La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) pidió al Gobierno que haga primar el Estado de Derecho frente la ola de violencia contra operaciones mineras y de hidrocarburos en diversas regiones del país, que ponen en riesgo la seguridad de los trabajadores y la institucionalidad que resguarda el cuidado ambiental.
“Lo que hemos visto en los últimos días es una violencia inadmisible. Cientos de personas invadiendo e incendiando instalaciones, destruyendo maquinaria, robando explosivos y poniendo en riesgo la vida de miles de trabajadores”, señaló el director ejecutivo de la SNMPE, Pablo de la Flor.
Indicó que los manifestantes reclaman medidas restrictivas para la minería en las llamadas cabeceras de cuenca, desconociendo que estos espacios ya tienen un régimen especial de protección, dado en la Ley de Recursos Hídricos.
Hoy la minera Antamina anunció la suspensión de sus operaciones para evitar situaciones desfavorables por el paro indefinido acatado por la comunidad de Aquia, que mantiene un bloqueo en la provincia de Bolognesi, Áncash, a más de 60 km de la operación de la compañía.
“Recientemente se han aprobado una serie de disposiciones para atender de manera especial la posible vulnerabilidad de estas zonas, pero sin prohibir actividades formales que cuentan con estudios ambientales autorizados. Además, en todos los casos, se trata de operaciones mineras que están permanentemente bajo el escrutinio de los organismos de fiscalización como OEFA y Osinergmin”, comentó.
En las últimas semanas se han registrado bloqueos de vías, además de tomas de operaciones mineras y petroleras, sin que el Gobierno se haga cargo de restablecer el orden y propicie el necesario diálogo, apuntó el gremio.
“Vemos una intolerable vulneración del Estado de Derecho que pone en gran riesgo la vida de los trabajadores y la población, así como a la propiedad pública y privada”, añadió De la Flor.
