La JNJ ratificó a Piero Corvetto como jefe de la ONPE. El TC pisa el acelerador para resolver una demanda competencial, pero de momento no habría los cinco votos para ayudar al Congreso.
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) ratificó a Piero Corvetto como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). El acto se concreta luego de los reiterados intentos del Congreso de bloquear este proceso. El tema, sin embargo, no está cerrado. Esto debido a que los legisladores acudieron a sus aliados del Tribunal Constitucional (TC) para entorpecer las funciones de la JNJ.
La ratificación de Piero Corvetto fue decidida el jueves y recién ayer se hizo pública la resolución. Fueron seis los votos de respaldo a la gestión del citado funcionario. Votaron a favor Antonio de la Haza, Imelda Tumialán, Aldo Vásquez, Inés Tello, María Zavala y Guillermo Thornberry. Solo hubo un voto en contra de Marco Falconí.
La JNJ llega a esta decisión luego de la reincorporación de los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez, en virtud de una demanda de amparo resuelta a favor por el Poder Judicial. Como se recuerda, ambos habían sido separados por determinación del Congreso.
El TC entra al juego
Esta semana, el TC realizó una sesión para analizar la demanda competencial que presentó el Congreso contra el Poder Judicial, luego de que esta instancia emitiera la resolución que repuso a Inés Tello y Aldo Vásquez en la JNJ, en el marco del control constitucional.
Fuentes del TC informaron a esta redacción que ya existe un borrador de ponencia, a cargo de Pedro Hernández Chávez. Este magistrado y Gustavo Gutiérrez Ticse son voceados como los más interesados en someter el texto a consideración del pleno del TC a la brevedad.
De momento, sin embargo, no contarían con los cinco votos necesarios para pronunciarse a favor de la demanda competencial del Congreso.
Esta semana se conoció que Pedro Hernández, Gustavo Gutiérrez, Francisco Morales y Luz Pacheco (el ala más cercana al fujimorismo) votaron en contra de escuchar a Aldo Vásquez, en el proceso de la demanda competencial.
En cambio, votaron a favor Helder Domínguez, Manuel Monteagudo y César Ochoa.
Podría tratarse de un indicador sobre cómo estarían los votos hasta el momento: 4 a 3. Si esto se mantiene, el TC no alcanzaría los cinco votos que se necesita para resolver una demanda competencial. De ser así, se caería la maniobra del Congreso para apartar a Tello y Vásquez de la JNJ. Y, en consecuencia, tampoco podrían sacar de la ONPE a Piero Corvetto.
Implicancias
Lo que busca por ahora el bloque mayoritario del Parlamento es que el TC declare fundada la demanda competencial y declare nula la resolución judicial que permitió el retorno de Aldo Vásquez e Inés Tello. Siguiendo esa lógica, los actos de ambos magistrados serían nulos, incluyendo sus votos a favor de la ratificación de Piero Corvetto como titular de la ONPE.
José Naupari, abogado constitucionalista, apunta que el TC no podría pronunciarse directamente sobre la JNJ, pero al declarar nula la resolución que repone a Vásquez y Tello, invalida los actos de ambos magistrados. Desde su punto de vista, la JNJ podría actuar de oficio para anular los actos decididos con ambos magistrados.
El constitucionalista Pedro Grández subraya que el TC no puede anular las decisiones de la JNJ, como las recientes ratificaciones. “Sería absolutamente inconstitucional”, advierte.
En forma específica, explica que las decisiones sobre la ratificación de Corvetto para la ONPE y Carmen Velarde para el Reniec fueron adoptadas en forma colegiada por la JNJ.
“La validez de los actos de la JNJ dependen de la legitimidad constitucional que tienen. Las ratificaciones lo hicieron en forma colegiada y conforme a su ley orgánica y esa validez no está en cuestión”, comentó.
Ana Neyra, exministra de Justicia, considera también que no debería haber nulidad de los actos de la JNJ.
Heber Joel Campos, catedrático de la PUCP, sostiene que si el TC declara nulas las resoluciones del Poder Judicial, los efectos no serían retroactivos. Es decir, se mantendrían las decisiones con los votos de Tello y Vásquez. “Lo contrario pondría en cuestión el principio de confianza legítima”, advierte.
Fuente: La República
