julio Rolando Salazar Monroe, Nicolás Hermoza Ríos, Juan Rivero Lazo, y Federico Augusto Navarro Pérez.
La inclusión de Fujimori en este proceso judicial se debió a la ampliación de su extradición, aprobada por la Corte Suprema de Chile. Los principales cargos contra los acusados son por homicidio calificado debido a la crueldad del asesinato de las víctimas, quienes fueron secuestradas en sus domicilios y posteriormente ejecutadas en un cañaveral cercano a Pativilca.
El proceso judicial también aborda otros crímenes atroces, tales como el secuestro y desaparición forzada de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta en julio de 1992. Este incidente representa uno de los casos más terribles de violaciones a los derechos humanos durante el régimen de Fujimori y sus colaboradores.
A pesar del prolongado tiempo que ha tomado llegar a este juicio oral, los familiares de las víctimas, junto con Aprodeh (asociación encargada de su representación legal), mantienen la esperanza y la convicción de que los responsables serán sancionados.
Fuente; Infobae