El grupo de trabajo rechazó la denuncia constitucional presentada contra la jefa de Estado por hechos vinculados a su gestión en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, por haber ejercido como ministra y vicepresidenta sin haber renunciado al Reniec.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó esta tarde un informe de calificación que desestimó una denuncia contra la presidenta Dina Boluarte por aspectos vinculados a su gestión en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
La mandataria había sido denunciada debido a que presuntamente habría incurrido en una infracción de los artículos 2, 40 y 126 de la Constitución, además de los presuntos delitos de negociación incompatible y tráfico de influencias.
Ello por haber ejercido la vicepresidencia de la República y el cargo de ser ministra sin haber renunciado a sus funciones en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), donde se desempeñaba como jefa encargada de la Oficina registral de Surco. Esta denuncia fue presentada por la ciudadana Mónica Yaya y asumida por el legislador Juan Burgos (Podemos Perú).
El informe elaborado al respecto recomendó declarar improcedente la denuncia constitucional. Esta posición fue respaldada con 10 votos a favor, uno en contra y una abstención.
Se señaló que la denuncia no cumplía con el criterio de que los hechos señalados representen delitos de función e infracción constitucional, pues no se vulneró el principio constitucional de igualdad ni el de no discriminación.
Asimismo, en el informe se precisa que el 27 de julio de 2021, un día antes de jurar en el cargo de vicepresidenta, Dina Boluarte solicitó licencia laboral sin goce de haber en el Reniec.
La denuncia también indicaba que la hoy mandataria omitió en su declaración jurada mencionar a sus parientes permitiendo así que su cuñado René Zegarra contrate con el Estado, situación que la denunciante consideró como presunto delito de negociación incompatible.
Sobre el delito de tráfico de influencias, se señaló que Boluarte incurrió en él debido a que ejerció influencia en el gobierno regional de Cusco para que este contrate directamente a una empresa de propiedad de sus sobrinos.
Respecto de estos dos últimos cargos, el informe de la Subcomisión indica que no hay indicios que muestren algún interés de la mandataria para que se realicen las contrataciones mencionadas.
Respuesta de congresista
El congresista José Cueto indicó que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales cuenta con un equipo técnico que ha determinado que no se cumplen los requisitos para proceder con la denuncia contra la mandataria.
“Las denuncias constitucionales llegan acá y hay un equipo técnico ahí que ustedes han visto. Hay un grupo de abogados, ellos hacen la evaluación jurídica de la denuncia y ven que hay que considerar una serie de argumentos que sí se cumple o no se cumplen, lo que hemos escuchado es que no se cumplen los requisitos”, sostuvo.
Fuente: RPP
