La presidenta Dina Boluarte ha mostrado su postura a favor de esta sanción, aunque la evidencia en otros países no asegura que su aplicación ayude a combatir la criminalidad. Infobae Perú dialogó con Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional Perú y Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, sobre su viabilidad
El gobierno de Dina Boluarte se ha mostrado a favor de ampliar la pena de muerte en el Perú a otros delitos más allá de los contemplados actualmente en la Constitución Política. Si bien a inicios del año pasado, el Poder Ejecutivo anunció que solo iba a realizar consultas en varias regiones del país sobre aplicar esta medida a violadores de menores, la mandataria ha expresado recientemente su postura a favor por esta sanción.
Este castigo, de acuerdo con la jefa de Estado, también se podría aplicar a sicarios. Sin embargo, su eficacia ha sido puesta en duda por diversos especialistas, sobre todo teniendo en cuenta las experiencias en otros países donde es legal.
En diálogo con Infobae Perú, Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional Perú, calificó a la pena de muerte como un acto “cruel” e “inhumano”. Recuerda, además, de que al ser una acción totalmente irrevocable, no se puede descartar el riesgo de ejecutar a personas inocentes.
En este contexto, recuerda que en Estados Unidos hay al menos 19 mil 737 personas que han sido condenadas a muerte y que fueron exoneradas porque se encontró que eran inocentes, además de muchas otras, en cuyos casos hay serias dudas acerca de su culpabilidad y que terminaron siendo ejecutadas.
La pena de muerte no funciona contra el crimen
Navarro menciona que no existe ninguna evidencia de que la pena de muerte disuada a la delincuencia, a diferencia de lo que algunos políticos suelen asegurar.
“Se ha desacreditado este argumento en repetidas ocasiones que demuestran que esto sea más eficaz que, por ejemplo, la cadena perpetua a la hora de reducir la delincuencia. Es más, tenemos algunos casos, como el de Canadá, en el que se hizo una investigación y 30 años después de abolir la pena de muerte, la criminalidad había disminuido en un 50%. Entonces, es al contrario”, explicó.
En esa misma línea, Tania Pariona, Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), calificó de “irresponsable” tocar el tema de la pena de muerte, ya que no ha sido una solución en otros países donde se aplica. En ese sentido, considera que no sería una solución loable, efectiva ni pertinente a la situación en la que se encuentra el país.
Navarro señala, además, que en casi todos los países que Amnistía Internacional ha investigado, esta sanción se aplica de forma discriminatoria, es decir, sobre personas que pertenecen a minorías raciales y con entornos socioeconómicos más desfavorecidos.
Estos ciudadanos suelen tener un acceso limitado a la representación legal, ya que se encuentran “en mucha desventaja con respecto al sistema de justicia penal”. “Hay países en los que se utiliza como herramienta política”, aseguró.
Para Tania Pariona esta propuesta solo distrae y pone en segundo plano la “necesidad de resolver los problemas de fondo de inseguridad, como la impunidad”.
“Hoy nuestro país está en un contexto de precariedad, con relación a la pobreza, a las oportunidades para la población. En ese sentido, la aplicación de la pena de muerte en el Perú no es necesariamente un mecanismo que garantice justicia como tal”, dijo.
También acotó que los estados de emergencia, la salida de las Fuerzas Armadas a las calles o la iniciativa de restituir el servicio militar obligatorio para los jóvenes “no han resultado ser la respuesta ni las medidas más pertinentes”.
No es una medida rápida
Actualmente, solo se contempla la pena de muerte para traición a la patria en época de guerra
y terrorismo. Para que en el Perú se pueda aprobar la ampliación a otros delitos, tendría que retirarse de la Convención Americana de Derechos Humanos, más conocida como el ‘Pacto de San José’. Esto, provocaría que todos los peruanos queden desprotegidos en el caso de que el Estado viole sus derechos.
En diálogo con Latina, el abogado penalista, James Rodríguez, explicó que este procedimiento podría tardar entre cuatro y ocho años, por lo que no podrá ser realidad en el corto plazo.
Amnistía Internacional Perú recuerda que luego de este paso sea completado, se tendría que hacer en el país una reforma a nivel constitucional y en el Código Penal, lo cual tomará varios años más.
“En la actualidad, (…) se ha incrementado cada vez en mayor el número de países que están en contra de la pena de muerte y solo hay 16 que han ejecutado el año pasado. Es decir, también se va reduciendo no solo los países que lo tienen en sus legislaciones, sino que también se reduce el número que luego efectivamente los aprueban”
Pariona señala que “en algunos casos podría durar hasta diez años”, por lo que también se podría calificar a esta propuesta como “justicia”, ya que no sería oportuna.
“Los más de 130 estados que ratificaron este plan de compromiso por la abolición de la pena de muerte en el mundo coinciden en que no es una medida que se ajuste ni a la necesidad ni al contexto en el que viven en sus países”, añade.
Salirnos de la Corte IDH sería perjudicial
Ambas entrevistadas coinciden en que si el Perú renuncia al ‘Pacto de San José’ o a la competencia contenciosa de la Corte IDH, esto sería más perjudicial que beneficioso para la sociedad.
“Si se llegará a ver que nuestras autoridades en algún momento no están combatiendo con el crimen y que en muchas ocasiones, como hemos visto, han sido violadoras de los derechos humanos, lo que estaríamos haciendo es quitarnos esa posibilidad de justicia, aumentar la impunidad y cuando se aumenta la impunidad, aumenta el crimen”, explicó Navarro.
Por su parte, Tania Pariona precisó que aunque el Perú se saliera de la competencia de la Corte, seguirá estando obligado a garantizar los derechos humanos de sus ciudadanos y a cumplir con la Carta Universal de los Derechos Humanos.
“De lo que sí estaríamos limitados es de enviar a la Corte casos determinados de vulneración de derechos humanos, pero no exime su responsabilidad de la garantía de los derechos de las personas en nuestro país”, mencionó.
“El Perú se convertiría en un país marginalizado dentro de la comunidad internacional, porque quedaría prácticamente solo dentro de los países que más bien abogan por la abolición de esta medida legal, y que tendría, pues repercusiones dentro de las relaciones también internacionales, bilaterales y multilaterales en la comunidad internacional”, añadió.
¿Qué se puede hacer contra el crimen?
Marina Navarro sostiene que para combatir la delincuencia se pueden aplicar otras medidas que sí han funcionado en otros países, en lugar de una “populista”, como reducir la impunidad y la reforma policial. También recalcó que aplicar una pena efectiva es mucho más eficiente que la pena de muerte, teniendo en cuenta que es reversible, en caso se probase un error judicial.
“Eso protege a la población y disuade igualmente los crímenes. Sería como mucho más razonable sin que pongamos en peligro, no otros derechos de ciudadanía”, acotó. Por otro lado, señaló que Amnistía Internacional tampoco estaría de acuerdo con la implementación de la castración química, ya que al igual que la pena de muerte, es algo que no se puede revertir.
La secretaria ejecutiva de la CNDDHH, por su parte, propone mejores mecanismos de Inteligencia en la PNP, es decir, un equipo que de seguimiento constante a los casos. “(Que haya) un trabajo articulado entre la Policía y también las instancias de investigación Judicial”, menciona.
“Si solo en nuestro país se cumpliera la ley, se tuviera mejores rutas de acceso a la justicia, que la justicia fuera célere y no burocrática, ni de procesos que duran décadas… Si la justicia tuviera un sentido más humano, eficiente, con un equipo de operadores capacitado que remita sentencias justas y coherentes con los marcos normativos nacionales e internacionales... Eso sería realmente bastante”, manifestó.
Fuente : Infobae
