La exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, deberá presentarse ante el pleno del Congreso el próximo jueves, 25 de mayo, como parte del proceso que se sigue en su contra por presunta infracción constitucional.

La fiscal suprema es investigada en el Parlamento por la supuesta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales en torno a las investigaciones contra el expresidente Pedro Castillo. Dicho proceso podría terminar en su inhabilitación por 5 años para el ejercicio de la función pública.

Al respecto, Ávalos Rivera, en diálogo con RPP Noticias, afirmó no haber cometido infracción constitucional alguna sino que, por el contrario, fue la primera titular del Ministerio Público en abrir investigación contra dos presidentes en funciones.

“Se me pretende inhabilitar porque dicen que he infringido el artículo 159 en su inciso 4 que dice que el Ministerio Público debe investigar desde un inicio que fue lo que yo hice. Pretenden inhabilitar a la primera fiscal de la Nación en la historia que abrió investigación a dos presidentes por delitos que habrían cometido en su función”, indicó.

“Es un linchamiento político”

La exfiscal de la Nación refirió que afronta “un linchamiento político” por parte de “un sector” del Congreso, lo cual – según dijo- “da una señal” de peligro a la autonomía de la Fiscalía.

“Esto para mi es un linchamiento político, pero, más que eso, es un ataque a la autonomía e independencia del sistema de administración de justicia”, sostuvo.

“Lo grave es la señal que está mandando un sector del Congreso que pretende inhabilitarme por cuestiones políticas. La señal es: si tú no te alineas a mis intereses políticos, te destituyo, te voto. Eso quiebra todo orden constitucional porque debilita, quebranta, el equilibrio de poderes (…) Es una amenaza contra el sistema nacional de justicia”, añadió.

Sobre las acusaciones en su contra, Ávalos resaltó que la investigación en torno a los presuntos hechos irregulares cometidos por el expresidente Castillo inició en noviembre del 2021 y que, “en menos de dos meses”, presentó una denuncia constitucional contra él.

“Los hechos de las situaciones irregulares que habrían cometido el expresidente Castillo se suscitaron en noviembre del 2021. El 10 de noviembre inicio la investigación, armo mi hipótesis, y se inicia contra el ministro Ayala y contra Bruno Pacheco y, en menos de dos meses, llamo a declarar como testigo a Castillo Terrones“, explicó.

“Un 28 de diciembre se le llama a declarar, incurre en una serie de contradicciones, y de esa investigación que empieza el 10 de noviembre, en menos de dos meses, el 4 de enero del 2022, habiendo encontrado elementos que merecían ser investigados, decido presentar la denuncia constitucional contra él. En ningún momento, me rehusé a investigarlo”, sostuvo.

En ese sentido, consideró haber “abierto camino” para que un presidente en funciones pueda ser investigado, lo cual -según dijo- ninguno de sus antecesores hizo.

“Durante 39 años, todos los fiscales de la Nación eran de la opinión de que no se podía investigar a un presidente por delitos cometidos en su mandato. Yo rompo esa posición jurídica el 2020 con el expresidente Martín Vizcarra porque me llega una investigación y veo que hay elementos que ameritan que sea investigado”, indicó.

“Yo abrí un camino que nadie había abierto porque, por el artículo 117, todos habían archivado liminarmente, todos lo hicieron. La Dra. Gladys Echaíz archivó 2 casos contra Alan García, José Antonio Peláez también dos casos. No se investigaba nada, se archivaba de plano”, agregó.

“Se me han abierto frentes de enemigos”

Por otro lado, la fiscal suprema resaltó que como titular del Ministerio Público formuló 43 denuncias constitucionales contra altos funcionarios del Estado, muchas de ellas archivadas por el Congreso.

“En mi gestión, he hecho 43 denuncias constitucionales versus los anteriores fiscales que, lo más que hicieron, fue tres denuncias constitucionales que se hacen solamente contra altos funcionarios como ministros, congresistas, fiscales supremos, generalmente por actos de corrupción”, explicó.

“La gran mayoría de las denuncias que he presentado han sido archivadas por el Congreso. Presenté tres denuncias contra el excontralor Edgar Alarcón y fueron archivadas por el Parlamento. Denuncias contra Héctor Becerril y fueron archivadas. Denuncias contra Jorge del Castillo, Velásquez Quesquén, el expresidente Manuel Merino y fueron archivadas (…) Eso me ha generado que se me abran muchos frentes de enemigos”, indicó.

Ante ello, Ávalos Rivera dijo “confiar” en que el Congreso tomará una decisión sensata sobre su caso, aunque lamentó que todo se decida en base a votos.

“Desgraciadamente, en el Congreso, a veces las cosas no se dan en base a la razón jurídica, sino en base al voto. Pero yo espero y confío que se levanten voces que entiendan que es deber de un fiscal respetar y hacer respetar la Constitución“, sostuvo.

“No podemos atentar contra el equilibrio de poderes, contra la independencia de instituciones que tienen autonomía. Eso es grave porque da una señal amenazante”, puntualizó.

Fuente: RPP