“Si al poder político no le gusta tu criterio, te sacan”

Usted afirma que hay un intento de sacarla de la Junta de Fiscales Supremos. ¿Por qué?

Porque me pretenden destituir e inhabilitar, no por un delito que yo haya cometido, ni por actos de corrupción, porque en todo ese tiempo no me han encontrado nada. Con todos los enemigos que tengo, si me hubieran encontrado algo ya lo hubieran sacado. Se me pretende destituir por un criterio funcional.

¿Criterio funcional?

A ver. En los primeros 39 años de los 41 que tiene el Ministerio Público, el criterio de todos los fiscales de la nación, cuando se presentaba una denuncia contra un presidente de la República en funciones, era archivarla liminarmente. No se abría investigación en aplicación del artículo 117 de la Constitución, que dice que solo se le puede acusar al presidente por cuatro supuestos. Eso no quiere decir que en esos años no haya habido denuncias contra presidentes en funciones por actos de corrupción. Por supuesto que sí: caso Alejandro Toledo, caso Alan García, caso Ollanta Humala, etc. Pero todos se archivaban. Por ejemplo: el Dr. José Antonio Peláez archivó la denuncia contra el expresidente Alan García. La Dra. Gladys Echaíz archivó otras dos denuncias también contra el señor Alan García. El Dr. Pablo Sánchez archivó también dos denuncias contra el señor Ollanta Humala. Todos en aplicación del artículo 117 de la Constitución. Ese fue el criterio funcional –o jurídico– que aplicaron ellos.

Usted no archivó…

En el año 2020 llega a mí el caso Richard Swing y, como veo que hay elementos de convicción que comprendían al expresidente Martín Vizcarra, que hay elementos para abrir investigación, yo cambio el criterio (jurídico) que tomaron mis predecesores. ¿Por qué? Porque archivar significa impunidad, porque sobre esos hechos, una vez que están archivados, no se vuelve. Entonces yo decido abrir investigación y ordeno actos investigativos. Nosotros en el Ministerio Público no investigamos a personas, nosotros investigamos hechos que involucran a personas. A mí me corresponde investigar solamente a los aforados (funcionarios públicos con protección constitucional). Con respecto al señor Castillo decido abrir la investigación, pero la suspendo.

¿Eso qué significa?

Solamente que no lo voy a llamar a declarar, nada más.

Y el resto de la investigación, ¿continúa?

Así es. Al presidente en funciones no se le puede dar impedimento de salida, ni interceptación telefónica. Tampoco se le puede requerir de grado o fuerza.

Lo único que significa “suspender la investigación” es que no lo voy a llamar a declarar. Esto no se ha dado a conocer, pero el 10 de noviembre yo inicié una investigación por el caso de los ascensos en la Policía contra el ministro de Defensa (Walter) Ayala y por unidad de investigación incluí también al secretario Bruno Pacheco, y es en el marco de esa investigación que llamé a declarar en calidad de testigo al expresidente Castillo. Él, como testigo, no se podía negar. Y es a partir de esas declaraciones que surgieron muchas incongruencias que me hacen ver que, en efecto, había elementos para iniciar una carpeta fiscal contra él. Y el 4 de enero del 2022 inició la investigación.

Cómo investigar a un presidente

La subcomisión de acusaciones constitucionales, –el congresista Ernesto Bustamante de Fuerza Popular, para ser específicos–, la acusa de haberse demorado en abrir esa investigación.

Cuando yo abro la carpeta contra el señor Vizcarra establezco cuáles son los presupuestos por los cuales se puede iniciar investigación a un presidente. Por ejemplo, cuando un (fiscal) provincial me envía investigaciones previas que me den a mí elementos suficientes que fundamenten abrir esa investigación.

¿Qué elementos pueden ser esos?

Por ejemplo, cuando abro investigación en el caso Puente Tarata y biodiesel de Petroperú, llegan a mí elementos que me hacen ver que el nombre de la señora Karelim López aparecía en ambas contrataciones públicas y que registraba vistas a (la casa de) Sarratea y a Palacio (de Gobierno). Y cuando llamo al expresidente Castillo a declarar como testigo el 28 de diciembre, él incurre en algunas incongruencias, lo que me da elementos para abrir la carpeta el 4 de enero. El congresista Bustamante dice que yo me he demorado porque recibí una primera información del subsistema anticorrupción el 3 de diciembre. Sí, la recibí, pero era endeble, solo con eso no se podía abrir una investigación contra un presidente de la República. El 21 de diciembre recibo una segunda información y el 30, una tercera. Con esas 3 investigaciones y las declaraciones de Castillo del 28 yo decido, el 4 de enero, abrir la carpeta. ¿Cómo así me he demorado? ¿Por no abrir la investigación cuando los diarios informaban? ¿De cuándo acá un fiscal abre una investigación a un presidente por lo que informan los diarios?

Un fiscal tiene que tener pruebas o indicios suficientes para abrir una investigación, independientemente de que aquí hablamos de investigar a un presidente, y no se trata del señor Castillo, sino de la figura presidencial. Entonces, yo me pregunto: ¿alguien ha denunciado alguna vez al Dr. José Antonio Peláez o a la Dra. Echaíz por haber archivado las denuncias contra el expresidente Alan García? Nunca, porque era su criterio funcional, su criterio jurídico. A mí se me está buscando inhabilitar por aplicar mi criterio jurídico, funcional.

La subcomisión dice que en la prensa ya circulaba toda esa información desde los primeros días de noviembre…

Y es con esa información que el 10 de noviembre abro investigación de oficio contra la Sra. López y el Sr. Pacheco.

¿Y por qué no abrió investigación contra Castillo en esa misma oportunidad?

Porque, mientras que ese estándar, esa calidad de información que son básicamente sospechas y supuestos, son suficientes para abrirle una investigación a cualquier ciudadano; pero no son suficientes para abrirla contra un presidente de la República que conduce un poder del Estado. E insisto, no es para proteger a la persona que ocupa el cargo, en ese caso el Sr. Castillo, sino a su investidura. La institución de la presidencia no puede quedar en entredicho por hechos sin corroborar que aparecen en la prensa. Debo tener elementos de convicción suficientes porque lo que voy a generar es un impacto sobre la figura presidencial y, si va a ser así, tiene que ser con pruebas, no con titulares de medios de comunicación. Esa es la sustentación de la apertura de investigación contra el expresidente Martín Vizcarra y también en la del expresidente Castillo.

¿El caso Vizcarra constituye un precedente en el caso Castillo?

Sí y ese precedente sentado por mí sobre la base de mi criterio funcional en el caso Vizcarra es el que hace posible que yo inicie investigación contra Castillo.

Decía usted que sus predecesores nunca abrieron investigación a un presidente…

Yo he hecho una construcción/interpretación del análisis del artículo 117 y he ido más allá. Lo que nadie dice, por ejemplo, es que el Dr. Pablo Sánchez no abre una carpeta contra Castillo, sino que levanta la suspensión de los actos de investigación que yo ya había abierto. Fui yo quien abrió ese camino. El Dr. Sánchez, cuando fue fiscal de la nación, archivó la denuncia contra el expresidente Humala.

Y es así porque el derecho es progresivo y los tiempos cambian. Entonces, lo que hace el Dr. Sánchez es levantar la suspensión y luego comienza a investigar. ¿Pero acaso pudo hacer otro acto? Llamó a declarar a Castillo y este no contestó, como era su derecho. La Dra. (Patricia) Benavides también encuentra el camino abierto, ¿qué otro acto hizo? Cuando ella presenta la denuncia contra Castillo mientras este sigue en funciones, le solicita al Congreso que haga la consulta al Tribunal Constitucional y este le dice que no es órgano de consulta. ¿Por qué? Porque tenemos el 117, que era un (artículo) mandatorio, o sea, que la Constitución está para respetarla cuando te gusta y cuando no te gusta. Entonces, a mí me pretenden suspender por un criterio funcional. Sería la primera vez en la historia que por un criterio funcional se destituye a una persona.

Interferencia política

¿Qué significa eso? ¿Qué consecuencias puede acarrear?

Que los fiscales y los vocales supremos vamos a tener una espada de Damocles sobre la cabeza. Porque si al poder político, al poder de los votos en el Congreso no le gusta tu criterio, te sacan. Y eso sentaría un peligrosísimo precedente, amén de que va en contra de la independencia, división y equilibrio de poderes en el Estado como establece la Constitución. Es una amenaza contra el mismo sistema democrático.

Si esto genera un precedente tan nefasto y es una amenaza contra la independencia de poderes, ¿por qué la la fiscal de la nación, Patricia Benavides, no se ha pronunciado?

Eso habría que preguntárselo a ella.

A usted no la denuncian por no abrir la investigación sino por no abrirla cuando a ellos les hubiera gustado que la abriera…

Por suspender la investigación.

Pero fue usted quien con su decisión en el caso Vizcarra hace posible que se pueda investigar a Castillo.

Así es.

¿Y por qué cree que eso no se toma en cuenta o no se dice?

Porque yo creo que esto es una vendetta.

¿Quién quiere vengarse de usted y por qué?

Porque en 3 años de gestión hice 43 denuncias constitucionales sin sesgo político alguno, los denunciados pertenecen a todas las tendencias y partidos. La Dra. Echaíz –creo que– hace apenas tres denuncias en tres años, el Dr. Peláez hace una, el Dr. Sánchez hace una o dos. No me pesó la mano, 43 denuncias, muchas de ellas archivadas: como aquellas contra el señor Edgar Alarcón o contra el señor Jorge del Castillo o Velásquez Quesquén.

¿Archivadas por quién?

Por la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso que ahora me acusa a mí de demorarme en investigar. Las denuncias contra el señor Becerril, archivadas; las del señor Merino, archivadas. Lógicamente, eso me ha generado tremendos enemigos.

¿Por qué vengarse de usted por denuncias que ya han sido archivadas? Es decir, si no hay consecuencias de sus denuncias, ¿por qué tomar represalias contra usted?

Porque el mensaje para el próximo fiscal de la nación o fiscales o vocales supremos es el siguiente: “acuérdate que, de aquí en adelante, tú tienes que trabajar con un criterio funcional o jurídico acorde a lo que yo te estoy diciendo, el día que lo no hagas, mira lo que le ha pasado a Zoraida Ávalos, te empapelo y te destituyo”. Ya no se trata de la fuerza de la razón jurídica, sino de la fuerza del voto, ahora la justicia es un tema político. Eso está mal.

O sea que la celeridad con la que están tratando su caso…

Es un indicio claro de que quieren mi plaza.

¿Cree que su actuación durante el último proceso electoral tenga algo que ver? 

Creo que sí, que esto es parte de la estrategia de copar las instituciones del sistema de administración de Justicia, me queda claro que es así.

¿Con qué fin?

Tener las elecciones libres para ellos, sacándonos del camino a los que somos incómodos. De hecho, hacia la opinión pública se tejió la narrativa de que yo era parte de un complot, inclusive gente en la calle me miraba muy mal pensando que yo no hacía nada para evitar el supuesto fraude, sin saber u olvidando que la fiscal de la nación solo tiene competencia para altos funcionarios aforados y que ese tema se tenía que ver en primeras instancias. Yo creo que desde un principio la estrategia fue desprestigiarme de algún modo y como no me encontraban actos de corrupción, lo primero que dijeron fue que yo era gente de Vizcarra y después que yo era gente de Castillo. Todo eso es falso.

Usted está segura de que todo esto es una represalia, una persecución en su contra por las decisiones que ha tomado cuando fue fiscal de la nación.

Sí, pero lo más grave, insisto, es que siento que esta es una interferencia a la autonomía y a la independencia del Ministerio Público.

Una intromisión del poder político sobre el criterio jurídico.

Así es.

¿El criterio político de quién?

De las fuerzas que están en cierto sector en el Congreso. Yo creo que esto daña la democracia, el equilibrio de poderes. Nosotros somos una institución muy importante; ningún caso se mueve en el Poder Judicial si el Ministerio Público, como titular de la acción penal, no lo promueve.

¿Quiénes se beneficiarían, desde el poder político, con su salida del Ministerio Público?

En Fuerza Popular, en Renovación Popular. Uno se puede dar cuenta por las votaciones de quiénes no me quieren.

Copamiento de instituciones clave

Desde que tengo recuerdo se dice que el Ministerio Público y el Poder Judicial estaban siendo permanentemente infiltrados por los partidos de gobierno. ¿Eso es verdad?

Al parecer.

La persona que ha hecho suya esta denuncia que amenaza con convertirse en una intromisión –como la llama usted– del poder político sobre el criterio jurídico es una exfiscal de la nación, la congresista Gladys Echaíz…

Sí y me parece una tremenda incongruencia porque la Dra. Echaíz, como fiscal de la nación, archivó dos denuncias por casos de corrupción en contra del expresidente Alan García y ahora promueve esta denuncia contra mí, que sí abrí investigación contra dos expresidentes. No critico su criterio jurídico, eso lo respeto, pero señalo la incongruencia: si ella archivó liminarmente las denuncias en virtud del 117 de la Constitución, ¿por qué hizo suya ahora esta denuncia contra mí, que sí abrí investigación y avancé con los casos contra dos expresidentes, bajo el supuesto –falso además– de que me demoré en hacerlo? No puedo entenderlo, no tiene lógica.

Usted debe haber sido testigo de muchas oportunidades en las que los criterios jurídicos no eran tan jurídicos. ¿Cuán infiltrado está el Ministerio Público y hasta dónde?

Yo creo que hay niveles de infiltración. No sé hasta dónde. Tú sabes que cuando uno hace un cargo debe tener elementos, yo puedo tener de repente sospechas, pero no tengo pruebas, no para afirmarlo. O sea, yo no vengo acá como Zoraida Ávalos, vengo como fiscal suprema.

Interferencias en la conducción del Poder Judicial y el Ministerio Público ha habido en todos los gobiernos, ¿cierto?

No en vano tenemos un Consejo Nacional de la Magistratura defenestrado, ¿no? Por las cosas que hacían. Eso te da una idea de lo que estaba pasando.

La Constitución Política de 1979 creó el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y, dice la historia, en sus primeros años funcionó bastante bien en seleccionar, nombrar y ratificar a jueces y fiscales. Hasta que llegó Vladimiro Montesinos. En 2018 se suspendieron sus actividades por el caso de los CNM Audios que puso en evidencia el altísimo nivel de infiltración de intereses privados, de legalidad cuestionable y delictuosos en la designación, evaluación y promoción de jueces y fiscales en la judicatura y en el Ministerio Público. En el 2019 fue reemplazado en sus funciones por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Con la JNJ no hemos tenido el periodo de luna de miel que hubo con el CNM cuando fue creado. ¿Por qué hay esta percepción de que se deteriora tan rápido una institución tan nueva?

Yo creo que no fallan los sistemas, fallan las personas que integran esos sistemas.

Lo que me está diciendo, en el fondo, es que esto es lo que hay…

(La fiscal Ávalos asiente). Yo siempre he dicho que lo que tenemos que mejorar es el recurso humano: en la medida en que haya mejores personas habrá mejores gobernantes. […] La ley puede ser excelente, pero quien le da vida a la ley es el ser humano, entonces el problema es el recurso humano. Y que hoy a lo malo le llamamos bueno.

¿A lo malo le llamamos bueno?

Sí. Quien no rompe las reglas para “ayudar” es malo. Quien las rompe para favorecer a alguien y quedar en acreencia de favores, es bueno. Eso no está bien.

Es un panorama muy sombrío el que se deduce de lo que usted acaba de decir.

Si tú cumples con tu función… hice 43 denuncias contra altos funcionarios sin ningún sesgo político. […] Jamás van a poder decir que yo alguna vez levanté el teléfono para llamar a un fiscal y decirle tal caso hazlo así o así. Respeté siempre la autonomía de los fiscales.

Pero usted ha visto a fiscales que sí llaman a otros fiscales…

Se sabe, se escucha.

Los cuellos blancos son eso también…

Lo hemos visto y oído en los audios, y eso es malo, ¿no es cierto? Pero para mucha gente ellos son los buenos y quienes no hacen eso son inserviciales [sic], son los que hacen problemas. A eso me refiero cuando digo que a lo malo le llamamos bueno.

Esto dibuja un panorama oscuro. Usted está diciendo que el problema en la JNJ son las personas y en esta nueva institución que todavía no cumple 5 años, ya nos quedamos sin gente.

A mí me sorprenden tantas incongruencias.

El expresidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, fue amonestado en agosto del 2022 por haber contratado a su pareja y conviviente en la Academia de la Magistratura entre el 2015 y el 2018. La contratación está probada, así como la naturaleza de su relación. En su descargo, Lecaros alegó que como toda la Corte Suprema y la Academia sabían de su relación, no consideró que fuera necesario declarar el evidente conflicto de intereses. La ponente del caso, Inés Tello, recomendó su destitución, pero Aldo Vásquez emitió un voto en discordia que fue seguido por otros tres integrantes de la JNJ.

La JNJ la ha sancionado con 30 días de suspensión por, presuntamente, haber nombrado fiscal a una abogada que es su ahijada e hija de María Zavala, miembro de la JNJ, que es su amiga…

Con respecto a la idoneidad de la señorita, esta está fuera de toda duda. Tampoco hay conflicto de intereses porque no está dentro del segundo grado de afinidad ni cuarto grado de consanguinidad. Entonces, ¿qué dicen? Que, sin ser delito, compromete la dignidad de la imagen del Ministerio Público y que yo debí enviar esa designación a la Junta de Fiscales Supremos. Pero la Junta tiene sus potestades, taxativamente señaladas y no está el nombrar. Y, por último, si yo he dañado la imagen del Ministerio Público me tienen que decir cómo, porque hay una sentencia del TC en el caso Walde Jáuregui que dice que esos son conceptos indeterminados, que no se pueden usar, pero eso es precisamente lo que han hecho. Y a mí, que no me han probado el hecho, me sancionan con un mes sin sueldo, ¿por qué? Porque para la próxima sanción me destituyen. Y al Dr. Lecaros, a quien sí se le probó el hecho, solo lo amonestaron. ¿Qué le parece?

Que eso es doble estándar…

O sea, me están sancionando por lo que podría pensar la gente de mi decisión. Pero se le está dando el puesto a una persona que reúne todos los requisitos, que tiene un currículum sobrecalificado y que ya viene trabajando dos años en ese puesto y no registra falta alguna.¿Dónde está lo malo? ¿Porque es la hija de mi amiga? Pero al margen de eso, si a mí me abren investigación por A y B, ¿cómo así me sancionan por C? ¿No es eso violación al principio de taxatividad?

¿Y cree usted que hay alguna animosidad parecida a lo que motiva la denuncia constitucional?

Yo esperaba y pensaba que era una JNJ de gente diferente a la anterior. Me sorprende lo que ha pasado conmigo, me sorprende ese doble rasero.

¿Sabe si la JNJ ya está investigando a la fiscal de la nación por haber sacado a la fiscal Bersabeth Revilla del equipo que investigaba a su hermana, la jueza Enma Benavides?

Hay una denuncia, pero no se ha abierto investigación aún.

La Dra. Inés Tello, quien es la ponente del caso en el que se me sanciona y que, parece, sería también la ponente en el caso que me acaban de abrir por la denuncia de la exfiscal Rocío Sánchez.

¿Le están abriendo otra investigación?

Sí. Me han notificado el 22 de diciembre. Esa denuncia ya pasó por muchos espacios, incluso ya pasó por el Congreso y la subcomisión de acusaciones constitucionales y se archivó porque no hay sustento. Pero como ya me sancionaron una vez, una segunda sanción sería mi destitución.

¿O sea que, si no la destituye el Congreso, la destituye la JNJ?

O salgo por una o salgo por otra.

Que en estos momentos usted enfrente una acusación constitucional que irá al Pleno, que al mismo tiempo la JNJ la sancione con una dureza desproporcionada a la vista de otros casos parecidos, que aparezca una nueva denuncia –que además es un refrito– que causaría su destitución si la junta decide sancionarla, no parece una coincidencia.

Y, al mismo tiempo, el señor Miguel Vegas, me abre otra investigación a nivel Fiscalía por el caso de los diplomados, casos de hace 15, 14 y 13 años. Está investigando mi asistencia al curso de ascenso, a qué hora llegaba, a qué hora salía… todo es falso y ya lo he demostrado y aún si fuera cierto, estaría prescrito.

¿Usted cree que la están hostigando?

Guillermo Thornberry me ha abierto un proceso.

Escarmiento

Esta pregunta puede sonar impertinente, pero tengo que hacerla. ¿Cree que usted es tan importante como para que se movilicen tantos frentes contra usted y se haga todo este esfuerzo solo para sacarla de la Junta de Fiscales Supremos?

No sé si soy tan importante, pero creo que los tres años de mi gestión no han gustado nada, porque nunca he dejado que nadie me manipule ni me diga lo que tengo que hacer o no.

Usted cree que quieren hacer de Zoraida Ávalos un ejemplo, un escarmiento…

Claro, es el mensaje que quieren dejar. Para el mismo fiscal de la nación, porque hoy tiene a este Congreso y mañana puede ser otro, pero ya creaste el precedente. Son matones. Y esto no solo es para los fiscales, sino también para los jueces, como le decía al principio. Para todo el aparato de administración de justicia: si no haces lo que queremos, si tu criterio no nos gusta, te sacamos. Se pueden ir contra toda una sala de la Corte Suprema bajo el mismo precedente. No es Zoraida Ávalos, es cualquiera que se ponga en el camino de lo que buscan conseguir.

A mí me han acusado de ser, primero, la gran amiga de la esposa de Vizcarra, luego pasé a ser la amante de Vizcarra cuando era joven… siempre vizcarrista. Yo creo que es un tema del APRA, ellos no me quieren. Nunca permití que me manipularan. Me he atrevido a reabrir investigaciones que otros no se hubieran atrevido.

¿Cómo es su relación con la actual fiscal de la nación?

Es cordial.

¿Quién es el fiscal de mayor edad?

El Dr. Pablo Sánchez.

Y luego está usted.

Sí.

Cuando el fiscal de la nación es denunciado, ¿a quién corresponde abrirle investigación?

Al fiscal de mayor edad.

El fiscal Sánchez está delicado de salud.

No puedo hablar de eso.

Pero a falta del Dr. Sánchez, ¿quién estaría a cargo de investigar a la fiscal de la nación en caso fuera denunciada?

En ese caso, me correspondería a mí investigarla.

Tal vez por eso la quieren fuera de la junta de fiscales supremos.

Sí.