Ministra Marquéz adelantó que acudirá al Tribunal Constitucional si el Congreso de la República insiste en defender asunción sin evaluación de profesores de colegios públicos que tengan más de tres años como contratado
La titular del Ministerio de Educación (Minedu), Magnet Márquez, adelantó que desde el Ejecutivo interpondrán una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la ley de nombramiento de docentes, aprobada el pasado 21 de junio por el Congreso de la República con 80 votos a favor, 28 en contra y seis abstenciones.
Como se recuerda, el proyecto legislativo presentado por el parlamentario Pasión Dávila (Perú Libre) plantea el nombramiento sin evaluación de profesores de colegios públicos que tengan más de tres años como contratados.
“Ese proyecto de ley deja de lado la meritocracia, pues establece que los docentes sean nombrados sin ninguna evaluación; sin embargo, la ley indica que debe haber una evaluación en los procesos de nombramiento”, dijo la ministra luego de inaugurar la IE N.° 035 Maravilla de Jesús, en el distrito de La Victoria, en Chiclayo, en la región Lambayeque.
![Iniciativa permitirá el nombramiento de los docentes contratados con 3 años a más de servicio.](https://www.infobae.com/new-resizer/M7r8y16ZrETLZFlNrXJFJnRiK4k=/arc-anglerfish-arc2-prod-infobae/public/WJPBPC7ZU5BHJO3DPPYP7KK5PU.jpg)
“Es necesario que escojamos a los mejores maestros, y ese proyecto de ley haría mucho daño y perjudicaría a los que menos tienen, que son los que van a las escuelas públicas. […] El maestro es un factor fundamental en el proceso educativo y el sector seguirá defendiendo el derecho de los niños y jóvenes a tener docentes calificados”, sostuvo.
Sobre el argumento de reconocer el trabajo de los profesores contratados, indicó —anteriormente— que lo que debe priorizarse es la capacidad: “Nosotros, para nombrar docentes hacemos un concurso donde participan más de 300 mil personas, entonces de ahí seleccionamos a los mejores profesionales”.
Cabe mencionar que, un día después de haberse aprobado dicha ley, la cartera emitió un comunicado en rechazo de la decisión congresal y mencionó que “afecta el derecho a la igualdad de oportunidades de miles de postulantes que participan en los concursos de ingreso, y de los maestros que han logrado su nombramiento en función a sus méritos”.
“El ingreso a la Carrera Pública Magisterial se realiza a través de concurso público, evento en el cual los postulantes rinden una prueba nacional y una evaluación descentralizada en las que demuestran sus conocimientos, capacidad didáctica, formación, méritos y experiencia”, afirmó.
![Institución también se mostró en contra del nombramiento automático docente.](https://www.infobae.com/new-resizer/CrATJ5f1sR-bl31eqNgaKrT__7w=/arc-anglerfish-arc2-prod-infobae/public/45LEUKU7FVHQJBJ5Z4QAT4VAAY.jpg)
Al respecto, el Consejo Nacional de Educación (CNE) también emitió un pronunciamiento en contra de la iniciativa y exhortaron al Poder Legislativo reconsiderar su aprobación por “atentar contra la necesaria meritocracia magisterial”.
“Consideramos que el referido proyecto de Ley desincentiva el esfuerzo y la formación continua de los tutores que han ingresado y que postulan a la Carrera Pública Magisterial por mérito propio, al otorgar el mismo beneficio a los docentes contratados que no han participado en procesos de nombramiento, como establecen las normas vigentes”, agregaron.
“Eso no se va a aprobar”
Sobre el tema, la expresidente del Parlamento, María del Carmen Alva (no agrupada), se mostró confiada en que la iniciativa en polémica no será aprobada y adelantó que “Alianza para el Progreso y muchos otros congresistas cambiaron de postura”.
Asimismo, recordó que el Parlamento no tiene capacidad de gasto, ante las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, quien advirtió que dicha iniciativa, además de la meritocracia, afecta la caja fiscal. “El Gobierno está nombrando profesores mediante concurso y los profesores estudian, se presentan y ganan la plaza a través de la meritocracia”, indicó desde la base contraterrorista Valle Esmeralda, en Junín.
“Creo que tenemos que buscar un equilibrio, cuando una ley es expedida por el Congreso de la República, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de observarla o no, y si se observa no es un capricho. Si se observa va aparejada de un informe técnico que viene de los sectores competentes para la efectivización de esa norma”, agregó.
Fuente: Infobae