En su programa ‘Sin guion’ dijo esperar que la ley sea observada porque tiene un informe en contra del Ministerio de Justicia, Ministerio Público y Poder Judicial.
Rosa María Palacios se mostró crítica con el Congreso luego de que aprobaran la ley que exime de toda responsabilidad penal a los ciudadanos que actúen en legítima defensa. La medida, impulsada por Patricia Chirinos de Avanza País, explica que un ciudadano que mate a un delincuente por defender su negocio, inmueble, medio de transporte y empresa no recibirá prisión preventiva. Ante ello, la especialista dijo esperar que la ley sea observada.
“Espero que esa norma sea observada, dado que tiene un informe en contra del Ministerio de Justicia, en contra del Ministerio Público y en contra del Poder Judicial, pero igual la aprobaron porque el Congreso hace lo que le da la gana”, indicó.
“Lo que quiere el proyecto de ley de Patricia Chirinos que se discutió 20 minutos, es sustituir al juez. Quiere que el legislador sustituya al juez”, agregó
En la última edición de su programa ‘Sin guion’, Palacios recalcó que este proyecto impulsado por el Congreso podría promover y facilitar un mercado negro de compra de armas debido a que los ciudadanos podrán defenderse tranquilamente sin el temor de ir a prisión.
“Es una norma muy mala porque va a promover la militarización urbana. Porque va a promover la compra de armas, porque va a facilitar un mercado negro de armas. Porque la norma lo que le dice al ciudadano es defiéndete, solo no te va a pasar nada, mata, nomás, tranquilo”, enfatizó.
RMP sobre el Congreso: “Quieren controlar el sistema electoral y de paso, el de Justicia”
Por otro lado, la abogada se refirió a la investigación que promueve el Congreso de la República contra miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y fue enfática al indicar que el Parlamente busca remover a magistrados para colocar a otros que les sean “útiles” porque indica que este poder del Estado busca controlar el sistema electoral y de paso, el de Justicia.
“La JNJ es un organismo autónomo, constitucionalmente autónomo y está siendo sistemáticamente perseguido por el Congreso con el propósito político de remover a magistrados y colocar a otros que puedan ser útiles, maniobrables a los intereses de controlar el sistema electoral y de paso también controlar el sistema de justicia. Ya lo lograron con la Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional y otros organismos no constitucionales como Sunedu”, finalizó.
Fuente: La República
