El camino hacia la pacificación en el país no es sencillo. Exige gestos de ambos lados. Pero la iniciativa debería venir desde el Gobierno central (y, también, desde el Legislativo). Las personas consultadas coinciden en que se necesita lo siguiente: hacer política, desmilitarizar la estrategia y pedir perdón. Y, recíen ahí, intentar conversar.
En una interesante entrevista concedida a la periodista Rosa María Palacios en su programa de Radio Santa Rosa, el productor de Radio Onda Azul (Puno) Jaime Calapuja explicó que lo que ha molestado a quienes se han volcado a las calles es, primero, que el Congreso haya celebrado “como una clasificación a un mundial” la vacancia de Pedro Castillo; luego, que se dijera desde el Ejecutivo —con la ayuda de los medios de Lima— que las protestas eran subvencionadas por narcotraficantes, contrabandistas y terroristas. Pero lo peor, dijo Calapuja, fue aquella versión según la cual hay infiltrados bolivianos en territorio peruano y que Puno se encuentra en un proceso de “bolivianización”. ” No sé de dónde salió esa información y ahí falló el servicio de inteligencia porque quienes se organizan son comunidades quechuas y aymaras”, advirtió.
Como se ve, la interpretación que se le da desde Lima a lo que ocurre en el sur está lejos de ser precisa.
La República le consultó al gobernador de Puno, Richard Hancco, qué se podía hacer para impulsar un diálogo. Respondió con claridad: que desde el Gobierno central y desde un sector del Congreso dejen de tildar a los manifestantes de terroristas o de ser financiados por el narcotráfico. Además, añadió que como gesto básico debería pedirse disculpas.
De hecho, el gobernador indicó que no existen, en estos momentos, condiciones para que la región se siente en la mesa con la presidente Dina Boluarte, mientras el Gobierno continúa con actitudes a las que calificó de prepotentes.
“Cualquier poblador está indignado con el premier, Alberto Otárola, que piensa que el aeropuerto tiene mayor importancia que la vida”, indicó.
Por su parte, el exgobernador de Cusco Jean Paul Benavente consideró que, para el inicio de un diálogo, el Congreso debe adelantar las elecciones para este año y conformar una comisión de reconciliación desde el Acuerdo Nacional, integrada por representantes de la iglesia, colegios profesionales, centrales de trabajadores, agricultores, universitarios, empresarios, autoridades regionales y locales e instancias como la Defensoría del Pueblo.
“Así vaya el premier o la presidenta, no van a encontrar una respuesta favorable a esta intención de diálogo”, aseveró.
La idea para Benavente es que en esta comisión se trate el adelanto de elecciones inmediatas, se explique el proceso de sucesión de la presidenta Boluarte, se llegue al compromiso de suspender el estado de emergencia y que, mientras cesen las protestas, el Ejército solo se repliegue a proteger los activos críticos como aeropuertos.
Añadió que en ese diálogo debería incorporarse una agenda que incluya las demandas de cada región. Sin embargo, reconoció que, hoy, las condiciones para un diálogo han cambiado en comparación con diciembre del 2022 porque la población no solo está desatendida, sino que “lo único que encuentra es una postura confrontacional, amenazante, en vez de resolver la crisis políticamente”.
Benavente advirtió que en Cusco se movilizarán más de 20.000 personas y mostró su preocupación de que la situación no pueda ser controlada, como en Puno.
Hacer política es un camino viable a la paz. El problema es que eso es muy dificil cuando los liderazgos carecen de legítimidad.
Propone 2 semanas de calma para retomar el rumbo
El expresidente Francisco Sagasti propuso 2 semanas de calma por parte de los colectivos e instituciones involucradas en los trágicos conflictos. Dijo que es imperativo abstenerse de dar medidas que agudicen la crisis.
Indicó que corresponde al Consejo de Estado señalar el rumbo para encontrar opciones viables y urgentes para superar la crisis política, social y de los derechos humanos. Recalcó que se deben incorporar a los gobernadores regionales.
Formuló que sea el Consejo Interreligioso la entidad encargada del proceso de escuchar las demandas de la población para canalizarlas al Consejo de Estado, que tendría la responsabilidad de encontrar respuestas viables.
Pidió al Congreso aprobar reformas electorales mínimas y abstenerse de aprobar leyes de intereses particulares. Afirmó que las autoridades deben asumir su responsabilidad política por los fallecidos.
Fuente: La República
