El coordinador del Equipo Especial Lava Jato señaló en diálogo con RPP Noticias que el expresidente Alejandro Toledo “ha decidido no ponerse a derecho” tras ser notificado por las autoridades de Estados Unidos sobre su extradición a Perú.
El fiscal superior Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, calificó como una buena noticia para el sistema de justicia del Perú que las autoridades de Estados Unidos hayan solicitado cambiar el arresto domiciliario contra el expresidente Alejandro Toledo por una detención luego de que se otorgarara su extradición al Perú.
“La sociedad reclama que Alejandro Toledo venga a responder por los graves cargos que penden contra él, de lavado de activos, de colusión, de tráfico de influencias, y que a partir de la decisión del gobierno de Estados Unidos para nosotros es la circunstancia de convalidación del trabajo que ha realizado el despacho del fiscal José Domingo Pérez“, indicó.
En entrevista con RPP Noticias, el fiscal precisó que, luego de que el expresidente haya sido notificado sobre su extradición, existe un “primer requerimiento” para que se entregue voluntariamente a la justicia en los Estados Unidos; sin embargo, señaló que el exmandatario, luego de haber tenido contacto con las autoridades norteamericanas “ha decidido no ponerse a derecho”.
“Ha decidido, más bien, cuestionar la decisión del gobierno norteamericano en el sentido de que todavía existiría una apelación por el hábeas corpus contra el juez Thomas Hixon. Entonces, en ese argumento se niega a entregarse voluntariamente. Eso ha determinado que las autoridades norteamericanas le soliciten al juez que revoque la medida de arresto domiciliario y de fianza que tenía y procedan a detenerlo para su entrega”, señaló.
Vela Barba precisó que este requerimiento para que Alejandro Toledo sea detenido todavía está pendiente de decisión por el propio juez Thomas Hixson en una audiencia fijada para el próximo 9 de marzo. Pese a esto, el fiscal se mostró optimista en que este pedido sea desestimado ya que será revisado por el juez que certificó la extradición.
“Lo primero es asegurar a Toledo porque él no ha manifestado su voluntad de someterse a la acción de la justicia porque si eso habría pasado, todo habría sido mucho más simple porque él voluntariamente se habría entregado a la justicia norteamericana y lo que quedaría solamente la coordinación administrativa y luego el aseguramiento de su traslado”, agregó.
Extradición no pasaría de ocho semanas
Sobre este tema, el fiscal superior Alfredo Rebaza, jefe de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía, consideró que la decisión de otorgar la extradición del expresidente Alejandro Toledo significa que existe “una decisión firme” para su retorno al Perú.
“De acá debemos esperar que las autoridades de Estados Unidos confirmen que esta persona ya está lista para ser trasladada y sobre ello el Perú confirma cuál sería la comitiva, seguramente de Interpol y otros funcionarios, que van a ejecutar justamente esta decisión; es decir, ir allá, ejecutar la entrega y hacer el traslado a territorio peruano”, agregó.
En diálogo con la multiplataforma de RPP Noticias, el fiscal precisó que, luego de que las autoridades norteamericanas tomaran la decisión de otorgar la extradición al expresidente Alejandro Toledo, quien actualmente tiene un grillete electrónico y está sometido a una vigilancia, procederán a detenerlo para luego realizar las coordinaciones para su traslado.
“Entendemos que le darán la oportunidad al notificarle la decisión de los Estados Unidos, de ser extraditado, para que él se entregue y obviamente entendemos que, si él no se entrega, el Estado tendrá que ejecutar su decisión de una detención”, explicó.
Finalmente, reconoció que la defensa de Alejandro Toledo podría presentar algún recurso en su intento de dilatar el proceso; no obstante, apunto que se trata de una decisión de extradición que ya “ha pasado por todas sus etapas”, con lo cual se espera que “ya sea ejecutable luego de las coordinaciones en el tiempo que esto conlleve”.
“Esperemos que sean semanas (trámite para traslado) y lo decimos con conocimiento de causa. No hay un plazo estricto, no hay un plazo fijo, pero afinando el trabajo y las coordinaciones entre Estados, esperemos que no pase de siete u ocho semanas, esperemos incluso que sea menos”, refirió.