Indagación. Nombrado por Pedro Castillo como titular de la Producción, el contador público, junto a otros funcionarios, habrían intervenido en la contratación de su sobrino Edwin Chávez.
Hechos que se develan. La Contraloría General de la República investigó las leguleyadas del Ministerio de la Producción (Produce), entonces encabezado por Jorge Prado Palomino, para poder contratar al hijo de su hermana, Edwin Chávez. El exlaborante del Grupo Romero, que fue nombrado por Pedro Castillo en el puesto, permitió que su sobrino cobrase S/21.000 por servicios incompletos. Este hecho fue expuesto por el dominical “Punto final“ el 17 de julio de 2022. El aporte indagatorio del órgano autónomo es la evidencia de que existió complicidad institucional para cometer el presunto ilícito de nepotismo.
Como se registra en el Informe de Control Específico N°014-2022-2-5301-SCE al que tuvo acceso esta publicación, diversos funcionarios participaron de la trama ilegal. La ley 26771 prohíbe nombrar en el sector público a parientes. Edwin Chávez, que firmó con el Estado por S/42.000, pertenece al tercer grado de consanguinidad, lo que configura el delito antes referido.
Fueron poco más cinco meses de indagación. El ex director general de la Dirección General de Desarrollo Empresarial del despacho de Producción, Jorge Palomino Cordero, favoreció la contratación del familiar de su jefe. Modificó, sin justificarlo, los requisitos de los proveedores. La locadora Rinath Contreras Escudero apoyó cambiando los Términos de Referencia (TDR) preestablecidos. Por su parte, el profesional Carlos Pasache Cárdenas sustentó la argucia.
También estuvo implicado el experto en contrataciones Walter Rudy Alarcón Huertas, entonces laborante de la oficina de abastecimiento. Este personaje manipuló las declaraciones juradas en incumplimiento de la norma que prohíbe oficiar con parientes hasta el cuarto grado de familiaridad. Otros apañadores fueron Wermer Ccencho Lima y Adrián Benito Mejía.
Se le adjudica a Prado Palomino “influencia real y efectiva sobre los funcionarios encargados del procedimiento de contratación“. Esa aseveración de la Contraloría contradice el desconocimiento que dijo tener del asunto el exministro.
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Recomendaciones
La investigación concluye en tres recomendaciones. Se le pide a la actual ministra de la Producción, Sandra Belaunde Arnillas, deslindar de las “responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos (…) comprendidos en los hechos observados“.
Finalmente, se sugiere comenzar acciones penales contra los implicados e informarle a la Comisión Permanente del Congreso, mediante la oficina del Contralor General de la República, que la indagación cuenta con “prerrogativa de antejuicio político“.
El documento puede aportar a la investigación preliminar del Ministerio Público contra Prado Palomino por la presunta comisión del delito contra la administración pública – Negociación incompatible en agravio al Estado.
Fuente: La República
