La República conversó con los abogados Rivera y Cano, defensores de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta
Antecedente. La frase “tendré mando, pero no comando” de Dina Boluarte, en referencia a la jerarquía de la presidencia sobre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP), es repetitiva. En el juicio por los crímenes de lesa humanidad contra el exdictador Alberto Fujimori, su abogado César Nakasaki arguyó que el puesto de jefe supremo de las FF. AA. y de la PNP “era un dato de carácter protocolar” carente de un “ejercicio efectivo del comando militar”, es decir, ajeno al ejercicio de directrices lineales. Se probó lo contrario.
Uno de los defensores de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, Carlos Rivera, recordó para este medio de comunicación el fallo de la Corte Suprema en 2009, en el que se concluyó que, “en determinadas condiciones establecidas en el marco constitucional, el presidente puede ejercer un comando directo sobre el aparato militar mediante no necesariamente órdenes castrenses, sino disposiciones o políticas de ejecución inmediata”.
En la sentencia del máximo tribunal se define al ‘mando’ como la capacidad castrense de ordenar. Según el letrado Ignacio De Otto, se trata de “una específica habilitación para conducir en guerra o en paz un concreto contingente militar, una determinada unidad en el sentido más amplio de este término… El mando no nace de la simple superioridad jerárquica, sino del hecho de ocupar un concreto destino, que lleva aparejada la responsabilidad sobre una unidad determinada, esto es, la función de comandante”.
Sobre el término ‘comando’, desconocido para Boluarte Zegarra, la resolución es contundente: refiere a un poder exclusivamente jerárquico que termina con la institución del presidente de la República. Las órdenes de un jefe de Estado pueden ser escritas, orales, expresas o implícitas. Ante un eventual argumento que exija la formalidad de las disposiciones, la Corte Suprema enfatizó que “esas exigencias están reservadas exclusivamente para las relaciones de mando (y no de comando) dentro de la estructura orgánica de las unidades militares concretas”.
Contradicciones de Boluarte y Otárola
Otra de las abogadas en el caso emblemático citado es Gloria Cano. En diálogo con La República, se preguntó por la inacción de Dina Boluarte luego de las primeras muertes en Ayacucho. Eso fue en diciembre del 2022. La represión continuó hasta los primeros meses del 2023 y el número de fenecidos ascendió a 49.
Si bien la dupla presidencial es investigada en el Ministerio Público por el presunto delito de homicidio calificado, solo Alberto Otárola declaró como parte de las diligencias preliminares. Como informó este medio de comunicación, el 23 de enero y 16 de febrero los fiscales Edwin Núñez Cancino y Jesús Camacho Laura le oyeron decir al primer ministro que, después del primer fallecido, le mandó un wasap al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Jesús Martín Gómez de la Torre Araníbar. “El uso de la fuerza debe ser siempre dentro de las reglas y marco legal establecido. La prioridad es la vida de los ciudadanos”, rememoró haberle escrito.
Esa acción, por sí misma, demuestra el ‘comando’ que tuvo como pasado ministro de Defensa. Otro ejemplo es la dictaminación del estado de emergencia. “En todo caso, la presidenta dio directivas necesarias para la recuperación —desde su punto de vista— de la tranquilidad. Pudo haber ocurrido lo de Andahuaylas, ¿pero luego qué hizo? Tenemos las declaraciones de ella dándoles garantías de impunidad a los miembros de las FF. AA. y la PNP señalando que cualquier asunto iba a ser visto por el foro militar”, comenta Gloria Cano. Ese aviso fue el 19 de diciembre del 2022.
Cuatro días después, se desdijo. “Yo quiero dar las disculpas de esas expresiones porque me expresé mal (sic). Retiro lo dicho, me expresé mal y reitero mis disculpas del caso”, dijo Boluarte a Exitosa.
La misma discordancia aconteció cuando, en un primer momento, insinuó la responsabilidad de las FF. AA. y la PNP en las muertes al responder el proyecto del informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las marchas antigubernamentales, como informó el semanario Hildebrandt en sus Trece. Semanas después volvió a destacar la tarea de las fuerzas de seguridad.
“Mientras más sigan entrevistándola, mientras más hable y mientras más argumentos diga, más contradicciones va a tener. Entonces, todo eso lo estamos acumulando para el debido momento en que haya que interrogarla y que tenga que responder judicialmente”, agregó Cano.
Para Carlos Rivera, no hay duda: “Están mirando que delante de ellos hay una posibilidad, que no es remota, sino que es una posibilidad cierta, de ir a prisión. Ambos (Otárola y Boluarte) están queriendo sacar cuerpo”.
Fuente: La República
