Rafael Vela:“Lo que buscan es una renuncia obligada, que no retorne al Ministerio Público”

El suspendido fiscal Rafael Vela, que tenía a su cargo la coordinación del equipo especial del caso Lava Jato, responde en la siguiente entrevista sobre la reciente decisión del Noveno Juzgado Constitucional que declaró improcedente el amparo que presentó para revertir la sanción en su contra. Vela advierte intenciones obstruccionistas.

—El Noveno Juzgado Constitucional declaró improcedente la demanda de amparo que interpuso contra la decisión de suspenderlo de sus funciones. ¿Qué ocurrió?

—Mi defensa legal ha sido notificada con una decisión de la jueza a cargo (Ana del Rosario Osorio Sosa) en que resolvió fundada una excepción planteada por el procurador del Ministerio Público.

—¿Qué excepción?

—Que no tendría legitimidad para poder decidir, sino que debería irse a un proceso contencioso administrativo. Nosotros en la defensa legal habíamos optado por esta vía considerando la naturaleza de urgencia y los hechos que son de público conocimiento, porque la sanción disciplinaria (en su contra), ahora se sabe, fue producto de una conspiración criminal liderada por la exfiscal de la Nación Patricia Benavides y un grupo de personas que son investigadas por parte de la Fiscalía Suprema que dirige Delia Espinoza. Yo en esa investigación soy agraviado y testigo.

—Declaró, de hecho.

—Y ahora por una cuestión formal (el Noveno Juzgado Constitucional) evita pronunciarse sobre el fondo. Se han dado situaciones atípicas en la tramitación de un amparo. Por ejemplo, ha habido hasta seis cambios de jueces durante el periodo en el que tenía que calificarse la medida cautelar. Además, la señora jueza, que ha declarado fundada esta excepción y que se ha declarado incompetente, se hizo cargo de la demanda de amparo el mismo día de la vista de la causa. Nos sorprendimos cuando encendimos la cámara y encontramos a una señora jueza cuando el juez que debía haber resuelto era un titular varón. Resulta que ese juez, un día antes de la vista de la causa del amparo que interpuse, fue suspendido por seis meses.

—¿Y fue nombrada la jueza Osorio?

—Y en su primer día de trabajo se aboca al conocimiento del amparo y declara fundada la excepción.

—¿Es una maniobra obstruccionista?

—Es evidente que se han dado una serie de circunstancias en la tramitación del amparo que sugieren esa sospecha. Cuando el juez estaba por calificar la medida cautelar, fue objeto de una primera suspensión de 30 días. Durante ese tiempo, dos jueces adicionales conocieron el amparo y no quisieron resolver. El juez titular volvió y cuando nuevamente iba a decidir, lo suspendieron seis meses y es ahí donde ingresa la jueza (Osorio). La verdad, no sorprende que pueda haber resuelto en ese sentido. Dentro de las circunstancias de las investigaciones, en donde también ha sido citada como testigo, entiendo yo, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, que es quien nombra a los magistrados, y dentro de mi condición de agraviado en la investigación que lleva a cabo la doctora Delia Espinoza, puedo inferir de forma válida que esta puede ser una maniobra para evitar analizar los argumentos de fondo del amparo, que serían muy difíciles de rebatir.

—¿Una maniobra desde la Corte Superior?

—Bueno, no lo descartaría, tendría que ser objeto de investigación. La presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima ha sido llamada a declarar, por tanto tiene alguna relación con el caso. No estoy diciendo nada que no corresponda a lo que se conoce públicamente. De la misma manera que el señor juez superior Luciano Cueva también ha sido convocado a declarar. Por tanto, hay algún nivel de relacionamiento de personas con capacidad de decidir en materia de amparos, en materia constitucional.

— ¿Pensó que con la salida de Patricia Benavides del Ministerio Público su amparo podría haberse resuelto de otra manera?

—Los jueces por principio institucional son autónomos…

—Yo eso lo entiendo. Pero la situación que usted señala pareciera sugerir algún nivel…

Lo que acá ha sucedido es que se ha retirado al juez titular y es absolutamente inusual que se le suspenda por un mes y luego por seis meses. Al no calificarse mi medida cautelar ni el amparo, permitió que el señor Fernández Jerí (jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público) pueda notificar la confirmatoria de la sanción disciplinaria y se haga efectiva (en su contra). Entonces, es perfectamente posible establecer una teoría de caso en la que se pueda relacionar un hecho con el otro. Y lo que ha sucedido ahora es también sospechoso.

—¿Va a apelar?

—Sí, claro. Estamos analizando lo que corresponde con la defensa legal, pero, sin duda, esta es una maniobra que lo que busca es generar que la sanción disciplinaria en mi contra se sostenga y contribuya a asfixiarme económicamente, porque yo no percibo salario, se me ha retirado el seguro médico, y eso es producto de la sanción disciplinaria. Acá lo que se busca es obligar a que yo renuncie, porque tengo que trabajar y tengo que generar los recursos para cumplir con mis obligaciones, que son las de cualquier ciudadano, desde pagar la hipoteca hasta la matrícula del colegio de mis hijos. Desde mayo he venido informando que soy víctima de una serie de abusos del señor Fernández Jerí. Se le dijo a la Junta Nacional de Justicia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una medida cautelar que nadie ha respetado. Lo que buscan es una renuncia obligada, que no retorne al Ministerio Público.

—¿Ha pensado renunciar?

Bueno, recién el día de hoy (martes) he tomado conocimiento de la decisión y lo que estoy haciendo es perseverar en el ejercicio de mis derechos. No puedo claudicar en algo que es evidentemente injusto.