Secretario general de Perú Libre, bancada que elaboró la norma, es uno de los políticos que más recurren a ella y se presume que continuaría utilizándola en sus más de 20 casos en agravio del Estado
Alejandro Soto, presidente del Congreso que respaldó e invocó la cuestionada Ley 31751 para archivar un proceso en su contra, no es el único beneficiado. Si bien Jorge Luis Flores Ancachi y Joaquín Ramírez también aplicaron dicha norma, el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, sería el más favorecido ante los 21 casos abiertos en agravio del Estado.
La procuradora anticorrupción Nora Flores advirtió que, en lo que va desde la promulgación de la iniciativa elaborada por el partido del lápiz, su líder la ha invocado en cinco carpetas y con el fin de evitar el pago de reparaciones civiles que ascienden a 11 millones de soles.
En entrevista con el dominical Contracorriente, el abogado penalista Andy Carrión advirtió que la prescripción “significa que el caso ya se encuentra archivado, que no es posible seguir investigando ni seguir el juicio por el caso concreto, puesto que al transcurrir el tiempo ya este casi es inviable de seguir investigando. Estamos viendo como a través de un efecto dominó están archivando caso tras caso”.
Además de salvarse de una condena de cinco años de prisión por el presunto delito de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo en el caso que se le seguía por las irregularidades cometidas en la obra “Mejoramiento del circuito vial Chupaca-Sicaya-Viczo-Aco-Mito”, donde no solo se aprobó un adelanto directo un día antes de suscribirse el contrato, sino que se otorgó un monto para la adquisición de maquinaria, cuando en la oferta presentada para la buena pro se consignó que la empresa ya contaba con las máquinas; el exgobernador de Junín solicitó la misma figura para el caso del Hospital de La Merced.
“Declaro fundada la solicitud de extinción de la acción penal y civil por prescripción, a favor de Vladimir Cerrón Rojas y otros en el proceso penal que les siguió por el delito contra la administración pública-malversación de fondos en agravio del estado. Por lo que se ordena la anulación de los antecedentes que se hubieran generado y el archivo definitivo del proceso”, se lee en el documento.
En la mencionada investigación se le acusaba de malversación de fondos luego de que en el año 2013 el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) transfiriera más de 22 millones de soles destinados para la implementación de 25 instituciones educativas, los cuales no fueron ejecutados para ello.
“En ese periodo de tiempo la presidencia y gerencia regional dispusieron la modificación de presupuesto destinando más de 19 millones de soles para el Hospital de La Merced, pese a que en ese decreto supremo que autoriza la transferencia de fondos se establecía claramente que no se podía realizar la transferencia para otro fin”, explicó la fiscal anticorrupción Bonnie Bautista.
Por si ello no fuera lo suficientemente irregular, el exregidor municipal de Huancayo, Luis Lazo, alertó que ni siquiera se concluyó la implementación de este centro de salud. “Esta es una jugada maestra que se pretende consumar para dejar impune los delitos del señor Vladimir Cerrón”, acotó.
Proponen derogar ‘Ley Soto’
Como se recuerda, el presidente del Congreso, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), también invocó dicha ley con el fin de salvarse de una condena de ocho años y ocho meses por el delito de estafa y falsedad genérica. Pese a que lo niega, hay registros escritos y audiovisuales que muestran a su defensa legal exigiendo la aplicación de dicha norma.
Frente a ello, los congresistas de Cambio Democrático Ruth Luque y Roberto Sánchez presentaron una iniciativa con el fin de derogarla. “Los efectos del cambio generado en el sistema de justicia han abierto la puerta a la impunidad. Muchas personas, especialmente quienes tienen investigaciones por delitos en los cuales no se ha declarado la imprescindibilidad por casos de corrupción, se favorecen”, advirtió Luque en diálogo con Infobae Perú.
FUENTE: INFOBAE
