La presidenta Dina Boluarte anunció que el Gobierno exigirá a los ciudadanos venezolanos en el país la presentación de su contrato de trabajo y contrato de alquiler como parte de un “reajuste” de Migraciones ante la inseguridad ciudadana.
Yerson Pepper Infante, representante del comando Con Venezuela en el Perú, calificó de preocupante el anuncio de la presidenta Dina Boluarte, quien este martes dijo que el Gobierno prevé exigir a cada ciudadano venezolano en el país la presentación de su contrato de trabajo y contrato de alquiler como parte de un “reajuste” de Migraciones ante la inseguridad ciudadana.
En conversación con RPP, consideró que es irresponsable trasladar la responsabilidad de la inseguridad ciudadana en el país “solamente” a los ciudadanos venezolanos, quienes migraron masivamente el Perú huyendo de la crisis económica, política y social que afecta a su país.
“Generalizar es una grave error que está cometiendo la presidenta de la República. Somos personas de bien, la mayoría que estamos años haciendo vida aquí en el Perú, y esto (la medida anunciada por Dina Boluarte) nos acarrea a todos”, dijo.
Pepper Infante afirmó que la comunidad venezolana “es la primera que quiere que los malos elementos sean puestos a disposición de la justicia y expulsados como lo establece la ley”.
Al respecto, señaló que las autoridades responsables de la seguridad ciudadana saben cuáles son las personas que cometen delitos, pues los tienen identificados. Además, aseguró que la mayoría de sus compatriotas que viven en el Perú se encuentran bajo una condición migratoria legal.
El representante del bloque opositor al régimen de Nicolás Maduro planteó que el Gobierno establezca una mesa de trabajo con la participación de los organismos competentes y se incluya a Migraciones para un control estadístico más preciso de los ciudadanos venezolanos en el Perú.
“La responsabilidad de la seguridad del Estado recae sobre el gobierno del Perú, vamos a hacer una mesa de trabajo y no llevemos esto a la política, porque de verdad queremos todos una solución a la crisis que está viviendo el país”, dijo.
RPP conversó con varios ciudadanos venezolanos en el sector de Mesa Redonda en el Cercado de Lima, zona comercial donde desempeñan varias actividades laborales. Muchos de ellos manifestaron que sería muy difícil presentar un contrato de trabajo ante las autoridades porque en la mayoría de casos tienen empleos informales.
“Yo soy un ambulante, soy informal, solo tengo el carnet de extranjería que da el gobierno del Perú”, dijo un trabajador venezolano.
Alta tasa de informalidad laboral en el Perú
Según estimaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), en el Perú reside 1 millón y medio ciudadanos venezolanos y de acuerdo cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), un 73.9% de la población refugiada y migrante de este país sudamericano registró su ingreso al país en puestos de control migratorios, y un 35.3% ingresó sin permiso migratorio.
Además, el INEI reportó en el 2022 que solo el 19.2% de los migrantes venezolanos que trabaja en el Perú tiene contrato laboral. Cabe precisar que el último reporte del Gobierno (abril 2023-marzo 2024) indica que el 71,2% de la población peruana trabaja en el sector informal, y solo el 28.8% labora con un contrato de trabajo.
Boluarte anuncia seguimiento de remesas de ciudadanos extranjeros
Dina Boluarte también anunció que el Gobierno hará “un seguimiento” al sistema financiero de los ciudadanos extranjeros para saber el origen y destino de sus ingresos y lanzó una advertencia en caso no precisen información: “les vamos a caer”.
“Vamos a hacerle seguimiento a las divisas o remesas que se mandan fuera del país, para saber de dónde generan esos ingresos. Les vamos a hacer seguimiento financiero, Y aquel que no responda de manera cierta de dónde son sus ingresos, pues ahí les vamos a caer. Y también a los señores que alquilan sus domicilios. Tengan cuidado a quienes alquilan. Vamos a caminar con la SUNAT de la mano para poder controlar a los que alquilan y a los que no demuestran de dónde vienen sus ingresos”, expresó.
De acuerdo a un informe del INEI del 2022, el 54,8% de la población refugiada y migrante de Venezuela que reside en nuestro país envía remesas y el 36,8% de ellos lo hace de forma mensual.
“Un 65,2% de la población refugiada y migrante que envía remesas a Venezuela transfiere hasta 100 soles a su país de origen, mientras que el 25,3% envía de 101 a 200 soles y un 9,5% remite de 201 a más soles, dice el informe del INEI.
