Una coalición que no quiere soltar el poder: el verdadero pacto detrás del caso Rolex
Esta semana, el Congreso de la República, a través de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, archivó la denuncia contra la presidenta Dina Boluarte por el escandaloso caso de los Rolex, pese a la gravedad de los indicios y al escándalo público que generó en todo el país. Más allá del caso puntual, este hecho revela algo mucho más profundo y peligroso: la consolidación de una coalición de poder que no solo sostiene a un gobierno débil, sino que busca perpetuarse a toda costa, copando el Estado pieza por pieza.
Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, e incluso Perú Libre —sí, el mismo partido que hace apenas unos años fue presentado como “antagónico” al fujimorismo—, hoy forman parte de una coalición funcional, oportunista y peligrosa, que ha encontrado en la figura de Dina Boluarte una coartada perfecta para sostener su control del aparato estatal.
No se trata solo de blindajes. Se trata de una convivencia estratégica, donde cada grupo obtiene lo que necesita: impunidad, cuotas de poder, influencia en instituciones clave, y la posibilidad de manejar el Estado como si fuera un botín compartido.
Un pacto de impunidad
El caso Rolex es apenas la punta del iceberg. Las investigaciones sobre presuntas cirugías estéticas con recursos del Estado, el silencio ante las masacres de diciembre de 2022, el uso abusivo de decretos de urgencia, y otros cuestionamientos gravísimos a la presidenta, no han sido suficientes para que esta coalición siquiera considere una investigación seria.
¿Por qué? Porque la presidenta es útil. Porque su debilidad es la fortaleza de quienes realmente mandan: el Congreso y sus operadores.
Lo que vimos esta semana fue una operación más del gran pacto de impunidad: 10 votos a favor del archivo, encabezados por Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Acción Popular, y la siempre complaciente Renovación Popular, quienes a pesar del discurso “moralista” votaron sin reparo alguno para enterrar la denuncia. Incluso se atrevieron a cuestionar el accionar de la Fiscalía de la Nación, insinuando que la verdadera infracción constitucional podría venir de quienes osaron denunciar a la presidenta.
El verdadero peligro: capturar el Estado
Más allá del blindaje a Boluarte, lo que estamos presenciando es un proyecto político autoritario en formación. No uno que se proclame abiertamente, sino uno que se construye en silencio, con votos, acuerdos de medianoche, repartijas institucionales, y sobre todo, una maquinaria congresal dispuesta a convertir al Parlamento en la única fuerza de poder real del país.
Ya han intentado copar el sistema electoral, sin lograrlo del todo. Han destituido o desactivado a funcionarios incómodos, han controlado el Ministerio Público en episodios vergonzosos como el caso Benavides, y ahora apuntan a garantizar que cualquier futura elección esté bajo su control o no se realice en condiciones limpias.
Y mientras tanto, gobernar sin gobernar: dejar que Dina Boluarte siga sentada en Palacio, firmando lo que se le indique, mientras el Congreso decide qué hacer con el país.
¿Hasta cuándo?
El Perú está ante una encrucijada peligrosa. Esta coalición parlamentaria no representa ideologías ni proyectos de país. Representa ambiciones compartidas, oportunismo descarado y un profundo desprecio por la democracia real.
Blindar a Dina Boluarte por el caso Rolex no es solo una ofensa ética: es la confirmación de que el sistema político peruano ha sido secuestrado por una élite congresal sin escrúpulos, que se cree dueña del país.
