Pataz; Trece muertos, un país sin gobierno
La reciente ejecución de 13 trabajadores mineros secuestrados en Pataz, La Libertad, no es solo un hecho atroz que enluta a decenas de familias peruanas. Es la muestra cruda y desesperanzadora de que el Estado ha abandonado regiones enteras del país, entregándolas al control de bandas criminales que actúan con total impunidad.
Las víctimas, empleados de la minera Poderosa, fueron halladas maniatadas, vendadas, desnudas y asesinadas con disparos en la nuca. Ejecutadas. No es una exageración: esto es terrorismo criminal, organizado, impune. Y el gobierno, en sus distintos niveles —Ejecutivo, Congreso, Policía Nacional, Fuerzas Armadas y gobiernos regionales—, ha sido incapaz de reaccionar con firmeza, inteligencia o siquiera humanidad.
La presidenta Dina Boluarte, en lugar de asumir liderazgo efectivo, ha sido invisible. El Congreso está más interesado en blindajes, venganzas políticas y en legislar para sus propios intereses. La Policía actúa a ciegas, con recursos insuficientes y sin respaldo político. Y los gobiernos regionales no tienen capacidad ni estrategia. El resultado es un Estado colapsado en zonas claves para la economía nacional, como la minería.
La provincia de Pataz ya no es Perú: es tierra de nadie. Lo ha dicho la propia empresa minera, que ha perdido a 39 trabajadores en menos de un año a manos de bandas armadas, coludidas con la minería ilegal y el crimen organizado. Este es el mismo patrón de violencia que azota a otras regiones mineras: extorsión, sicariato, secuestro y asesinatos, en medio de una total informalidad.
Más allá del horror, el problema de fondo es político. El Estado peruano está cediendo ante el crimen, no por falta de leyes, sino por falta de voluntad, de conocimiento profesional y de visión estratégica. Cada omisión, cada excusa, cada improvisación desde Lima fortalece a estas mafias, consolida su poder, y deja a millones de ciudadanos en manos de redes criminales que imponen su propia ley.
Hoy más que nunca, el país necesita medidas urgentes, firmes y bien pensadas. No basta con declarar estados de emergencia o enviar unos cuantos patrulleros. Se necesita una política integral de seguridad nacional, liderada por profesionales con experiencia en inteligencia, crimen organizado y gestión territorial. Un plan real, con metas claras, recursos suficientes y seguimiento ciudadano.
No podemos seguir gobernados por la improvisación ni por la indiferencia. La inseguridad ya no es una percepción: es una realidad que mata, que secuestra, que controla territorios. Y si no se actúa con seriedad, con unidad y con coraje, esa inseguridad será la tumba de la democracia y de cualquier intento de paz y gobernabilidad en el Perú.
Ya no basta con protestar o condenar. Urge actuar.
Y quizá ha llegado el momento de tomar decisiones audaces. El país no puede seguir bajo la conducción de un gobierno incapaz de ejercer autoridad ni de garantizar derechos básicos como la vida o la seguridad. En este escenario límite, se hace necesario instaurar un gobierno de emergencia nacional, con participación de personas de trayectoria ética, profesional y reconocida independencia política. Un gabinete de salvación, con mandato acotado, que conduzca lo que queda del presente periodo gubernamental hacia un proceso de recuperación, orden y reconstrucción institucional.
No se trata de fórmulas mágicas ni de aventuras golpistas, sino de asumir con seriedad que el Perú está al borde del colapso. Y que solo un pacto amplio y honesto por la seguridad, la justicia y la gobernabilidad puede detener esta caída libre.
Porque cada día que pasa sin acción real, el crimen se fortalece. Y la democracia se debilita.
