Así lo dijeron los analistas Iván Montoya y Lucía Santos. Marianella Ledesma afirmó que se alteraría el modelo democrático y Elizabeth Salmón, que nos alinea con Estados de corte dictatorial.
Un proyecto del congresista Wilson Soto (AP) para que el Perú denuncie la Convención Americana de Derechos Humanos y así se retire de la Corte IDH se suma a otras iniciativas, como la del legislador Jorge Montoya (RP) y la de Ilich López. De acuerdo con los analistas consultados, un escenario de este tipo convertiría al Perú en un país paria frente al mundo.
La directora ejecutiva del Idehpucp, Elizabeth Salmón, consideró que no debería denunciarse porque constitucionalmente los peruanos pueden acceder a la jurisdicción internacional una vez agotada la justicia interna. Además, indicó que nos perfilaría como un Estado de corte autoritario. Aclaró que esta decisión es una competencia presidencial, con cargo de dar cuenta al Congreso para su aprobación, y surtiría efecto un año después de que se finaliza el trámite de la denuncia.
Debilitamiento del estado de derecho
“El mensaje es peligroso porque nos estaríamos alineando con Estados de corte dictatorial que deciden denunciar la Convención, habla de un debilitamiento del estado de derecho en nuestro país. Esas visiones triunfalistas terminan perjudicando la imagen internacional por este proceso de aislacionismo que está siguiendo el Perú, al restringir las relaciones diplomáticas con países vecinos y permitiría que los argumentos que se está rompiendo la democracia puedan tener mayor asidero”, comentó.
Asimismo, el asesor académico del Idehpucp, Iván Montoya, advirtió que una salida de la Convención ocasionaría que no existan préstamos económicos del BIF o del FMI para nuestro país. Agregó que significaría un “resquebrajamiento enorme” en el respeto de los derechos humanos de los peruanos. “Hay muchos casos que podrían estar desamparados en su protección porque a nivel interno los estamentos jurídicos podrían no ofrecer una suficiente protección”, comentó. Dijo que políticamente el Perú “sería un paria internacional” al ser excluidos de diferentes foros multilaterales.
Hacia un Estado fallido
Para la abogada y especialista en derechos humanos Lucía Santos, salirse de la Convención transformaría al Perú en un Estado paria ante la región. “El mensaje que daría una acción de este tipo es que el Perú es un país en regresión, camino a ser un Estado fallido, donde no se respetan los derechos humanos”, afirmó.
Comentó que renunciar a la competencia contenciosa de la Corte IDH implicaría que los casos de violaciones de derechos humanos que ocurran luego de la fecha en la que se haga efectiva la denuncia de esta no podrían ser vistos por ese órgano.
La exmagistrada del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, sostuvo que salirse de la Convención iría en contra de las garantías de protección a los derechos que esta ofrece a nivel supranacional y que, por lo tanto, hay que defenderla.
Indicó que quienes están ahora en el poder pretenden que el país se retire de la Corte IDH para “alterar el modelo democrático”.
“Van a dar argumentos como la soberanía del Estado, pero son falsos, pues este tipo de protecciones son universales para todos los ciudadanos”, subrayó.
“Si no fuera por la Corte IDH, el grupo Colina no estaría sentenciado, no habría condena a Urresti, a las esterilizaciones, no se hubiera repuesto a los magistrados destituidos por la reelección de Fujimori, es la tabla de salvación de los ciudadanos frente al abuso del poder, así de sencillo”, recalcó Ledesma.
En colisión con otros países
El internacionalista Farid Kahhat dijo que una eventual salida de la Convención “no le va a caer bien a un gobierno como el de Boluarte que precisamente está en la picota por temas de derechos humanos”.
Alertó que, con una acción de esta naturaleza, el resto del mundo verá a este Gobierno como un régimen que lo que está intentando es evitar que la Corte IDH investigue las violaciones a los derechos humanos y que se derive las acusaciones contra el Estado peruano.
Explicó que pondría al país en colisión con EE. UU., Canadá, Reino Unidos y la UE, al señalar que son democracias representativas con interés en el estatus de la democracia en países de América Latina.
